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En el estado de emergencia sanitaria por el Covid-19, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil instan al Gobierno e instituciones mexicanas a generar medidas para garantizar el derecho a defender conforme a las recomendaciones nacionales e internacionales.

A través de una Carta Pública, el colectivo expresó preocupaciones y recomendaciones en torno al agravamiento de la situación de riesgo que experimentan personas defensoras y periodistas en el contexto actual de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, agudizada por la insuficiente respuesta de parte de las autoridades que tienen la obligación de garantizar el derecho a defender los derechos humanos en condiciones seguras, a la luz de la responsabilidad constitucional y convencional del Estado.

De acuerdo a cifras del Mecanismo Federal para la protección de personas defensoras y periodistas, en lo que va del año se han registrado 141 ataques contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos, de los cuales 60 corresponden a personas defensoras. En su comunicación, las organizaciones mencionan que desde el 15 de marzo, fecha en la que se decretó la emergencia sanitaria, se han identificado al menos 44 agresiones contra personas defensoras y periodistas, así como el asesinato de 4 personas defensoras de derechos humanos, según cifras oficiales.

Las organizaciones y personas firmantes solicitan de manera urgente a las autoridades competentes impulsar una estrategia a nivel nacional y adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y labor de personas defensoras y periodistas, en el marco del estado de emergencia sanitaria y la emergencia social, económica y ecológica, conforme a las recomendaciones de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, considerando las necesidades diferenciadas desde un enfoque de género, interseccional y de derechos humanos.

Semanas después de la emisión de esta carta pública, el Espacio OSC emitió un nuevo pronunciamiento en el que expresa su preocupación por la iniciativa de eliminación del Fideicomiso 10232: el pasado 20 de mayo, miembros del Grupo Parlamentario del Movimiento Nacional de Regeneración (MORENA) presentaron una iniciativa que busca extinguir, entre otros, el Fideicomiso, cuyo propósito es garantizar, a través de medidas de protección, la vida, integridad y seguridad de más de 1086 beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Según el colectivo de organizaciones, la anulación del Fideicomiso tendría un impacto negativo en la protección de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y víctimas, poniéndolos en un mayor grado de vulnerabilidad. Destacaron que, si bien es cierto que la actual crisis social y de salud representa un momento importante que merece un proceso de toma de decisiones de la Administración Pública para enfrentar los desafíos de la pandemia, es importante reconocer que la presión por la crisis económica y el reinicio de actividades no pueden ir en detrimento de los derechos humanos, ni de la vida y la necesaria labor de quienes defienden derechos humanos, ejercen la libertad de expresión, y de quienes  monitorean y fiscalizan el ejercicio de las autoridades públicas.

El Espacio OSC es un espacio de coordinación formado por 14 organizaciones de la sociedad civil de todo México. Dichas organizaciones llevaron a cabo un trabajo de incidencia conjunto para la creación del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y ahora monitorean su funcionamiento. Acompañado por PBI México desde su creación, el Espacio OSC resalta continuamente la ausencia y necesidad de crear una política pública integral de protección que incluya tanto la prevención, como la protección y el combate de la impunidad de agresiones contra quienes defienden los derechos humanos.