Desde la apertura del acompañamiento a la Red Solidaria de Derechos Humanos (RSDH) en octubre 2023, PBI ha incrementado su presencia en el Estado de Michoacán de Ocampo, acompañando a la RSDH en el marco de la lucha en contra de los megaproyectos extractivistas que producen fuertes afectaciones sobre la tierra y el agua en los territorios ancestrales de los Pueblos originarios. Michoacán es un estado compuesto por varias regiones, todas con sus propias geografías y recursos naturales que captan el interés tanto de empresas nacionales e internacionales, así como de organizaciones criminales.
Uno de los ejemplos más destacables es el avance del monocultivo de aguacates, limones, papaya y berries en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, donde las condiciones son muy buenas para la siembra. No solo se ha dado a costa de los bosques y la rica biodiversidad del territorio, sino también en muchas ocasiones se trata de los cambios de uso de suelo y se impone mediante el despojo o desplazamiento silencioso de los territorios a las comunidades campesinas. La Meseta Purépecha es una de las regiones más afectadas por el monocultivo y las autoridades comunales han hecho múltiples llamados al gobierno estatal sobre las afectaciones ambientales: la escasez de agua y la erosión del suelo derivadas de la deforestación . La transformación de zonas boscosas a huertos de aguacate ha sido desenfrenada en los últimos 20 años, sin embargo, la resistencia purépecha es viva y dinámica, y los pueblos purépechas de Paracho, Nahuatzen y Cherán se han organizado para defender su territorio. En este marco se constituyó la RSDH, con el propósito de acompañar los procesos de libre determinación de las comunidades indígenas en la Meseta Purépecha.
A pesar de las luchas de los pueblos originarios para proteger la autonomía de sus territorios, una batalla que ha sido muy difícil enfrentar es la extorsión por parte del crimen organizado. En casi toda la región, se presionan a los productores de cultivos para que paguen por plantar, cultivar, sembrar, distribuir y regar sus propias tierras, con amenazas de la quema de su huerta, empacadora o tractores si no cumplen con el cobro de piso . De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2023 fue el año con mayor número de denuncias registradas por casos de extorsión en Michoacán, con 287% más que en el mismo periodo de 2022 .
Los pueblos originarios del Estado de Michoacán no solo están enfrentando la expansión de los monocultivos, sino también la extracción mineral a lo largo de la Sierra Costa, actualmente el 14.61% de la superficie del Estado corresponde a la explotación minería. Hay 12 empresas nacionales y 6 extranjeras que gozan de concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía para extraer oro, plata, cobre, fierro y plomo . La relación entre la minería y el crimen organizado se remonta hasta hace poco más de una década y la región ha visto enfrentamientos constantes entre Carteles Unidos y el Cartel Jalisco Nueva Generación por el control de la minería ilegal. Las comunidades Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana sobre todo están afectadas por la apertura de minas ilegales y hay ataques continuos contra los pueblos que luchan por dominar los lucrativos recursos mineros de su territorio.
El ejemplo más alarmante del conflicto social y la violencia generada por las compañías mineras es el caso de Eustacio Alcalá Díaz, defensor del medio ambiente de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, quien fue asesinado por su legítima labor de defensa contra la explotación minera en su territorio. “Tacho”, como era conocido por sus compañeros y familiares, logró obtener la suspensión de diversos títulos de concesión minera que no respetaron el derecho de los Pueblos Originarios a dar su consentimiento libre, previo e informado, tal como lo prevén las normas internacionales en la materia. Tacho fue desaparecido, asesinado con balas y encontrado sin vida el 4 de abril 2023, su muerte ocurrió en el marco de sus acciones como líder comunitario y su comunidad, acompañada por la RSDH, sigue impulsando la investigación para que se reconozca su labor como persona defensora de derechos humanos, se conozca la verdad sobre su asesinato y se haga justicia.
Foto: Red Solidaria DH
Apenas tres meses que corren del 2024 y Michoacán hoy tiene dos lideres y defensores de derechos humanos desaparecidos: Ricardo Lagunes Gasca y el líder indígena Antonio Díaz Valencia.
Frente a los proyectos extractivistas y la macrocriminalidad en Michoacán, las mujeres defensoras que hacen parte de la RSDH han sido amenazadas, difamadas y hostigadas, en un contexto de inseguridad generalizada de vigilancia e intimidación casi constante. Realizar su labor legítima como personas defensoras de derechos humanos las expone a riesgo grave, ya que los territorios que habitan en el cotidiano y por los cuales se desplazan para acompañar actividades comunitarias, tienen una fuerte presencia de crimen organizado. PBI brinda acompañamiento internacional a la RSDH, buscando contribuir, a través de herramientas de protección, a la seguridad integral de las personas integrantes de la RSDH en riesgo debido a sus actividades en defensa de los derechos humanos.