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Organizaciones sociales, instituciones del Estado y comunidad internacional rechazan las amenazas contra Consorcio Oaxaca y exigen al Gobierno mexicano la implementación de medidas eficaces para garantizar la seguridad de sus integrantes

El pasado 15 de junio, las integrantes de Consorcio Oaxaca, organización civil feminista que defiende los derechos de las mujeres y es acompañada por PBI México, fueron notificadas de un operativo policial a raíz de la aparición, en las oficinas de la organización, de una amenaza de muerte firmada por un grupo criminal. De acuerdo con el análisis de Yésica Sánchez, directora de Consorcio Oaxaca, el trabajo que realizan no tiene ninguna relación con los intereses del grupo firmante, por lo que la autoría podría ser atribuida a otro actor. La policía, según Sánchez, había realizado una visita diez días antes para verificar cómo se encontraban, pero no les dio ningún aviso cuando halló los elementos intimidatorios en el domicilio de la organización.1

Así, Consorcio Oaxaca considera que esta amenaza es la más reciente expresión de un conjunto de graves incidentes que buscan silenciar la campaña “Hasta que la justicie llegue”. Esta campaña ha sido impulsada por la periodista feminista Soledad Jarquín y apoyada por distintas organizaciones de la sociedad civil, y ha denunciado las irregularidades y omisiones del proceso penal que adelanta la Fiscalía General del Estado por el feminicidio de la joven fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín. De acuerdo con el comunicado de prensa de Consorcio, el “Gobierno de Alejandro Murat pretende disfrazar el asunto como un tema del Crimen Organizado”2 y estaría inhibiendo no solo las acciones de búsqueda de verdad, justicia y reparación en el caso recién mencionado, sino también las distintas labores que adelantan defensoras y defensores en el estado de Oaxaca3.

Varios sectores sociales se pronunciaron al respecto y exigieron la protección de Consorcio Oaxaca y Soledad Jarquín: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio resaltó el registro riguroso de feminicidios y desapariciones en Oaxaca adelantado por Consorcio, y afirmó que esta amenaza está dirigida a todas las mujeres y organizaciones que acompañan y defienden a otras mujeres4. El Espacio OSC, acompañado por PBI México, pidió al gobierno federal implementar medidas inmediatas para salvaguardar la integridad de Soledad Jarquín y de las integrantes de Consorcio, y para garantizar la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión, así como el acceso a la justicia en Oaxaca5. La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República repudió la amenaza y solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca investigar los hechos, identificar a los responsables y elaborar un informe sobre el estado del proceso penal por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín6. Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, reconoció, con motivo de la amenaza dirigida contra Consorcio, que “es deber de las instituciones velar por la seguridad y por el acceso de las mujeres a la justicia”7.

PBI México manifestó su preocupación por los hechos ocurridos el 15 de junio y por las acciones sistemáticas de intimidación que son dirigidas contra Consorcio Oaxaca, y llamó la atención del Estado mexicano y de la comunidad internacional sobre los riesgos a los que se exponen quienes defienden los derechos humanos en México. Asímismo, Mary Lawlor, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, pidió al Gobierno de México adoptar “las medidas adecuadas ante cualquier amenaza previsible a la vida o la integridad física de cualquier defensora de los derechos humanos”8 y recordó la necesidad de incorporar una perspectiva de género para responder a los peligros específicos que enfrentan las mujeres defensoras en México. Las Embajadas de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos en México condenaron todas las intimidaciones contra las integrantes de Consorcio Oaxaca, exigieron el esclarecimiento de las amenazas y ofrecieron apoyar los esfuerzos de protección a las integrantes de la organización.9 Por último, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, de la Organización Mundial contra la Tortura, resaltó el carácter reiterativo de las amenazas, los seguimientos y los allanamientos que ha sufrido la organización y la ausencia de investigaciones determinantes en estos casos10.

Reiteramos la petición que han hecho Consorcio Oaxaca, otras organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional para garantizar la seguridad, la integridad y la vida de quienes defienden los derechos humanos en México y acompañan a las mujeres en la búsqueda de justicia, verdad y reparación. Es deber del Estado mexicano investigar las amenazas contra Consorcio Oaxaca y activar los mecanismos correspondientes de justicia y protección para las integrantes de la organización y de las personas defensoras que ellas acompañan.