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Impulsado hace una década por la sociedad civil mexicana y por entidades internacionales, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas si bien fue un avance considerable sigue teniendo deficiencias notables e insuficiencias preocupantes en el contexto de alto riesgo al cual se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México.

Los primeros pasos tuvieron lugar en 2008, cuando varias de organizaciones de la sociedad civil mexicana se empezaron a reunir para crear una agenda de trabajo que permitiera hacer frente al clima hostil que estaban viviendo las personas defensoras de derechos humano y periodistas. En 2010, este grupo de organizaciones comenzó a trabajar en una propuesta de mecanismo al Gobierno mexicano, definiendo los objetivos, funciones, estructura y participación de la sociedad civil del futuro Mecanismo de protección. De este trabajo derivó la creación del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, más conocido como Espacio OSC, conformado oficialmente en el año 2012.

A raíz de esta iniciativa de la sociedad civil, velada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH), el gobierno mexicano organizó el foro ¨Hacia un Mecanismo de Protección Para Periodistas y Personas defensoras de los Derechos Humanos¨, un primer paso positivo hacia la creación de un Mecanismo de Protección, que infortunadamente perdió su impulso debido a cambios en el Gobierno. A pesar de esto, en otoño de 2010, y bajo fuertes presiones políticas, se creó un mecanismo de protección, sólo para periodistas, abandonando la idea inicial de un único instrumento para personas periodistas y defensoras. Durante todo este periodo, el rol de PBI México ha sido esencial, como organización internacional observadora y como asesora externa, debido a su amplia experiencia en materia de protección.

En 2011, mientras las discusiones con el ejecutivo y la Secretaria de Gobernación (SEGOB) siguen sin dar los resultados esperados, el Espacio OSC decide impulsar la vía legislativa, proponiendo un proyecto de ley en el Senado. Después un intenso trabajo de incidencia política, - la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue aprobada por unanimidad en el Senado y en el Congreso, y firmada por el entonces Presidente Felipe Calderón, el 22 de Junio de 2011.

Hoy en día, una década después la aprobación de dicha Ley de Protección, los resultados del Mecanismo siguen siendo insuficientes para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. De diciembre de 2018 a finales de agosto de 2019 por lo menos 24 personas defensoras y 15 periodistas habían sido asesinadas en el país, tres de ellas eran beneficiarias del Mecanismo Federal de Protección. En octubre de 2019, durante el “Diálogo regional entre Autoridades, expertos y sociedad civil”, personas expertas, miembros del Espacio OSC y de la comunidad internacional, expresaron sus inquietudes frente a la política publica integral de protección a un año de la entrada del nuevo gobierno federal.

Enrique Eguren, especialista en temas de protección de la organización Protection International, entrevistado durante dicho evento, insistió en el hecho de que las raíces del problema son más profundas que unicamente estructurales. Según el especialista, la figura de los Mecanismos de Protección carece de varias insuficiencias, como por ejemplo la percepción que hay de las personas defensoras como “objetos de protección” y no como “sujetas de derecho”. Además, destaca que “los mecanismos son reactivos, tácticos e intentan responder a situaciones otorgando medidas de protección; pero el mecanismo no puede incidir en las causas que genera el riesgo, por lo cual toda su reacción al riesgo esta condenada a continuar de manera indefinida”.

Reconocemos la buena voluntad del gobierno actual, que a través del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, aceptó abiertamente que el Mecanismo tiene falencias y solicitó a la OACNUDH realizar un diagnóstico en el cual se encontró, “entre otros, que el mecanismo podría ser más efectivo si tuviera más y mejores recursos, procesos internos más eficientes y una mejor coordinación con otras autoridades”; este y otros hallazgos fueron igualmente identificados en el reporte que realizamos en conjunto con la Washington Office on Latin America (WOLA). En 2020, se espera del gobierno un verdadero compromiso en implementar una política publica integral de protección a través del seguimiento de las recomendaciones del diagnóstico de la OACNUDH, así como a través de la revisión de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, haciendo de este instrumento una respuesta adecuada a los riesgos que día a día continúan enfrentando las personas defensoras de derechos humanos.