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El 22 de junio, PBI acompañó a EDUCA, (Servicios para una Educación Alternativa) durante la “Primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca Contra la Minería” en marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería. Varias comunidades de los Valles Centrales afectadas por actividad minera se unieron en San Martín de los Cansecos para realizar una fiesta de resistencia y para reafirmar, “Sí a la vida, no a la Minería”.

El evento se realizó con el propósito de visibilizar la problemática y exigir la cancelación de las 322 concesiones mineras que existen en el estado. En total estas concesiones representan 5% del tierra del estado, la mayoría siendo tierras de comunidades indígenas. El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios denunció que “el modelo extractivo y económico del gobierno federal, sus concesiones y proyectos mineros es la principal amenaza para los pueblos porque se imponen violentamente, despojando de las riquezas mineras, culturales, espirituales y organizativas que le dan sentido de pertenencia a nuestra madre.”

Las comunidades afectadas manifestan que el extractivismo, a menudo operado por empresas extranjeras, ha causado graves daños al medio ambiente. Los impactos incluyen la contaminación de cuerpos de agua superficiales de la comunidad, una falta de agua disponible para las comunidades debido a la demanda de agua de la mina, la emisión de gases peligrosos y un exceso de polvos que dañan a cultivos, según el estudio caso “Minería y Privilegios” de Oxfam. Adicionalmente, el año pasado una presa de jales que almacena desechos mineros de la empresa Fortuna Silver Mines se derramó en dos ocasiones, contaminando al Río Coyote y los principales afluentes.

También, las comunidades de los Valles Centrales denuncian graves afectaciones en el ámbito social debido a la falta de transparencia por parte de Fortuna Silver Mines y las autoridades municipales y el hecho que los pobladores no fueron consultados antes de la llegada del proyecto. Cabe destacar que en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, pueblos indígenas tienen “el derecho a la consulta previa, libre e informada”. Las personas defensoras del territorio, por su cuestionamiento y oposición hacia los proyectos mineros, han sufrido hostigamientos y criminalización. El conflicto minero en los Valles Centrales ha resultado el asesinato de cuatro personas.

El pasado marzo el Frente No a la Minería, compuesto de varias comunidades de la región, exigió en un comunicado al Presidente de la República que sea respetada su determinación de declarar sus territorios prohibidos para proyectos mineros. En el comunicado expresaron su oposición al proyecto minero “San José” de Fortuna Silver Mines en el municipio de San José del Progreso y pidieron que realice una investigación exhaustiva de la responsabilidad penal y administrativa de la empresa por la contaminación. Exigieron la cancelación de las concesiones mineras en su territorio y que se generen mecanismos para la reparación integral del daño. Sin embargo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se revocarán las concesiones mineras existentes, pero ya no se otorgarán nuevas.

Según el estudio caso de Oxfam, en los Valles Centrales se han otorgado 112 títulos de concesiones minera con un superficie total de 211,428 hectáreas, 22% de la región.

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