Desde PBI México, continuamos brindando acompañamiento vía remota a las personas defensoras de derechos humanos, haciendo un monitoreo y análisis permanente e informando a la comunidad internacional y a las autoridades relevantes sobre la situación de las personas defensoras en México.
Durante el mes de mayo, seguimos brindando información sobre la situación de personas defensoras en México a las autoridades nacionales e internacionales a través de reuniones y comunicaciones remotas, con peticiones específicas. Circulamos dos briefings para las autoridades internacionales: el primero presentó el impacto de las políticas migratorias de los Estados Unidos y México, como el programa ‘Quédate en México’ ("Remain in Mexico"), sobre personas migrantes y personas defensoras de migrantes en el contexto de COVID-19, para dar seguimiento a la visita del subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo a la zona fronteriza este año. El segundo briefing, elaborado de manera conjunta con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y apoyado por la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU, presentó preocupaciones urgentes sobre desaparciónes forzadas, derechos humanos y el impacto de la pandemia en el estado de Guerrero.
También participamos en reuniones virtuales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e intercambiamos información con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
A nivel internacional, tuvimos el placer de hablar con la nueva Relatora Especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, sobre sus prioridades y objetivos para este nuevo mandato. En una conversación con Peace Brigades International, la Relatora compartió su prioridad de acercarse a las personas defensoras más vulnerables, las que no están conectadas al nivel internacional y de zonas rurales. También reiteró que invita a las organizaciones a acercarse a su oficina para ponerse en contacto.
PBI se complace en dar la bienvenida a la Relatora Especial. Nos entusiasma poder colaborar con ella y apoyarle durante su mandato para contribuir a la seguridad de las personas defensoras en todo el mundo, visibilizar sus necesidades y desafíos específicos y abordar las deficiencias de los Estados en términos de su protección