HRD security and protection

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo tras encabezar una campaña electoral enfocada en gran medida en el combate a la corrupción y la inseguridad, y en la pacificación y reconciliación para el pueblo mexicano. Este informe se centra en cómo el nuevo gobierno puede abordar un aspecto importante de este esfuerzo: crear un entorno más seguro y propicio para que periodistas y personas defensoras de los derechos humanos puedan realizar su importante trabajo.

Crédito de la foto: Reforma

Durante los últimos meses, PBI junto con varias otras organizaciones nacionales e internacionales, hemos llamado la atención sobre el riesgo extraordinario en que viven las personas quienes defienden su territorio en contra de proyectos económicos en México y por toda la región de América Latina. Durante las últimas semanas en México estas advertencias se han convertido en realidad, y lamentablemente, la situación que prevenimos se ha empezado a llevar a cabo.

«México debe asegurar los derechos de asociación, reunión, protesta y libertad de expresión de Alejandro Cerezo, por todos los medios disponibles, incluidas las gestiones diplomáticas, especialmente en casos reconocidos de criminalización de la defensa, como es el del Comité Cerezo México.»

- Espacio_OSC

2018 ha sido un año lleno de retos para los derechos humanos en todo el mundo. Muchas de las personas que defienden los derechos humanos han sufrido amenazas, ataques y difamaciones, a pesar de la celebración del 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre Personas Defensoras. PBI sigue comprometida con la protección de los espacios de actuación de las personas defensoras, convencidas de que solo cuando la protección está garantizada, las sociedades democráticas y pacíficas pueden avanzar en todo el mundo.

Con motivo del 20º aniversario de la Declaración de Defensores/as de Derechos Humanos de Naciones Unidas (en adelante la Declaración), Peace Brigades International (PBI) invitó a 13 defensores/as acompañados/as por los 7 proyectos de PBI a una gira que les llevaría por 10 países europeos.

Los últimos meses han sido testigo de cambios significativos en México dada la elección de un nuevo Presidente, junto con las promesas y compromisos que su nuevo gobierno ha ido generando. Mientras tanto, el país está a la espera del cumplimiento de las promesas de cambio realizadas por el actual Presidente electo.

Para PBI, como para muchas de las organizaciones de la sociedad civil, el 2017 presentó retos significativos. El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido marcado por la continuidad de políticas de seguridad cuestionadas, que iniciaron durante el sexenio de Felipe Calderón, y por un cierre notable del espacio político para la sociedad civil mexicana e internacional.

Desde el 17 hasta el 23 de julio de este año, tres defensores de México, Guatemala y Honduras salieron de sus hogares hacia el norte del continente para participar en una gira de incidencia organizada por PBI en Washington DC. Las giras que organizamos en los Estado Unidos siempre tienen el objetivo de visibilizar la situación de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos con actores claves que pueden incidir de alguna manera en la protección de dichas personas.

Las últimas dos sesiones (167 y 168) de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) realizadas en 2018 han visto una panorama de audiencias sobre México, las cuales ofrecen una fotografía oscura de la situación de derechos humanos en el país. Estos casos reafirman la situación de crisis de derechos humanos que ya fuera constatada por la CIDH tras su visita in loco a México en 2015. También se visibilizaron los impactos de las políticas de seguridad pública y la prevalencia de la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos.

En el mes septiembre, voluntarias de PBI se desplazaron a Coahuila en el marco del acompañamiento internacional que realiza a OSCs del estado que trabajan como defensores de las personas migrantes en el norte del país, y que enfrentan riesgos por la labor que realizan con población migrante vulnerada en sus derechos.