El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzada, día que fue designado en 2010 por la Asamblea General de la ONU debido al creciente número de desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, así como al aumento de denuncias de actos de hostigamiento e intimidación hacia testigos o familiares de personas desaparecidas.1 Este día, además de recordar a las víctimas de este flagelo mundial, pretende igualmente hacer un reconocimiento de la existencia del mismo y visibilizar la incansable lucha de miles de familiares en su búsqueda por la verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición2.

En México, la conmemoración de este día internacional estuvo marcada por el envío al Senado que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación, para la aprobación de la declaración que permitirá la aceptación de competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), aprobación que se dio por unanimidad el pasado martes 1 de septiembre por el Senado mexicano, y que se puede considerar como una palanca para presionar a México a resolver casos de desaparición forzada y a la lucha por la verdad, la justicia y en contra de la impunidad.3 En efecto, el Comité de la ONU podrá entonces intervenir indagando y examinando un caso particular que haya agotado los recursos nacionales y dictando medidas al Estado, tanto para el caso en concreto como para medidas estructurales4.

La noticia parece aún más destacada si se consideran las cifras: la Comisión Nacional de Búsqueda registró desde el 15 de marzo de 1964 y hasta el 30 de agosto de 2020 más de 75 mil personas desaparecidas y no localizadas por acción de las fuerzas militares y policiales, así como grupos de particulares. Estas personas representan el 41% de las 180000 personas desaparecidas en el país desde el año 19645. La decisión gubernamental llegó después un decenio de lucha social y legal de familiares de las víctimas; desde el 2010, año en el que México ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y con más fuerza desde 2018, año de la llegada del actual gobierno, la sociedad civil estaba presionando al ejecutivo para permitir la posibilidad que la ONU pudiera intervenir directamente, incluso a través de visitas de reconocimiento en México, sobre un fenómeno que ha ido incrementando sus números desde la llamada guerra contra el narcotráfico empezada en 2006 6.

En este contexto, cabe mencionar el gran compromiso del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C., organización acompañada por PBI desde 2012, quien hizo parte el pasado 30 de agosto de una manifestación conmemorativa del Día Internacional de las víctimas de Desaparición Forzada, junto con las y los familiares de las víctimas que el centro de derechos humanos sigue a nivel legal.7 El evento, organizado por el colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, tuvo lugar frente a la Fiscalía general del Estado en Ciudad Juárez, Chihuahua, estado que ocupa el sexto lugar en cuanto a número de personas desparecidas, según cifras del Registro Nacional de personas desaparecidas y no localizadas (RNPDNO)8. Durante la manifestación, de la cual hicieron parte decenas de personas, principalmente madres de víctimas de este flagelo, se dio a conocer un pronunciamiento en el cual se destacó vehementemente que “Como sociedad no podemos ceder a la indiferencia. Es una gran causa por la vida y por la libertad, sus demandas son un legado sagrado que nos toca abrazar y hacerlo nuestro. Es un asunto de ética social, de humanidad en las personas. El llamado que hoy hacemos es a unirnos, colectivos, organizaciones, activistas, a formar una red permanente de denuncia y de exigencia. El símbolo sería una red anudada que se hace fuerte, que es capaz de contener y de resistir”.9

A pesar de los avances importantes que se han dado en las últimas semanas en el país, no podemos dejar de mencionar que el fenómeno de la desaparición forzada en México no es nuevo, o solamente ha tenido lugar en años recientes; de acuerdo a expertos y expertas en la materia, la desaparición forzada es una práctica que se ejecutó con gran intensidad durante los años sesenta, setenta y ochenta, en el periodo conocido como Guerra Sucia y que continuó dándose durante el periodo del conflicto Zapatista en los noventa 10.

A este respecto, es importante recordar el caso emblemático de Rosendo Radilla, padre de la defensora de derechos humanos Tita Radilla de la organización AFADEM, acompañada por PBI México desde 2003, en su valiente lucha por las personas desaparecidas y sus familias en el estado de Guerrero. Rosendo era un destacado líder social que ejerció el cargo de presidente Municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, una de las regiones del país más interesadas por la Guerra Sucia. Como consecuencia de su trabajo por las causas campesinas y por la salud y educación de su pueblo, fue detenido ilegalmente en un retén militar y desaparecido en 1974.11 El caso Radilla representa el primer caso en que la Corte IDH condenó al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos (2009), ordenando una serie de medidas de reparación. A pesar de haber sido dictaminado por la Corte IDH, el caso lleva impune 46 años12.

Desde PBI México apoyamos a organizaciones tanto del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México como de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, quienes luchan para que se reconozca la problemática de la desaparición forzada en México y para que las voces de las víctimas sean escuchadas e incluidas en el diseño de políticas públicas sobre el tema. Destacamos la necesidad de su reconocimiento y protección como personas defensoras de derechos humanos, y expresamos nuestra solidaridad ante la importante labor que realizan día a día.

Nos sumamos al llamado de las organizaciones de derechos humanos para que el reconocimiento de la competencia del CE sea un motor a través del cual las instituciones mexicanas cumplan con sus deberes a la reparación integral del daño, que va desde la búsqueda de las personas desaparecidas, la indemnización de las familias, la protección de los denunciantes y las garantías de no repetición.