El día 10 de marzo de 2021, PBI-Canadá y Amnistía Internacional organizaron un encuentro virtual para Isela González de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) en Chihuahua, Neftali Reyes de Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) en Oaxaca y Rubén Flores de la comunidad de Magdalena Ocotlán.
Las personas defensoras de derechos humanos hablaron sobre las concesiones mineras canadienses en estas comunidades. Casi el 70 por ciento de las empresas mineras de propiedad extranjera que operan en México tienen su sede en Canadá.
Coloradas de La Virgen
ASMAC acompaña a la comunidad indígena Coloradas de la Virgen en la región Sierra Tarahumara, en el noroeste del estado de Chihuahua.
El defensor indígena rarámuri Julián Carrillo se pronunció contra los impactos ambientales de una concesión cerca de su comunidad otorgada a una empresa minera canadiense sin consentimiento libre, previo e informado apenas una semana antes de ser asesinado en octubre de 2018.
Esta declaración de la sociedad civil destaca que la concesión fue otorgada a Evrim Resources Corp, con sede en Vancouver (ahora llamada Orogen Royalties). Además, Proceso informó recientemente sobre concesiones en el área otorgadas a particulares que involucraban capital canadiense.
Magdalena Ocotlán
Educa Oaxaca acompaña a las comunidades indígenas, incluidas Magdalena Ocotlán y San José del Progreso, que rechazaron la mina San José en el sureño estado de Oaxaca, propiedad de Fortuna Silver Inc., con sede en Vancouver.
Esta mina se desarrolló por primera vez en 2009 sin consentimiento libre, previo e informado. En marzo de ese año, los vecinos instalaron un campamento a la entrada de la mina. En mayo, 1.000 policías estatales y federales desalojaron el campamento utilizando helicópteros, gases lacrimógenos y perros.
Ha habido cuatro muertes en relación directa con la oposición a esta mina, incluido Bernardo Vásquez quien fue asesinado el 15 de marzo de 2012.
Fortuna Silver ahora está buscando una expansión masiva de esa mina. Presentó una Evaluación de Impacto Ambiental (MIA) para la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Se espera esa decisión a finales de marzo.
Acompañamiento PBI
PBI continúa monitoreando de cerca estas situaciones, particularmente en relación con la seguridad de los defensores que participan en las audiencias judiciales de los condenados por el asesinato de Julian Carrillo, así como las movilizaciones en curso contra la expansión de la mina San José.