Gobiernos federales y estatales en México han atribuido una creciente importancia a la inversión estatal y extranjera en actividades extractivistas y energéticas como fuentes de crecimiento económico. Proyectos económicos de gran escala, como parques eólicos, hidroeléctricas, aeropuertos y carreteras, son cada vez más comunes.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos ha alentado a todos los países a implementar un Plan Nacional de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos y ha publicado una guía con recomendaciones al respecto. Los PNAs deben respetar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, publicados en el 2011 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En años recientes, México empezó el proceso de desarrollar un PNA con los insumos de un grupo de trabajo conformado por líderes empresariales, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de haber sido un paso importante, el PNA todavía no ha sido finalizado.

La sociedad civil mexicana ha criticado varios aspectos del proceso, incluyendo la falta de inclusión de las aportaciones del grupo de trabajo, el carácter no vinculante de las consultas regionales y la falta de participación directa de representantes de comunidades indígenas y campesinas, entre otras. Varias organizaciones también han llamado la atención a la falta de cumplimiento del borrador del PNA con los estándares internacionales en la materia.

En agosto de 2016, antes de la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a México, una coalición de más de 100 organizaciones publicó un informe documentando 60 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas en todo México, las más comunes siendo violaciones de los derechos a la tierra y el territorio, acceso a la información, un medio ambiente sano, salud y los derechos indígenas. El informe destacó la falta de consultas previas, libres e informadas a comunidades sobre la implementación de proyectos en sus territorios y el involucramiento de actores estatales en varias de las violaciones.

En el contexto del creciente enfoque en el modelo extractivista e inversiones extranjeras, las y los defensores de tierra, territorio y medio ambiente enfrentan altos niveles de riesgo. Entre junio de 2016 y mayo de 2017, se documentó la ejecución extrajudicial de 11 personas defensoras del territorio. Entre el 2010 y 2015, 33 defensores/as de tierra, territorio y medio ambiente fueron asesinados/as en México. Un informe publicado por el ISHR en el 2015 destacó que esas personas defensoras son blancos constantes de difamación y criminalización. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recomendado la creación de una ley que garantice estándares mínimos en la consulta a comunidades indígenas afectadas por proyectos económicos.

PBI México ha incluido la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en sus enfoques temáticos debido a la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores. En su informe del 2016 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la situación de personas defensoras, Michel Forst, llamó a la comunidad internacional a “asumir urgentemente su responsabilidad de empoderar y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales”.

Entre sus recomendaciones, estaban varios puntos sobre los cuales PBI ha incidido con las autoridades mexicanas y actores internacionales: subir el perfil y visibilidad del trabajo legítimo de esas personas defensoras; asegurar que tratados de libre comercio incluyan mecanismos para prevenir violaciones contra defensores/as; desarrollar mecanismos de protección adecuados para defensores/as ambientales.

Haz clic aquí para leer la publicación de PBI México Defender la Vida: Personas Defensoras de la Tierra, el Territorio y el Medio Ambiente en Riesgo.

Marco legal: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y ha ratificado el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Eso genera obligaciones internacionales a México de respetar los derechos colectivos de pueblos indígenas, llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con los mismos y conseguir su consentimiento para la implementación de proyectos económicos en sus territorios.

“Sí a la vida, no a la Minería”

El 22 de junio, PBI acompañó a EDUCA, (Servicios para una Educación Alternativa) durante la “Primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca Contra la Minería” en marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería. Varias comunidades de los Valles Centrales afectadas por actividad minera se unieron en San Martín de los Cansecos para realizar una fiesta de resistencia y para reafirmar, “Sí a la vida, no a la Minería”.

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“La observancia internacional permite dar cuenta de los temas que están rezagados y el nivel de autoridades que asisten a las mesas del Plan de Contingencia” - Isela González, directora de Alianza Sierra Madre A.C.

En julio, PBI estuvo presente en la séptima revisión de las mesas de trabajo del Plan de Contingencia, haciendo seguimiento a esta política pública de estrategias preventivas, valorada en el informe “Cambiando el Curso de la Impunidad”, elaborado por PBI y WOLA, como un avance del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Para esta séptima sesión asistieron, en calidad de observadores, las embajadas de Suiza, Canadá, Australia y Reino Unido.

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PBI México Annual Report 2018

The accompaniment provided by PBI in 2018 benefited to more than 50 civil society organisations and 341 defenders, of whom 65% were women. The work carried out by these people benefits at least 146,351 people and promotes human rights across the whole country.

2018 has been a year of struggle, of resistance, and of extraordinary bravery from those who, on a daily basis, put their lives at risk to defend human rights.

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PBI México Informe Anual 2018

El acompañamiento de PBI en 2018 benefició a más de 50 organizaciones de la sociedad civil mexicana y a 341 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales más del 65% son mujeres defensoras. El trabajo de estas personas y organizaciones beneficia al menos a 146,351 personas y promueve los derechos humanos en todo el país.

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PBI Informe Anual Global

Lee nuestro nuevo Informe Global sobre el trabajo de las entidades de PBI por todo el mundo durante el 2018.  Lee sobre nuestro trabajo en América Latina, Africa y Asia junto con historias de las personas defensoras de derechos humanos que acompañamos.  También ve el resumen financiero, información sobre las personas voluntarias y nuestros donantes que posibilitan al trabajo.

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PBI International Global Report

See our new Global Report about the work of all PBI entities across the world in 2018.  Find out about our project work in Latin America, Africa and Asia as well as stories from the human rights defenders we accompany.  Also see our financial summary, information about where our volunteers come from and the donors who make our work possible.

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Alianza Sierra Madre A.C.

Alianza Sierra Madre trabaja desde los años noventa con comunidades indigenas ubicadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Varios organismos nacionales e internacionales han reconocido la situación de violencia extrema que azota a la Sierra y que significa un elevado riesgo para las personas defensoras de derechos humanos. Debido a su labor de defensa de derechos humanos, tanto las y los líderes comunitarios como integrantes de ASMAC han sufrido represalias.

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