Según el Índice Global de Impunidad de 2017, México es el país con el nivel más alto de impunidad de las Américas, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, 91% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad.
Algunos de los problemas más serios que afectan a México – desapariciones, feminicidios, violaciones contra la población migrante, tortura y detenciones arbitrarias, así como violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas – son agravados por el contexto de impunidad que les caracteriza. La organización Due Process of Law Foundation ha destacado que “las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción”.
En términos de violaciones cometidas por fuerzas del Estado, especialmente las fuerzas militares, la sociedad civil mexicana ha reclamado “la prevalencia de la jurisdicción militar frente a violaciones a los derechos humanos perpetúa el círculo de impunidad vigente en México”. A fines de los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano reformar el Código de Justicia Militar del país para garantizar que violaciones cometidas por militares fueran juzgadas por el sistema de justicia civil. En el 2014, el congreso mexicano aprobó dicha reforma.
Además, organizaciones mexicanas han identificado una serie de factores que dificultan el acceso a la justicia para las y los mexicanos, como la falta de independencia del poder judicial, la inadecuada implementación del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, la persistencia del uso de la tortura como medio para obtener confesiones, la prevalencia de figuras legales que obstaculizan el acceso a la justicia (por ejemplo, el arraigo), la ausencia de mecanismos que garanticen la reparación del daño a víctimas y la falta de voluntad política para fortalecer la impartición de justicia en el país.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México se ha visto gravemente afectado por el contexto de impunidad. De los delitos cometidos contra periodistas, el 99,75% quedan en la impunidad lo que, sumado a los altos niveles de violencia contra periodistas, califica a México como “uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”. Cabe destacar que un contexto de alto riesgo para el ejercicio del periodismo dificulta la defensa de los derechos humanos, ya que obstaculiza la difusión de información y la búsqueda por la verdad.
La situación de personas defensoras de derechos humanos no es mucho mejor. A pesar de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el 2012, la falta de investigación y sanción a perpetradores de ataques contra defensoras y defensores sigue poniendo a esa población en riesgo constante. La impunidad manda una señal clara a perpetradores que no sufrirán consecuencias por sus acciones, aumentando la posibilidad de repetición y la vulnerabilidad de personas defensoras.
Las medidas de protección otorgadas a las y los defensores no son efectivas si no son acompañadas de una adecuada investigación de los hechos y el castigo a los culpables. Desafortunadamente, eso raramente ha ocurrido en la práctica. Según documentación de la organización mexicana Propuesta Cívica, de 94 investigaciones criminales abiertas por violaciones cometidas contra personas defensoras o periodistas, apenas cuatro resultaron en acusaciones presentadas ante un juez.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, ha declarado que “la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México”.
El contexto de impunidad también afecta al trabajo de personas defensoras por dificultar su labor de representación de víctimas que buscan justicia. De hecho, defensoras y defensores que se han dedicado a combatir la impunidad han estado entre las poblaciones que más han sufrido ataques.
Debido a esa situación, PBI México ha identificado el contexto de impunidad generalizada como un enfoque temático de su trabajo, reconociendo que el acceso a la justicia es un factor central para garantizar la seguridad de defensoras y defensores en riesgo.
Haz clic aquí para leer el tercer diagnóstico del Espacio_OSC “Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: La Deuda del Estado Mexicano”, que discute la situación de impunidad en casos de agresiones contra personas defensoras.
