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En su último informe, publicado el 23 de marzo 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, hace mención explícita de las personas defensoras de derechos humanos de Chilapa de Alvarez, Guerrero, y su particular nivel de riesgo en el contexto muy hostil en el que desarrollan su legitima labor: “Las personas defensoras de derechos humanos de Chilapa, donde las desapariciones masivas parecen haber ocurrido con la aquiescencia de las autoridades, son particularmente vulnerables a ataques en este contexto de crimen organizado y corrupción”.

En este contexto, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa de Álvarez, realiza su labor de defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos en la zona centro del estado de Guerrero desde 1997. El Centro Morelos brinda atención a familiares de personas víctimas de desaparición forzada, como por ejemplo a familiares de víctimas de la desaparición masiva que tuvo lugar en Chilapa en mayo 2015, y a personas que sufrieron desplazamiento forzado, de los cuales 40 familias nahuas de la comunidad de Quetzalcoatlan, municipio de Zitlala, que tras amenazas y el asesinato de 6 pobladores tuvieron que huir de su poblado en enero de 2016.

La región donde el Centro Morelos realiza su labor de defensa de los derechos humanos enfrenta altos niveles de violencia y de marginación. Chilapa de Álvarez es el segundo municipio con más homicidios dolosos del estado de Guerrero, después de Acapulco, y en la zona se encuentran varios de los municipios más pobres de la entidad, habitados principalmente por comunidades indígenas Nahuas. A lo cual se puede sumar el clima de impunidad  y de corrupción que padece México, lo cual ha propiciado que se comiten graves violaciones a derechos humanos.

Dentro de este panorama, las personas defensoras de derechos humanos que integran el Centro Morelos enfrentan una variedad de riesgos al realizar su labor – entre ellos amenazas, criminalización, y la impunidad en casos de amenazas o agresiones en su contra. PBI ha dado seguimiento a la situación de riesgo del Centro Morelos desde que tiene presencia en México, en el año 2000, y desde principios de 2017 PBI brinda acompañamiento al Centro debido a su situación de riesgo.

Frente a esta situación, el Centro Morelos cuenta con el pleno respaldo de otras organizaciones guerrerenses como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (con las cuales se articula dentro de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos); organizaciones nacionales como La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT, la cual agrupa a 84 organizaciones de derechos humanos ubicadas en 23 estados del país), e internacionales como Amnistía Internacional y PBI México.

En agosto 2017, estas organizaciones se movilizaron para realizar la primera Misión de Observación Civil en Chilapa y Chilpancingo que tuvo lugar los días 19 y 20 de septiembre de 2017. En los meses siguientes, la Misión amplio su labor de observación y documentación de la situación de derechos humanos a todo el estado de Guerrero y sigue alertando sobre la honda crisis de derechos humanos a la cual se enfrenta la región y la criminalización que sufren las personas defensoras de derechos humanos en este contexto.