En México, la situación de las personas defensoras de derechos humanos es preocupante, algunas de ellas han sido desaparecidas como consecuencia de su participación en procesos de búsqueda y de lucha contra las desapariciones en el país. Esta fue una de las observaciones presentadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés), en el informe sobre su visita a México el pasado 12 de abril de 2022.

Los resultados de este informe desvelaron datos y recomendaciones de suma importancia para avanzar en la resolución de una de las problemáticas más dolorosas que atraviesa México. El CED, como órgano independiente, supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un instrumento internacional que México ratificó en 2008 y en el que se contempla que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.

En el informe se resaltó que, “la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad absoluta” y destacó que, según cifras oficiales, a noviembre de 2021, había en México 95.121 personas desaparecidas, en el que “solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”.

En esta medida, el CED destacó que el impulso en la búsqueda, investigación y reparación, así como la generación de espacios de diálogo con las víctimas son esfuerzos clave en el combate a la desaparición en México, y cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público. Señaló, además, que, “las familias y allegados de las personas desaparecidas siguen cumpliendo funciones de búsqueda e investigación que le competen al Estado”, situación que las enfrenta a incidentes de seguridad como seguimiento, vigilancia, persecución, desapariciones y tortura por su labor de búsqueda, investigación y denuncia de la desaparición de sus familiares.

La presentación de este informe, que fue el resultado de la primera visita que el CED realiza a un país y tras ocho años de haberla peticionado a México, tiene una relevancia capital y pone sobre la palestra política y pública internacional la necesidad de tomar medidas urgentes para detener las desapariciones forzadas y en las que la prevención debe ser el centro para una política nacional que pueda atender este preocupante fenómeno, como lo señaló el Comité.

Desde el año 2000, PBI ha acompañado a diversas organizaciones de la sociedad civil cuya labor se centra en apoyar a las familias y víctimas de desaparición forzada. En el marco de estos acompañamientos, PBI estuvo observando los encuentros en Chihuahua y en Guerrero que llevó a cabo el Comité con la sociedad civil mexicana durante su visita en noviembre de 2021.

En Chihuahua, organizaciones de sociedad civil como Justicia para Nuestras Hijas, Red Mesa de Mujeres A.C., el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C., y colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas en el Estado, expresaron su preocupación y elevaron sus peticiones, entre las que resaltaron la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación y registro de los casos, el involucramiento de los familiares en procesos de búsqueda, la necesidad de capacitación a las autoridades, así como el reconocimiento y respeto a la labor que llevan a cabo los colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas en Chihuahua.

Las familias de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañan han tomado un papel activo frente a los casos de desaparición, exigiendo que se reconozca y respete el papel indispensable de colectivos de familiares, y se garantice su participación y el acceso a la información en todos los procesos relacionados a sus casos. Por lo que reciben de forma positiva los hallazgos y recomendaciones que el CED expone:

“Consideramos que es un informe muy amplio, muy extenso y muy claro sobre cuáles son las propuestas que el Comité está haciendo al estado mexicano. Recoge a cabalidad todos los puntos que nosotras tocamos, incluso se extiende en otros temas que no son de nuestro conocimiento específico, sobre todo el tema de personas migrantes”, afirmó Carla Palacios, del Centro de Derechos Humanos Paso Del Norte, ubicado en Ciudad Juárez.

Entre los puntos que destacan desde el CDH Paso del Norte, son las observaciones que el Comité realiza sobre la necesidad de crear mecanismos que garanticen la implementación de dictámenes internacionales, para conseguir que las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, den un apropiado cumplimiento a este tipo de informes:

“Es muy valioso que el tema de desaparición forzada y desaparición por particulares esté colocado en la agenda nacional. Pero, precisamente, el que no hayamos visto reacciones a nivel estatal, deja en claro que no es una temática que esté siendo abordada de una manera específica y puntual por las autoridades del Estado”. A modo de ejemplo, el Estado de Chihuahua, según lo señalado en el informe del CED, está entre las siete entidades con mayor concentración de cuerpos no identificados, situación que se enmarca en la profunda crisis forense, y que limita el acceso a la justicia y perpetua la impunidad. En las actuales condiciones “serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”.

PBI, como ONG internacional que acompaña a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, comparte la preocupación mencionada en el informe sobre “la situación de los defensores de derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos como consecuencia de su participación en procesos de búsqueda y de lucha en contra de las desapariciones, y para quienes las agresiones son una realidad constante.”[1] Por ello, el Gobierno de México debe prestar especial atención a este colectivo y reconocer a las familias y personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, integrándolas en los mecanismos de protección institucionales a su alcance. Asimismo, identificamos riesgos específicos durante los rastreos que podrían mitigarse con una mejor coordinación interinstitucional y una mejor organización para poner a disposición los instrumentos y tecnologías necesarias para la búsqueda.

Ahora que este informe ha puesto en el punto de mira la desaparición forzada, las organizaciones esperan que a este le siga un compromiso real de parte de las autoridades mexicanas. Como comentan desde el Centro de Derechos Humanos Paso Del Norte, ubicado en Ciudad Juárez, “no es necesario crear más legislación, más comisiones o más instrumentos, porque lo que hace falta es que se operativicen los que ya existen, que sea eficiente el trabajo que ya se tiene proyectado en todos los planes y estrategias para la búsqueda eficaz de las personas.”.

 

Recursos de interés:

Acceso al Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención, abril 2022.

Entrevista a Carla Palacios del Centro de Derechos Humanos Paso Del Norte en el artículo: “In Mexico, families lead the search for their disappeared loved ones”.

Vídeo “La Búsqueda - desaparición forzada en México” PBI México.

 

[1] De las más de 1.500 personas beneficiarias del Mecanismo de Protección para Defensores, el 70 % son defensoras de los derechos humanos y el 15 % se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas

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