El pasado 25 de mayo, PBI organizó en la Ciudad de México un encuentro entre representantes de la comunidad internacional y organizaciones que tuvo como línea de trabajo la defensa de la tierra y del territorio en México. En esta ocasión, se contó con la participación de dos organizaciones acompañadas por PBI, Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) de Oaxaca y la Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) de Chihuahua, además de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redcom). Por parte de la comunidad internacional respondieron a nuestra invitación las embajadas de Australia, Canadá, España, Reino Unido y Suecia.
Este encuentro se dio como seguimiento a las actividades y reuniones realizadas a finales de 2017 en el marco de la publicación de PBI Defender la Vida, con el fin de continuar el intercambio entre organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras que trabajan la defensa de la tierra y el territorio y representantes del Cuerpo Diplomático.
Según su informe del año pasado, el Centro mexicano de Derechos Ambientales A.S. (CEMDA) registró que en 2018 fueron 49 los casos de ataques a personas defensoras de derechos de la tierra, y que 21 fueron asesinadas por defender el medio ambiente. Según este mismo informe “Puebla fue el estado que registró el mayor número [de ataques], con un total de 8, seguido de Oaxaca y Chihuahua”. El origen del mayor número de ataques ocurrido tuvo que ver con el desarrollo de los proyectos económicos nacionales y extranjeros en los territorios. La actual política económica de desarrollo económico del nuevo gobierno mexicano tiende a favorecer tales proyectos, unas de las zonas por la cual las personas defensoras del medio ambiente y el territorio siguen siendo en situación de mayor vulnerabilidad.
La región del istmo de Tehuantepec, en el sur del país, es conocida por la presencia de grandes proyectos de desarrollo, establecidos en las llamadas ¨zonas económicas especiales”, y por hacer parte de la zona del corredor transísmico. Durante el encuentro, representantes de la Redecom expresaron sus preocupaciones sobre los vicios procesales y violaciones graves a los derechos humanos durante la consulta indígena del proyecto “Energía Eólica del Sur” inaugurado en mayo de este año. “[Un] parque eólico más grande de América Latina, con 132 aerogeneradores de la empresa Vestas (...) instalado en tierras privadas y comunales en Juchitán y El Espinal”.
De igual manera, se compartieron preocupaciones sobre las consecuencias de la concesiones mineras en el estado de Oaxaca y la marginación, el conflicto social y las enfermedades de sus pobladores que conllevan dichos proyectos. Al respecto, durante el Tercer Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones parte de la campaña Aquí decimos Si a la Vida No a la Minería, se ha reportado la existencia de 322 concesiones mineras en el estado de Oaxaca sin consulta previa a los pueblos indigenas. Vale la pena resaltar que muchos de esos proyectos están financiados por inversiones extranjeras.
ASMAC, organización que PBI acompaña desde 2018, trabaja con pueblos y comunidades de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, promoviendo sus derechos de defensa de la tierra y territorio. Entre otras actividades, la organización brinda acompañamiento y asesoría jurídica a las comunidades rarámuri y choréachi que sufren incursiones en sus territorios por parte de empresas mineras, narcotraficantes y explotación ilegal de talla de arboles.
Durante el encuentro, las y los representantes de ASMAC reiteraron sus inquietudes a miembros de la comunidad internacional sobre las incursiones de empresas en su territorio, la explotación ilegal de madera y de la minería. Para las comunidades indígenas, esos factores externos traen fuertes cambios culturales, como la pérdida de su identidad y de su lengua, además de la preocupante violencia que viven en sus territorios. Como ejemplo de la gran vulnerabilidad por la que atraviesan las personas en los territorios, no podemos dejar de mencionar el caso de Julián Carrillo, líder rarámuri de la comunidad Coloradas de la Virgen, quien fue asesinado a pesar de ser beneficiario de medidas del Mecanismo Federal de Protección para personas defensoras de derechos humanos del gobierno mexicano. Antes del asesinato de Julián Carillo, cuatro miembros de su familia fueron igualmente asesinados: un hijo en febrero de 2016, dos sobrinos en julio de 2016 y septiembre de 2017, y un yerno en julio de 2018.
Por su parte, las personas representantes de las embajadas invitadas expresaron su compromiso frente al respeto de los derechos humanos en México. Se comprometieron a dar seguimiento a las inversiones económicas en México por parte de las empresas de sus países respectivos y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación. Varias de las embajadas anunciaron su presencia, en calidad de observadores, a la séptima revisión de las mesas de trabajo del Plan de Contingencia para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua en julio de este año.
PBI México reitera la importancia de visibilizar la preocupante situación de las personas defensoras de la tierra y el territorio, insta a las autoridades a cumplir con su deber de proteger a esta población y hace un llamado a la comunidad internacional para continuar apoyando la legítima labor de las personas defensoras de derechos humanos en México.