El 2 de febrero 2021, se presentó el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”, elaborado por el Espacio OSC, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En la presentación, moderada por la co-directora regional de IM-Defensoras, Lydia Alpízar, participaron Laura Orozco, integrante de la RNDDHMX, Pablo Vaca, de la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH, Enrique Irazoque, de la Secretaría de Gobernación, Guillermo Fernández, de la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU en México, y Adela Navarro, periodista del Semanario Zeta de Baja California.

l menos 6 periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante el año 2020, 7 mujeres y 23 hombres, por motivos vinculados con su labor de defensa y ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”.

El informe plantea que en el actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México enfrentan nuevas condiciones de riesgo, además de limitaciones para desempeñar su labor debido a las medidas de distanciamiento social y confinamiento. Este deterioro de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión se da un contexto en el que resulta indispensable contar con escrutinio público y controles colectivos ante las medidas adoptadas por distintos niveles de gobierno que han restringido o directamente violado derechos humanos.

Entre las medidas adoptadas por el Estado que requieren un ejercicio de escrutinio y control público y de órganos de protección internacional destacan las políticas de austeridad, las cuales afectan a instituciones y fondos de atención a los derechos humanos como el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas; la formalización del despliegue de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad; el enfoque punitivo desproporcionado y las arbitrariedades cometidas por autoridades de distinto nivel. Estas prácticas se dan en el contexto de la aplicación de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria; el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones; la continuidad de las políticas de desarrollo extractivo a través de megaproyectos;  las medidas de control migratorio; y la sostenida crisis de desapariciones en el país.

Aún cuando el contexto demanda el pleno ejercicio de la defensa de derechos humanos y la libre expresión, las condiciones para hacerlo se han deteriorado. Según información de la RNDDHMX, entre enero y junio de 2020, 266 mujeres y 42 colectivos experimentaron agresiones por su labor. Por su parte, quienes ejercen el periodismo fueron víctimas de 63 agresiones tan solo en el periodo entre marzo y junio de 2020. Los recursos para exigir derechos se vieron afectados por la suspensión de términos judiciales y plazos de solicitud de información, impactando desproporcionadamente a las personas defensoras del territorio mientras se permitía la continuidad de megaproyectos; y a las personas que acompañan a la población migrante. Por su parte, cuatro asesinatos de defensoras trans marcaron un año particularmente crítico para la comunidad LGBTTTIQA+. Finalmente, las víctimas y familiares en labores de búsqueda vieron afectadas sus actividades por el impacto económico de la pandemia y las dilaciones por parte de autoridades.

El informe concluye con la demanda al Estado Mexicano de acatar recomendaciones y resoluciones emitidas por instancias internacionales que demandan garantizar la protección de personas defensoras y periodistas en esta crisis.

De manera particular, la investigación insta a las autoridades a reconocer el trabajo de las mujeres defensoras por una sociedad más justa y equitativa, además de exigir investigación y sanción a las personas responsables de las agresiones contra personas defensoras y periodistas en el año 2020.