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Durante el examen periódico universal de México en noviembre 2018, 38 países hicieron recomendaciones relativas a personas defensoras de derechos humanos. De estas, 19 llamaban a reforzar el mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y 9 a realizar investigaciones prontas, minuciosas, independientes e imparciales de los ataques cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos. El alto número de recomendaciones muestra la preocupación y atención internacional ante la grave situación de personas defensoras en México pues, la violencia política arroja ya un saldo de 14 personas defensoras asesinadas en los últimos tres meses, de las cuales 2 tenían medidas de protección del mecanismo federal.

Durante la 40º sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado Mexicano aceptó 262 recomendaciones de las 264 realizadas y, afirmó su compromiso de promover los cambios estructurales y legales pertinentes para su implementación. En este sentido, el Director General de Derechos Humanos y Democracia, Cristopher Ballinas presentó los ejes temáticos prioritarios del actual Gobierno, entre los cuales figura la protección de personas defensoras y periodistas y el fortalecimiento del mecanismo federal. Adicionalmente, el Ombudsman, Luis Raúl González llamó a que las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional no propiciasen una mayor influencia en otros ámbitos ajenos a los que les son propios y establecer parámetros de respeto a los derechos humanos. Cabe resaltar, que diversas organizaciones mexicanas se han posicionado en contra de una respuesta militarizada a la seguridad pública y advierten del vínculo estrecho entre esta estrategia de seguridad y la crisis de derechos humanos.

En esta misma sesión de Naciones Unidas, la defensora Tita Radilla, vicepresidenta de AFADEM (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México), expuso la falta de avances para dar con el paradero de su padre Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en Atoyac de Álvarez durante la Guerra Sucia en 1974. Su caso fue el primero sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia contra el Estado Mexicano (2009) y tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano. A casi una década de la sentencia, continua la implementación de las reparaciones dictaminadas por la CoIDH. Tita Radilla hizo un llamado a la comunidad internacional para dar seguimiento a las recomendaciones relacionadas al combate a la impunidad de las violaciones a derechos humanos y los crímenes del pasado, refiriéndose a la recomendación 132.89 de Dinamarca de establecer un mecanismo eficaz e independiente, con el mandato de investigar los delitos atroces, las violaciones de los derechos humanos y los actos de corrupción conexos.

Peace Brigades International saluda la aceptación de la mayoría de las recomendaciones y llama al Estado Mexicano a promover una política pública integral de protección a personas defensoras que incluya un reconocimiento amplio a su labor garantizando así un ambiente seguro para las y los defensores.