Entrevista con Yésica Sánchez, abogada feminista y directora adjunta de Consorcio Oaxaca. Parte 1

Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, promueve el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género. Promueven una protección integral feminista que parte del autocuidado.

Consorcio es una de las organizaciones impulsoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras que hoy articula a más de 1.200 defensoras de América Latina. En Oaxaca, han jugado un rol clave en el movimiento social, desde las protestas sociales en 2006 hasta la reciente articulación en la marea verde por la despenalización del aborto en Oaxaca.

En los últimos años, la organización ha sufrido una serie de agresiones, entre las más graves, cabe señalar 11 allanamientos en sus domicilios particulares y oficinas de Consorcio entre 2011 y 2018.

¿Cuáles han sido las prioridades en el acompañamiento de los procesos organizativos de las comunidades en Oaxaca?

Una de las principales prioridades que tenemos es el fortalecimiento de los procesos organizativos desde un enfoque feminista. Hemos desarrollando un proceso de consolidación de nuestra protección, pero a la vez ha impactado a las otras mujeres defensoras de la región. Acompañamos a quienes están acompañando los procesos comunitarios, pero somos cuidadosas de no comernos los procesos comunitarios nosotras. Lo hacemos organizando encuentros, círculos de reflexión, círculos de estudio y documentación de casos. Una de las organizaciones que acompañamos es el Comité por la Defensa de los Derechos Indígena (CODEDI) una organización histórica en la región que sufrido varios ataques en su contra los últimos años y que trabaja temas de despojo de la tierra y el territorio en las regiones Costa y Sierra Sur de Oaxaca. Vale la pena también mencionar a Corriente del Pueblo Sol Rojo y el caso de feminicidios de las Maestras Sección 22.

¿Y cuáles han sido los retos de Consorcio como organización ante la defensa de derechos humanos?

Trabajar en una diversidad de espacios, como el acompañamiento a procesos de jóvenes, a procesos judiciales de mujeres que viven violencia y a defensoras que viven en riesgo, nos ha colocado como una organización bastante incómoda hacia el gobierno del estado, al menos en Oaxaca.

Frente a la defensa de los derechos humanos, nosotras hemos enfrentado una cantidad de campañas de difamación. Por ejemplo, desde inicios de año cuando dimos nuestro respaldo a Anabel López para que pudiera ocupar el Espacio de Mujeres se nos abrió una vertiente de acusaciones de corrupción. Interpelamos a todos las difamaciones y nunca nos pudieron colocar nada.

Cuando lancé mi candidatura a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca vino una campaña súper fuerte en la que documentamos cada uno de los ataques que una mujer defensora puede tener. A esto se le suman los ataques que puede sufrir una mujer que quiere saltar a espacios públicos de poder; la forma en la que se inmiscuyen en la vida privada, que no lo hacen en el caso de los hombres. Fue muy interesante todo este proceso, primero la acusación de corrupción, luego la de “mala mujer”.

¿Cómo han afrontado los impactos en su situación de seguridad como mujeres defensoras por acompañar casos de detención arbitraria y/o tortura?

En Consorcio le apostamos a la autoprotección. Siempre estamos intentando hacer revisión de los protocolos físicos y del impacto psicosocial de nuestra labor. Reconocemos que el trabajo que hacemos tiene desgastes e impacto que intentamos afrontar a forma de política institucional.

El trabajar el tema de protección integral hacia afuera también ha generado la interpelación interna de cómo queremos trabajar hacia adentro y cómo los equipos pueden ser sostenibles a largo plazo asumiendo este tipo de procesos. Este tipo de estrategias que el estado bota (difamación, acusaciones de corrupción o de que tienen mucho dinero) tienen una acción deliberada de colocarnos en estatus de riesgo. Tenemos mucha preocupación por la seguridad del equipo.