De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos1, cuando la pandemia de COVID-19 llegó a la región, las mujeres, en particular las defensoras, ya estaban enfrentando críticas condiciones de desigualdad, exclusión, violencia y exterminio. Sin embargo, las medidas implementadas por los gobiernos para reducir la propagación del virus han generado impactos diferenciales y han agudizado ciertos problemas estructurales relacionados principalmente con la precariedad del sistema de salud y la ineficiencia del aparato de administración y procuración de justicia, que afianza un clima de impunidad para las violaciones de Derechos Humanos, según Yésica Sánchez Maya de la organización Consorcio Oaxaca, acompañada por PBI México2.

El panorama descrito por las organizaciones de mujeres en México puede demostrarse a través de los registros estadísticos que estas y el gobierno federal elaboran para evaluar la situación de las mujeres en distintos ámbitos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana3 muestra que los presuntos feminicidios y las presuntas víctimas de feminicidio aumentaron más de 9% en el primer semestre de 2020 en comparación con las cifras del mismo período del año anterior. Asimismo, en algunos meses del primer semestre de 2020 hubo un número de presuntos homicidios dolosos de mujeres superior al de cualquier mes en 2019, y en abril se registró la mayor cantidad de mujeres víctimas de este presunto delito desde el inicio del registro en 2015. Por último, el número de llamadas de emergencia al 911 relacionadas con “incidentes de violencia contra la mujer” que se hicieron en febrero, marzo, abril y junio de 2020 es mayor que la cifra de cualquier mes en la historia del registro desde enero de 2016.

De este modo, las mujeres no solo están sufriendo exclusión laboral y la sostenida ampliación de sus jornadas de trabajo, sino también el recrudecimiento de distintas formas de violencia y exterminio, que están siendo insuficientemente atendidas por las autoridades y por la sociedad mexicana. En esta dirección, las organizaciones de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por “la puesta en duda de la gravedad de la violencia contra las mujeres por parte del presidente”4, quien afirmó en mayo durante una conferencia de prensa que “el 90% de las llamadas que registran por violencia contra mujeres son falsas”5. El 23 de abril, el presidente sancionó el Decreto que establecía algunas medidas de austeridad, a las que debían acogerse dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, dentro de las cuales estaban, entre otras, la reducción de los salarios de altos funcionarios y la no ejecución del 75% del presupuesto disponible para las partidas de servicios generales y materiales y suministros6. En consecuencia, Amnistía Internacional México denunció que el 15 de julio, un día después de que el presidente asegurara que “no hay disminución de presupuesto [y que] nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora”7, se anunció la decisión de recortar 151 millones de pesos mexicanos del presupuesto para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pasando por alto la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria y las facultades de la Cámara de Diputados.8 Al respecto, la directora del Inmujeres, Nadine Gasman, aseveró que el recorte “no es un golpe al presupuesto del Inmujeres, [sino] una reducción del presupuesto de toda la Administración Pública Federal, [… y además] las cuestiones que tienen que ver con darle respuesta a la violencia contra las mujeres no se han tocado, [pues] desde el principio se definieron como servicios esenciales y no han parado”9.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, anotó que las mujeres venían articulando robustos procesos de movilización en las calles para exigir al Estado respuestas contundentes contra la desigualdad. No obstante, las cifras de la “violencia feminicida”, categoría utilizada por Estrada para describir el contexto de graves violaciones a los derechos de las mujeres, se han elevado drásticamente y la pandemia “paralizó a las autoridades”10, que interrumpieron sus acciones de atención a víctimas y cancelaron reuniones de seguimiento a las alertas de género. A pesar de que el gobierno federal declaró el carácter esencial de la procuración y la administración de justicia, las fiscalías de algunos estados cesaron en sus actividades y algunas establecieron guardias con poco personal calificado para atender sólo hechos urgentes, por lo cual varios procesos en curso fueron suspendidos y las víctimas y los familiares de víctimas vieron postergada la posibilidad de acceder a la justicia.

Con respecto a las mujeres defensoras, María de la Luz Estrada ha señalado que las organizaciones que convergen en la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México están promoviendo la adopción de protocolos de autocuidado para seguir trabajando y no paralizarse, pero “esto no le pasa a todas las redes, [pues] desafortunadamente no todas las defensoras cuentan con condiciones y [muchas] compañeras […enfrentan] una situación precaria”11 por la reducción de sus ingresos y por la enfermedad de algunos familiares. Además, siguen lidiando con la ausencia de condiciones de seguridad para seguir adelantando su legítimo trabajo de defensa. De acuerdo con el registro del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas12, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, entre enero y mayo de 2020 hubo 250 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de las cuales 52 fueron dirigidas contra defensoras y 34, contra mujeres periodistas. Según Yésica Sánchez Maya, entre enero y junio de 2020, 266 mujeres defensoras de Derechos Humanos han sido atacadas y las principales modalidades son la difamación, la criminalización y el asesinato. La integrante de Consorcio Oaxaca considera que “estamos regresando a las luchas iniciales por los Derechos Humanos, a nuestros derechos civiles y políticos, que eran batallas que creíamos que ya habíamos logrado, pero este retroceso de los estados también nos recoloca en los desafíos de nuestras agendas temáticas, de nuestras agendas frente a la comunidad internacional, pero también en esta vinculación de patrones regionales, que se han ido registrando”13.

Desde PBI México, reconocemos las condiciones adversas, agudizadas por la pandemia, que enfrentan y denuncian las mujeres y las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en México, y hacemos un llamado a las autoridades locales, estatales y federales y a la comunidad internacional para que activen los mecanismos necesarios para responder a la difícil situación que viven las mujeres en el país, garantizando su vida, su bienestar y la continuidad del trabajo de las defensoras de Derechos Humanos.