Gobiernos federales y estatales en México han atribuido una creciente importancia a la inversión estatal y extranjera en actividades extractivistas y energéticas como fuentes de crecimiento económico. Proyectos económicos de gran escala, como parques eólicos, hidroeléctricas, aeropuertos y carreteras, son cada vez más comunes.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos ha alentado a todos los países a implementar un Plan Nacional de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos y ha publicado una guía con recomendaciones al respecto. Los PNAs deben respetar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, publicados en el 2011 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En años recientes, México empezó el proceso de desarrollar un PNA con los insumos de un grupo de trabajo conformado por líderes empresariales, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de haber sido un paso importante, el PNA todavía no ha sido finalizado.

La sociedad civil mexicana ha criticado varios aspectos del proceso, incluyendo la falta de inclusión de las aportaciones del grupo de trabajo, el carácter no vinculante de las consultas regionales y la falta de participación directa de representantes de comunidades indígenas y campesinas, entre otras. Varias organizaciones también han llamado la atención a la falta de cumplimiento del borrador del PNA con los estándares internacionales en la materia.

En agosto de 2016, antes de la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a México, una coalición de más de 100 organizaciones publicó un informe documentando 60 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas en todo México, las más comunes siendo violaciones de los derechos a la tierra y el territorio, acceso a la información, un medio ambiente sano, salud y los derechos indígenas. El informe destacó la falta de consultas previas, libres e informadas a comunidades sobre la implementación de proyectos en sus territorios y el involucramiento de actores estatales en varias de las violaciones.

En el contexto del creciente enfoque en el modelo extractivista e inversiones extranjeras, las y los defensores de tierra, territorio y medio ambiente enfrentan altos niveles de riesgo. Entre junio de 2016 y mayo de 2017, se documentó la ejecución extrajudicial de 11 personas defensoras del territorio. Entre el 2010 y 2015, 33 defensores/as de tierra, territorio y medio ambiente fueron asesinados/as en México. Un informe publicado por el ISHR en el 2015 destacó que esas personas defensoras son blancos constantes de difamación y criminalización. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recomendado la creación de una ley que garantice estándares mínimos en la consulta a comunidades indígenas afectadas por proyectos económicos.

PBI México ha incluido la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en sus enfoques temáticos debido a la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores. En su informe del 2016 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la situación de personas defensoras, Michel Forst, llamó a la comunidad internacional a “asumir urgentemente su responsabilidad de empoderar y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales”.

Entre sus recomendaciones, estaban varios puntos sobre los cuales PBI ha incidido con las autoridades mexicanas y actores internacionales: subir el perfil y visibilidad del trabajo legítimo de esas personas defensoras; asegurar que tratados de libre comercio incluyan mecanismos para prevenir violaciones contra defensores/as; desarrollar mecanismos de protección adecuados para defensores/as ambientales.

Haz clic aquí para leer la publicación de PBI México Defender la Vida: Personas Defensoras de la Tierra, el Territorio y el Medio Ambiente en Riesgo.

Marco legal: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y ha ratificado el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Eso genera obligaciones internacionales a México de respetar los derechos colectivos de pueblos indígenas, llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con los mismos y conseguir su consentimiento para la implementación de proyectos económicos en sus territorios.

Actividades Destacadas del Mes

Durante el último mes participamos y llevamos a cabo varias actividades dando continuidad al acompañamiento remoto a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en México. A continuación, queremos destacar algunas de ellas:

Conversatorio regional “Afrontando el contexto del COVID 19”

Español

Actividades Destacadas -Mayo 2020-

Desde PBI México, continuamos brindando acompañamiento vía remota a las personas defensoras de derechos humanos, haciendo un monitoreo y análisis permanente e informando a la comunidad internacional y a las autoridades relevantes sobre la situación de las personas defensoras en México.

Español

Assassination of Bety Cariño and Jyri Jaakkola: A decade of impunity

Last 27th April was the 10th anniversary of the deaths of Bety Cariño and Jyri Jaakkola1, two human rights defenders and activists murdered during the Humanitarian Caravan and Human Rights Observation Mission near the indigenous community of San Juan Copala in the State of Oaxaca. Their families and civil society organizations are still calling for justice 10 years after the tragic events.

Inglés

Acuerdo Global UE-México: PBI y sociedad civil europea preocupadas por posibles impactos sobre los derechos humanos

El pasado 28 de abril la Comisión Europea anunció, tras una llamada telefónica entre el comisario Phil Hogan y la ministra de economía mexicana, Graciela Márquez Colín, la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Global México-Unión Europea.1 Este acuerdo comercial, cuyas negociaciones habían permanecido congeladas desde mediados de 2018, ha sido finalizado en un momento en el que la atención de la sociedad civil está centrada en responder a los desafíos que supone la pandemia por covid-19 con poca capacidad

Español

Informe Anual 2019

En el marco de los 20 años de PBI en México, nos complace compartirles nuestro Informe Anual de proyecto. En él, recordamos varios momentos importantes que han marcado la historia de PBI en el país, así como los hechos destacados que nos ha dejado el 2019, acompañando la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el territorio mexicano.

Español

“PBI llegó a Guerrero en un momento de violencia de Estado crítico”

El año 2000, en el Estado de Guerrero donde todavía no se hacia presencia internacional, PBI empieza sus primeros acompañamientos a organizaciones locales de defensa de los derechos humanos. Ya habían pasado cinco años desde las primeras peticiones de acompañamiento por parte del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ) en Chiapas después el levantamiento Zapatista en 1994. En diciembre de 2003, PBI empezó a acompañar a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en su nueva oficina de Ayutla de los Libres.

Español

“PBI arrived in Guerrero at a critical moment of State violence”

In the year 2000, at a time when there was still no international presence in the state of Guerrero, PBI began its first accompaniments to local human rights organisations. Five years had already passed since the first petitions for accompaniment were made to International Service for Peace (SIPAZ), located in Chiapas since the Zapatista uprising in 1994.

Inglés

El Istmo de Tehuantepec: acompañando en territorio de disputa para las energías “limpias”

Ubicado en la zona sur de México, el Istmo de Tehuantepec comprende los estados de Oaxaca y Veracruz. Se trata de la zona más angosta del país entre los océanos Pacífico y Atlántico, divididos por tan solo 200km de territorio. Los proyectos de desarrollo se han hecho presentes desde comienzos del siglo XX. PBI acompaña a personas defensoras de la tierra y el territorio que enfrentan amenazas por su oposición a dichos proyectos desde 2011.

“Istmo, ruta comercial para el mundo”

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