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El Acuerdo de Escazú es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, siendo el primer tratado de derechos humanos que protege y favorece los derechos a la información, participación, justicia y seguridad de las personas en materia ambiental, basado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Este tratado persigue, entre otros objetivos, implementar mecanismos de acceso a la justicia ambiental y de protección para las personas afectadas en su integridad y seguridad por su labor de defensa de los recursos naturales. Esta labor de lucha contra el cambio climático ha ido aumentando paulatinamente en peligrosidad1, convirtiéndose 2019 en el año en que se produjeron un mayor número de asesinatos a personas defensoras de la tierra, pueblos indígenas y medioambiente2. Además, según un informe de Global Witness3, más de la mitad de los ataques contra defensores ambientales registrados en 2018 en todo el mundo sucedieron en América Latina.

Conviene recordar que estas son las personas en la primera línea de la crisis climática, las que intentan proteger áreas críticas para el clima y revertir las prácticas más devastadoras. En México, así como en toda América Latina, las comunidades que se enfrentan a las industrias extractivas y exponen prácticas comerciales insostenibles que causan estragos en los ecosistemas y el clima afrontan una serie de riesgos y ataques que muestran las contradicciones a superar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es por ello que la implementación del Acuerdo de Escazú traerá múltiples beneficios en la consolidación de la democracia ambiental y el fortalecimiento de la gobernanza en la toma de decisiones, clave para un desarrollo económico sostenible.

Este año en particular es importante para dar seguimiento a este acuerdo ya que el plazo para ratificar el documento es el 26 de septiembre de 2020. Hasta la fecha, el Acuerdo cuenta con la firma de 22 países. No obstante, sólo nueve países lo han ratificado (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay), siendo fundamental para su entrada en vigor que al menos 11 países lo ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran a su contenido.


En septiembre de 2018, PBI avaló el Acuerdo de Escazú como “un medio para garantizar un entorno seguro en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos relacionados con el medio ambiente puedan actuar sin enfrentar amenazas, restricciones, ataques o peligros”. PBI México además firmó, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, una declaración pública, con motivo del asesinato del defensor Julián Carrillo, en la que instaba a las autoridades mexicanas a tomar todos los pasos necesarios para la firma de este Acuerdo4.