Al conmemorarse los 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa (Guerrero), PBI se solidariza con todas las personas que siguen buscando a sus familiares, enfrentándose a una impunidad insoportable de manera inspiradora, con fuerza y dignidad inspiradora.  

Las aberrantes cifras espantosas de la desaparición forzada en México hablan no solo de la crisis de violencia que vive el país, perosino también de la profunda necesidad de abordar injusticias estructural que permiten que las violaciones de derechos humanos se perpetúen sin ninguna investigación ni sanción de las personas responsables.  La desaparición forzada es un fenómeno profundamente preocupante que ha afectado a tantos países de la región y cuyo impacto emocional sobre las víctimas es enorme y difícilmente superable.

En este artículo nos detenemos sobremiramos el caso emblemático de Ayotzinapa, en el cual cuyos 43 estudiantes forman parte de las 34.656 personas oficialmente registradas como desaparecidas en México.

Ayotzinapa: “¡Por que vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

Hoy, el 26 de septiembre de 2018, las madres y padres de los desaparecidos tuvieron una reunión con el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre el caso y expresarcolocar sus frustraciones y peticiones frente la nueva administración.  El nuevo gobierno declaró su compromiso frente ael caso y a la inclusión de entidades internacionales para ayudar a identificar a las personaslos responsables. 

En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. Eran parte de un grupo de alumnos que se dirigía a la Ciudad de México para asistir a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco. Hasta la fecha, el estado mexicano ha fracasado en investigar el paradero de los estudiantes, establecer responsables, y sancionarlos.  

A pesar da la presión constante por parte dedesde organizaciones de la sociedad civil mexicana y entidades internacionales como la Naciones Unidas (en su informe “Doble Injusticia”), el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno saliente, en concreto el Presidente Enrique Peña Nieto, sigue manifestando que su “verdad histórica” sobre los hechos sigue vigente, a pesar de innumerablesúmeras pruebas en contra de dicha versiónsu contra.  

A lo largo de 4 años, las madres y los padres de los 43 se han convertido en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia, eny contra de la impunidad que gangrena México. Con el apoyo del Centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Pro DH) y otras organizaciones nacionales e internacionales, se han logrado demostrar que la presunta “verdad histórica” que resultó de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y que siemprese ha convertido en la versión oficial ha recibido el apoyo del gobierno, es una estrategia de las autoridades para cubrir a los verdaderos responsables de la desaparición masiva. 

Además de la falta de compromiso por parte de las autoridades y los pocos avances en términos de justicia, en el marco de las recomendaciones del GIEI, varias organizaciones de la sociedad civil (entre ellas Tlachinollan) estudiaron los impactos psicosociales del caso Ayotzinapa sobre las madres y los padres de los 43 desaparecidos y destacaron los procesos revictimizantes que han sufridosufrieron a raíz de las actuaciones de las autoridades durante las investigaciones.  Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, muriófalleció sin saber el paradero de su hijo. Dicen que la situación de estrés y dolor por la desaparición de su hijo agravó su enfermedad y eventualmente fallecióle mató. 

Pero el compromiso constante de las madres y padres no ha sidofue en vano. El pasado 31 de mayo, un tribunal de Tamaulipas ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa a causa de la gravedad de las irregularidades detectadas. Al mismo tiempo, ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (CIVJ). Más aún, en la sentencia se afirma que “debido a que en México lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación, consisten en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, a través de sus representantes, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del ministerio público.”  

El caso de Ayotiznapa es emblemático porde la falta de voluntad política por parte del gobierno mexicano de abordar de manera respetuosa y justa el tema de la desaparición forzada. Sin embargo, y a pesar de que este caso sea reconocido por en todo el mundo, ha sido complicado lograr avances al nivel político y jurídico, lo que para las madres y los padres de los 43 representa todavía una cicatriz abierta.  

Desde PBI apoyamos a organizaciones tanto del Movimiento por Nuestros Desaparecidos como de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, quienes luchan para que se reconozca la problemática de la desaparición forzada en México y para que las voces de las víctimas sean escuchadas e incluidas en el diseño de políticas públicas sobre el tema. 

Ambos movimientos subrayan la necesidad de mostrar voluntad política en todos los niveles del Estado mexicano, para buscar a las personas desaparecidas, identificar los restos y devolverlos de manera respetuosa a sus familias para que puedan tener un entierro digno y para que sus familiares puedaen empezar con sus procesos de duelo que han sido obstaculizados por la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.  

El tema de la desaparición forzada es un reto enorme para el nuevo gobierno de López Obrador, que ha declarado que el caso de Ayotzinapa será una prioridad para la administración en el marco de sus programas de justicia transicional y de paz y reconciliación.