El 30 de agosto de cada año, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.  Este año se cumple el décimo aniversario del establecimiento de la fecha por parte de Asamblea General de la Organización Naciones Unidas (ONU) [1], propuesta por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, para reiterar la responsabilidad de los Estados sobre la protección de todas las personas desapariciones y quienes les buscan.

A 10 años de esta declaratoria por parte de la ONU, el Estado Mexicano cuenta un nuevo record negativo: son más de 90 mil 600 personas desaparecidas que no han sido localizadas[2] y alrededor de 52 mil personas sin identificación[3]. Estos números demuestran que la desaparición forzada y por particulares se ha convertido en una práctica masiva y sistemática. La falta de identificación es hoy una crisis forense en México. Además, otra problemática que se está cristalizando es el aumento de la violencia contra las familias en búsqueda y las personas defensoras trabajando en este ámbito.

Desde el fin de semana en todo México y hoy, 30 de agosto, familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, personas defensoras de derechos humanos y personas solidarizadas con esta problemática se han reunido en varias partes del país para apropiarse del espacio público y nombrar a las personas desaparecidas. En los actos y acciones en distintos lugares del país han proclamado que entre los principales obstáculos para localizar a sus seres queridos están la falta de coordinación y voluntad de y entre las instituciones de los gobiernos estatales y federales, las deficiencias estructurales del poder judicial y de las fiscalías que permiten que las cifras de personas desaparecidas crezcan y que la impunidad en la mayoría de los casos continúe[4].

Estas condiciones han impactado directamente en el riesgo que enfrentan las familias y las personas defensoras de derechos humanos para ejercer la búsqueda. En general, quienes encabezan las búsquedas y la lucha por encontrar a sus familiares son mujeres[5]; hermanas, hijas, tías y especialmente, madres. Quienes además del riesgo que enfrentan por buscar a su familiar, también experimentan amenazas y ataques directamente vinculadas a su condición de género. Como comunicó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) el día de hoy, los colectivos de búsqueda que se han constituido a lo largo del país surgen debido a una ineficiencia de las instituciones de búsquedas estatales y locales, y son ellas quienes muchas veces son intimidadas, amenazadas, perseguidas, criminalizadas, violentadas e incluso asesinadas[6].

Por ejemplo, Guadalupe Valenzuela Palazuelos y Hortensia Rivas Rodríguez fueron asesinadas en las últimas dos semanas. Ambas eran madres en busca de sus hijos desaparecidos -Jesús Alfonso Argüelles Valenzuela y Víctor Manuel Guajardo Rivas- y ambas han partido sin encontrarles. Semanas atrás, a finales de junio de este año, Gladys Aranza Ramos Gurrola fue secuestrada y asesinada en Sonora; era integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora. A sus 28 años, buscaba a su pareja y padre de su hija, Brayan Omar Celay, desaparecido a finales de 2020[7].

En la experiencia que desde PBI México hemos vivido con las personas defensoras que acompañamos, la búsqueda implica mucha desilusión y frustración para quienes se han tenido que convertir en rastreadoras. El camino es tortuoso y se encuentra lleno de incertidumbres y dificultades que agravan la continuidad de la ausencia. Por ello, cada pérdida de una madre o familiar buscadora que fallece sin encontrar a su familiar es tan impactante, se convierte en un recordatorio de lo urgente que significa para muchísimas personas el pasar día a día sin tener noticias de su ser querido.

Esto también se relaciona directamente con el trabajo que realizan los colectivos. Idheas, organización de la sociedad civil mexicana, reportó ya en 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la situación de riesgo de las personas buscadoras es alarmante, y que surge de sus actividades de búsqueda y localización y de su presencia en zonas de fosas clandestinas, ya que estos espacios se caracterizan por la ausencia de instituciones estatales o de condiciones de seguridad. También proviene de su visibilización ante autoridades locales y estatales, o medios públicos con las denuncias de desapariciones, búsqueda o la publicación de información sobre las desapariciones que implican a autoridades y la no implementación o implementación deficiente de las búsquedas y medidas cautelares para su protección[8].

Esas amenazas, ataques, desapariciones y asesinatos han impactado en la integridad física y mental de las personas integrantes de los colectivos y las personas defensoras en este ámbito, lo que dificulta su lucha y que les puede llevar a tener que abandonar la búsqueda de sus familiares, desplazarse forzosamente de su lugar de vivienda o incluso a exiliarse del país, rompiendo los lazos familiares que tenían y dejando fuertes impactos en el tejido social mexicano.

Por ello, desde PBI expresamos nuestra fuerte preocupación por la situación de riesgo y las violaciones a los derechos humanos de los y las integrantes de los colectivos en búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y por particulares, así como de las organizaciones de derechos humanos que trabajan a su lado.

Nos sumamos al llamado[9] de las personas defensoras que acompañamos para que:

• Las autoridades mexicanas cumplan con su responsabilidad de llevar a cabo urgentemente las debidas investigaciones de los casos, implementando correctamente las medidas de protección otorgadas a las personas defensoras y las personas buscadoras de sus familiares y garantizando su seguridad en procesos de búsqueda.

• La comunidad internacional siga visibilizando las violaciones de derechos humanos de las personas víctimas de desaparición y de las familias buscadoras, brindándoles el apoyo necesario en línea con las normas y directrices internacionales.