Gobiernos federales y estatales en México han atribuido una creciente importancia a la inversión estatal y extranjera en actividades extractivistas y energéticas como fuentes de crecimiento económico. Proyectos económicos de gran escala, como parques eólicos, hidroeléctricas, aeropuertos y carreteras, son cada vez más comunes.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos ha alentado a todos los países a implementar un Plan Nacional de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos y ha publicado una guía con recomendaciones al respecto. Los PNAs deben respetar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, publicados en el 2011 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En años recientes, México empezó el proceso de desarrollar un PNA con los insumos de un grupo de trabajo conformado por líderes empresariales, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de haber sido un paso importante, el PNA todavía no ha sido finalizado.

La sociedad civil mexicana ha criticado varios aspectos del proceso, incluyendo la falta de inclusión de las aportaciones del grupo de trabajo, el carácter no vinculante de las consultas regionales y la falta de participación directa de representantes de comunidades indígenas y campesinas, entre otras. Varias organizaciones también han llamado la atención a la falta de cumplimiento del borrador del PNA con los estándares internacionales en la materia.

En agosto de 2016, antes de la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a México, una coalición de más de 100 organizaciones publicó un informe documentando 60 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas en todo México, las más comunes siendo violaciones de los derechos a la tierra y el territorio, acceso a la información, un medio ambiente sano, salud y los derechos indígenas. El informe destacó la falta de consultas previas, libres e informadas a comunidades sobre la implementación de proyectos en sus territorios y el involucramiento de actores estatales en varias de las violaciones.

En el contexto del creciente enfoque en el modelo extractivista e inversiones extranjeras, las y los defensores de tierra, territorio y medio ambiente enfrentan altos niveles de riesgo. Entre junio de 2016 y mayo de 2017, se documentó la ejecución extrajudicial de 11 personas defensoras del territorio. Entre el 2010 y 2015, 33 defensores/as de tierra, territorio y medio ambiente fueron asesinados/as en México. Un informe publicado por el ISHR en el 2015 destacó que esas personas defensoras son blancos constantes de difamación y criminalización. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recomendado la creación de una ley que garantice estándares mínimos en la consulta a comunidades indígenas afectadas por proyectos económicos.

PBI México ha incluido la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en sus enfoques temáticos debido a la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores. En su informe del 2016 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la situación de personas defensoras, Michel Forst, llamó a la comunidad internacional a “asumir urgentemente su responsabilidad de empoderar y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales”.

Entre sus recomendaciones, estaban varios puntos sobre los cuales PBI ha incidido con las autoridades mexicanas y actores internacionales: subir el perfil y visibilidad del trabajo legítimo de esas personas defensoras; asegurar que tratados de libre comercio incluyan mecanismos para prevenir violaciones contra defensores/as; desarrollar mecanismos de protección adecuados para defensores/as ambientales.

Haz clic aquí para leer la publicación de PBI México Defender la Vida: Personas Defensoras de la Tierra, el Territorio y el Medio Ambiente en Riesgo.

Marco legal: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y ha ratificado el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Eso genera obligaciones internacionales a México de respetar los derechos colectivos de pueblos indígenas, llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con los mismos y conseguir su consentimiento para la implementación de proyectos económicos en sus territorios.

“PBI llegó a Guerrero en un momento de violencia de Estado crítico”

El año 2000, en el Estado de Guerrero donde todavía no se hacia presencia internacional, PBI empieza sus primeros acompañamientos a organizaciones locales de defensa de los derechos humanos. Ya habían pasado cinco años desde las primeras peticiones de acompañamiento por parte del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ) en Chiapas después el levantamiento Zapatista en 1994. En diciembre de 2003, PBI empezó a acompañar a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en su nueva oficina de Ayutla de los Libres.

Español

“PBI arrived in Guerrero at a critical moment of State violence”

In the year 2000, at a time when there was still no international presence in the state of Guerrero, PBI began its first accompaniments to local human rights organisations. Five years had already passed since the first petitions for accompaniment were made to International Service for Peace (SIPAZ), located in Chiapas since the Zapatista uprising in 1994.

Inglés

El Istmo de Tehuantepec: acompañando en territorio de disputa para las energías “limpias”

Ubicado en la zona sur de México, el Istmo de Tehuantepec comprende los estados de Oaxaca y Veracruz. Se trata de la zona más angosta del país entre los océanos Pacífico y Atlántico, divididos por tan solo 200km de territorio. Los proyectos de desarrollo se han hecho presentes desde comienzos del siglo XX. PBI acompaña a personas defensoras de la tierra y el territorio que enfrentan amenazas por su oposición a dichos proyectos desde 2011.

“Istmo, ruta comercial para el mundo”

Español

“Siempre decía a los hombres que no debemos pelear con la compañera sino con el gobierno”: Obtilia Eugenio Manuel

Obtilia Eugenio Manuel, defensora de los derechos de los pueblos tlapanecos del Estado de Guerrero, fundó la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). En noviembre 2019 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en reconocimiento a su “destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa” de las garantías básicas. PBI acompañó a Obtilia desde 2005 hasta 2011.

¿Cómo y cuándo empezaste a defender los derechos humanos?

Español

Un futuro en prueba

Desde hace más de una década, en la Sierra Norte de Puebla, comunidades totonacas luchan por la supervivencia de sus tradiciones y la defensa de su territorio. En enero de este año, ganaron una batalla judicial importante en contra de la construcción de un proyecto de represa, cuando el Ayuntamiento local revocó los permisos de construcción de la obra Puebla 1 por graves ilegalidades en los procesos administrativos.

Español

PBI facilita encuentro de discusión sobre la defensa de la tierra y el territorio en México

El pasado 25 de mayo, PBI organizó en la Ciudad de México un encuentro entre representantes de la comunidad internacional y organizaciones que tuvo como línea de trabajo la defensa de la tierra y del territorio en México. En esta ocasión, se contó con la participación de dos organizaciones acompañadas por PBI, Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) de Oaxaca y la Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) de Chihuahua, además de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redcom).

Español

“Sí a la vida, no a la Minería”

El 22 de junio, PBI acompañó a EDUCA, (Servicios para una Educación Alternativa) durante la “Primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca Contra la Minería” en marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería. Varias comunidades de los Valles Centrales afectadas por actividad minera se unieron en San Martín de los Cansecos para realizar una fiesta de resistencia y para reafirmar, “Sí a la vida, no a la Minería”.

Español

“La observancia internacional permite dar cuenta de los temas que están rezagados y el nivel de autoridades que asisten a las mesas del Plan de Contingencia” - Isela González, directora de Alianza Sierra Madre A.C.

En julio, PBI estuvo presente en la séptima revisión de las mesas de trabajo del Plan de Contingencia, haciendo seguimiento a esta política pública de estrategias preventivas, valorada en el informe “Cambiando el Curso de la Impunidad”, elaborado por PBI y WOLA, como un avance del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Para esta séptima sesión asistieron, en calidad de observadores, las embajadas de Suiza, Canadá, Australia y Reino Unido.

Español

PBI México Informe Anual 2018

El acompañamiento de PBI en 2018 benefició a más de 50 organizaciones de la sociedad civil mexicana y a 341 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales más del 65% son mujeres defensoras. El trabajo de estas personas y organizaciones beneficia al menos a 146,351 personas y promueve los derechos humanos en todo el país.

2018 ha sido un año de lucha, de resistencia y de valentía extraordinaria por parte de las personas que diariamente ponen a sus vidas en riesgo para defender los derechos humanos.

Español

Páginas

Suscribirse a Defensores de Tierra, Territorio y Medio Ambiente