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El 30 de agosto de 2018, familiares y organizaciones, junto con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, celebraron una vigilia en memoria de las víctimas de desaparición forzada, en el centro de Ciudad Juárez (Chihuahua). Integrantes de PBI México estaban a su lado para brindar protección a las personas defensoras de derechos humanos del Centro Paso del Norte y visibilizar el tema de las desapariciones en el Norte de México y el riesgo que conlleva la lucha por la justicia.

En la explanada del Museo de la Revolución en la Frontera, en el Centro de Ciudad Juárez, colectivos y familiares de víctimas organizaron una vigilia para llamar la atención del público y de las autoridades sobre el tema de las desapariciones forzadas y exigir justicia. Las caras de varias víctimas aparecían en una exposición de fotografías, iluminada al atardecer por velas que prendieron familiares y ciudadanos que asistieron al evento. Ese fue la última de una serie de actividades organizadas durante el mes de agosto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto.

Ciudad Juárez sigue siendo una de las ciudades más violentas del mundo, lo que se manifiesta en su alta tasa de homicidio, pero también a través de la desaparición forzada de personas a nivel del estado. En lo que va del primer semestre de 2018, Chihuahua se ubica en el sexto lugar nacional en desaparición de personas: son 2186 las personas desaparecidas en el estado, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que integra los datos de personas no localizadas obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante las autoridades. Según organizaciones no gubernamentales, las cifras alcanzan en realidad más de 2400 personas desaparecidas.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte se dedica desde 2001 a la defensa integral de casos de tortura por parte de las fuerzas armadas y de la policía, y en aquellos casos de desapariciones forzadas. Trabajan con un nivel de riesgo elevado por el contexto muy violento de Ciudad Juárez, y por las actividades que llevan a cabo. Tanto el Centro como varios de sus integrantes han sido blanco de amenazas y hostigamiento por parte de autoridades y estatales. Un incidente muy grave fue el allanamiento a sus oficinas perpetrado en 2011 por agentes de la Policía Federal Preventiva, quienes fueron luego condenados a 6 años de cárcel. Cuentan con medidas de protección del Mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde 2012 y con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2011. PBI acompaña al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte desde 2013.

A pesar de su situación de riesgo, las y los integrantes del Centro Paso del Norte siguen luchando por la justicia y los derechos humados. En junio de 2018, junto con siete organizaciones de la sociedad civil y la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro Paso del Norte presentó una comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI) con el objetivo de brindar información veraz sobre la probable comisión de crímenes de lesa humanidad, de competencia de la Corte, en el estado de Chihuahua entre 2008 y 2010, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua y de la “guerra contra las drogas”. De acuerdo al documento, integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el operativo, con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas.

PBI manifiesta su preocupación ante los hechos documentados en la comunicación a la CPI y entiende las implicaciones que un documento de esta naturaleza conlleva en la situación de riesgo del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Al respecto, PBI organizó una delegación de abogadas y abogados españolas realizaron en abril 2018 una visita a los Estados de Chihuahua, Coahuila y Ciudad de México con el objetivo de visibilizar la situación de riesgo que padece la abogacía que trabaja en esas regiones. Publicaron el resultado de su investigación en el informe “México: la encrucijada permanente”. Destacaron que no ha desparecido la situación de alto riesgo para las personas defensoras que trabajan en los Estados de Chihuahua y Coahuila y que dentro de los casos que generan una situación de riesgo se encuentran los casos relacionados con la denuncia de delitos tales como la tortura y las desapariciones forzadas. Dos temas que trabaja principalmente el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.