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Este mes de enero del 2019 se cumple por segundo año consecutivo el aniversario de los asesinatos de dos líderes Rarámuris en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, en el Norte de México. Isidro Baldenegro López, asesinado el 15 de enero del 2017, era defensor del medio ambiente, sobre todo contra la tala ilegal en el municipio de Guadalupe y Calvo. Desde hacía mucho tiempo, su labor estaba respaldada y reconocida por organizaciones internacionales y fue premiada con el premio Goldman en 2005. Juan Ontiveros Ramos, asesinado el 31 de enero del mismo año, defendía el territorio ancestral de su comunidad, la comunidad Choréachi, también ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo. Así, hacemos de estos aniversarios tristes una ocasión para recordar la situación de alto riesgo de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente en la Sierra Tarahumara.

La Sierra Tarahumara forma parte de la Sierra Madre Occidental y está ubicada en Chihuahua, estado en el noroeste de México. El municipio Guadalupe y Calvo queda en la zona sur de la Sierra. Como revela el informe “¿A qué precio?” que publicó Global Witness en julio del 2018, los problemas principales en la Sierra Tarahumara son los proyectos de extracción, como la tala legal e ilegal de madera o las concesiones mineras; la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado; la presencia del crimen organizado; la impunidad persistente y la protección insuficiente por parte de las autoridades. El informe reporta un aumento de asesinatos en los últimos años, que fueron 3 en el año 2016 y 15 en el 2017, entre ellos Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros. Ambos asesinatos siguen impunes.

El tema sigue vigente hoy en día, no sólo por esta impunidad ni por el hecho de que una investigación exitosa quede pendiente sino también por la necesidad de recordar la lucha de estos dos defensores y por el hecho de que a día de hoy continúen los asesinatos de personas defensoras y líderes indígenas en la Sierra Tarahumara. El caso mas reciente es el de Julián Carrillo Martínez, asesinado el 24 de octubre del 2018. El defensor y presidente de bienes comunales de la comunidad Coloradas de la Virgen, ubicada en el mismo municipio de Guadalupe y Calvo, había recibido amenazas desde el 2016 que provocaron su desplazamiento forzado temporalmente. Las autoridades sabían de su situación de riesgo ya que era beneficiario del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado federal. Sin embargo, y pese a los varios asesinatos de familiares de Julián Carrillo en los años anteriores, cuando regresó a su comunidad, lo asesinaron a él también.

En el comunicado sobre el asesinato de Julián, las organizaciones de la sociedad civil chihuahuense, entre ellas organizaciones acompañadas y aliadas de PBI, no sólo expresaron su luto por el defensor y su preocupación por la situación; también emitieron las siguientes peticiones: una investigación inmediata del asesinato, la revisión y evaluación de medidas del Mecanismo, y la implementación y el seguimiento del Plan de Contingencia en Chihuahua, cuyo fin era - y es - mejorar la situación de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos en el estado y en la Sierra Tarahumara. Como PBI, apoyamos estas peticiones y confiamos en la disposición mostrada por representantes del nuevo gobierno federal de seguir el diálogo con las organizaciones y de poner en marcha las acciones pendientes.

Reconociendo los esfuerzos y avances que hay en la investigación del asesinato de Julián Carrillo, expresamos nuestro interés de que se siga en este camino y que se retomen las investigaciones de los demás asesinatos impunes. La comunidad internacional seguirá atenta.

El seguimiento de la comunidad internacional por la situación de inseguridad en la Sierra Tarahumara se vio reflejado en la visita de la delegación de la Unión Europea poco después del asesinato de Julián Carrillo. En este diálogo directo con las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ASMAC A.C., organización acompañada por PBI, los y las representantes de diferentes embajadas europeas tuvieron la oportunidad de obtener información de primera mano, lo que les permitirá dar seguimiento a la situación. Esperemos que todas las actividades ya realizadas, previstas y por desarrollar contribuyan a la disminución del riesgo de las personas defensoras, a la justicia en los casos de asesinatos ya cometidos y a la prevención de futuros ataques letales, para que las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente de la Sierra Tarahumara en Chihuahua puedan seguir su legítima labor con seguridad y reconocimiento.