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El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) es una organización de derechos humanos que desde 1993 trabaja en el estado de Guerrero. Promueven y defienden derechos de los pueblos ñuu savi, me’phaa, nauas, nn´anncue y mestizos de la región de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero; entre ellos los derechos colectivos de los pueblos indígenas; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y derechos de la mujer.

El estado de Guerrero resulta un territorio de interés para el sector minero, debido a los 42 yacimientos que posee. Treinta y ocho concesiones habrían sido entregadas por el gobierno federal con el fin de realizar actividades de exploración y explotación minera, sin tomar en cuenta el derecho al territorio y a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas. Según el último informe del CDHM Tlachinollan, los pueblos que habitan la región han identificado el extractivismo minero como una de las principales amenazas sobre el territorio, por lo cual han desarrollado una serie de estrategias de resistencia y lucha tanto a nivel local como de trabajo en red. Un caso reciente y exitoso es el de la comunidad San Miguel del Progreso, Júba Wajíín -en lengua Me’Phaa- la cual desde el 2011 rechaza de forma colectiva la minería a cielo abierto en su territorio y quienes en junio de 2017 lograron el fallo que la prohibe a través de la sentencia del juicio de amparo 429/2016. Esta sentencia es el resultado de un proceso colectivo llevado por la comunidad, conformada por más de 3800 personas, quienes viven de sus siembras de maíz y café principalmente, y quienes siguen luchando para que todos los actores involucrados den cumplimiento al fallo. Si bien esta sentencia es una señal positiva a favor de los pueblos y sus derechos colectivos, las comunidades están reforzando sus procesos organizativos para poder ejercerlos.

“Estamos aquí, porque están luchando ustedes”

En la Montaña de Guerrero, 20 núcleos agrarios se han organizado como una estructura de origen indígena y agraria para hacer frente a proyectos extractivos que amenazan a su territorio. Desde el año 2012 han recurrido a diversos recursos jurídicos e implementado una intensa campaña informativa para que mujeres y hombres de los pueblos me´phaa, ñuu savi y suljáa, pertenecientes a más de 200 comunidades, puedan acceder a información confiable que les permita conocer acerca de las consecuencias y daños que provoca el nuevo modelo de minería a cielo abierto. Este proceso les ha permitido poder tomar decisiones de manera libre en sus propias asambleas comunitarias, lo que ha derivado en el rechazo de este tipo de proyectos. A la fecha, la lucha del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), se ha identificado como un referente regional y nacional, a través de la fuerza que han mostrado para impedir que se instalen proyectos de minería en sus casi 180 mil hectáreas de territorio que administran y controlan. Sus declaratorias de municipios libres de minería, junto con amparos, han creado un blindaje que alienta a muchas otras comunidades a integrarse a dicho Concejo y a impedir que empresas extranjeras les despojen de sus bienes naturales.

En su informe de 2011, Tlachinollan da a conocer que cerca de doscientas mil hectáreas de la región de la Montaña han sido concesionadas para exploración y explotación minera. A partir de la difusión de esta información, en las comunidades comienza un proceso de organización de los diferentes núcleos agrarios para el cuidado y defensa del territorio. En el año 2012, el gobierno federal anunció el decreto de la “Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero”. Dicho proyecto era un ANP (Área Natural Protegida) de 157 mil hectáreas, que afectaba a 13 núcleos agrarios de 5 municipios. Esta ANP se ubicaría en las comunidades con mayor concentración de bosque, agua y biodiversidad y coincidiría con las concesiones mineras de mayor tamaño en la región, lo cual era realmente alarmante para la mayoría de la población. Este anuncio de decreto detonó la inconformidad de los núcleos agrarios y generó un proceso de articulación de los mismos por la defensa de su territorio ante cualquier tipo de amenaza que violentara sus propios procesos internos de toma de decisiones.

Defender el territorio: Cuidar la vida de quienes vendrán

Mi nombre es Valerio Amado Solano, soy presidente de la comisaría de bienes comunales de San Miguel del Progreso, comunidad en donde todos somos de origen me´phaa. Entre 2010 y 2011 nos dimos cuenta que algo iba a haber, pues volaron muy bajito helicópteros y entraban a una comunidad y salían, y luego entraba el otro, y así iban y al rato regresaban; y nos enteramos que era la minería. Entonces el comisariado en 2011 convocó a una reunión para ver qué íbamos a hacer con este problema que se venía y el pueblo levantó una carta en donde se rechaza definitivamente la minería, esa acta se mandó al registro agrario nacional en la capital de Chilpancingo, porque eso lo exige la Ley Agraria. Ya después se interpuso el amparo en el 2013 y este tardó hasta el 2015, pero como salió a favor de la comunidad el gobierno, la Secretaría de Economía, no quiso [aceptarlo] porque también queríamos que se revisara la ley minera, para que hubiera más favor de nuestro lado; pero ellos mejor decidieron cancelar las dos concesiones: Reducción norte, Corazón de Tiniebla y Corazón de Tiniebla.

Ya sabíamos que nos iban a llegar con mentiras, que si nos construían una casa de material, que si nos ponía un carro allá afuera, que si nos daban carretera, luz, agua, todo eso. El pueblo dijo que no, porque no quería que se destruyesen los cerros, ya que nosotros vamos a los cerros y pedimos, porque es un lugar sagrado, ¡y de ahí nace el agua que abastece el pueblo!. Tenemos otros lugares sagrados también a donde vamos a esconder los huesitos de los animales que matamos para comer, tenemos lugares donde vamos a traer quelite, vamos a traer hierbas medicinales, ¿y todo eso a cambio de que nos iban a poner una casa? y ¿esa casa cuánto podía durar?... Bueno, serviría para nosotros, pero ¿y para los que nos siguen?. Uno de los principales obstáculos que hemos tenido, fue en el primer amparo, en donde el gobierno o la Secretaría que corresponda dijo que nosotros no éramos indígenas, porque como somos indígenas el Convenio 169 nos apoya, para deslindarse de su responsabilidad el gobierno dijo “no, ustedes no son indigenas y tampoco están organizados”.

Ya después en el 2012 se formó el consejo de autoridades en defensa del territorio, porque ya otros también se estaban dando cuenta de que sí se les estaban concesionando sus territorios. Ese consejo sigue vigente, y está compuesto por comunidades de más de 20 núcleos agrarios de varios municipios y sus comunidades. El declarar la zona libre de minería es para todo el pueblo y para todas las otras comunidades, al ganarse el amparo la primera ocasión benefició a siete comunidades y dos municipios, y el amparo de ahora beneficia a tres municipios y a siete núcleos agrarios. Y lo que queremos es que esto se difunda, para que ante cualquier problema, ya tengamos apoyo de la gente. Porque no está bien lo que quiere hacer el gobierno, privarnos de nuestros recursos, que nuestros antepasados han sabido cuidar, y nosotros estamos haciendo lo mismo. Sobre si aceptaríamos una consulta indígena, pues rotundamente no, no nada más porque yo lo digo o porque San Miguel lo dice, si no que es un acuerdo regional Costa-Montaña. ¡Es que es a cielo abierto!, o sea, van a devastar pues a la comunidad y varias otras comunidades; y ya hemos ido a Carrizalillo y vimos como están deshaciéndose los cerros ahí, los problemas que enfrentan los comuneros ahorita, el crimen organizado, mucha gente se está saliendo del lugar; entonces, ya tenemos pues evidencia de lo que nos pueda pasar.

Las concesiones mineras otorgadas por el Estado mexicano en la Montaña de Guerrero, representan para las comunidades indígenas la imposición de una política que atenta contra la reproducción de las formas de vida arraigadas en la cosmovisión ancestral de los pueblos me`phaa, en donde la naturaleza se entiende como algo sagrado a la que se cuida y defiende. Las acciones jurídicas y organizativas emprendidas por San Miguel del Progreso y otras comunidades de la Montaña de Guerrero son un ejemplo para otros pueblos empeñados en el ejercicio y defensa de los derechos colectivos reconocidos a nivel internacional en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sobre la consulta previa, libre e informada, entre otros. Estas iniciativas han sido acompañadas en el terreno por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y articulados a través de un trabajo en red de las propias comunidades.