Según el Índice Global de Impunidad de 2017, México es el país con el nivel más alto de impunidad de las Américas, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, 91% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad.
Algunos de los problemas más serios que afectan a México – desapariciones, feminicidios, violaciones contra la población migrante, tortura y detenciones arbitrarias, así como violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas – son agravados por el contexto de impunidad que les caracteriza. La organización Due Process of Law Foundation ha destacado que “las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción”.
En términos de violaciones cometidas por fuerzas del Estado, especialmente las fuerzas militares, la sociedad civil mexicana ha reclamado “la prevalencia de la jurisdicción militar frente a violaciones a los derechos humanos perpetúa el círculo de impunidad vigente en México”. A fines de los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano reformar el Código de Justicia Militar del país para garantizar que violaciones cometidas por militares fueran juzgadas por el sistema de justicia civil. En el 2014, el congreso mexicano aprobó dicha reforma.
Además, organizaciones mexicanas han identificado una serie de factores que dificultan el acceso a la justicia para las y los mexicanos, como la falta de independencia del poder judicial, la inadecuada implementación del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, la persistencia del uso de la tortura como medio para obtener confesiones, la prevalencia de figuras legales que obstaculizan el acceso a la justicia (por ejemplo, el arraigo), la ausencia de mecanismos que garanticen la reparación del daño a víctimas y la falta de voluntad política para fortalecer la impartición de justicia en el país.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México se ha visto gravemente afectado por el contexto de impunidad. De los delitos cometidos contra periodistas, el 99,75% quedan en la impunidad lo que, sumado a los altos niveles de violencia contra periodistas, califica a México como “uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”. Cabe destacar que un contexto de alto riesgo para el ejercicio del periodismo dificulta la defensa de los derechos humanos, ya que obstaculiza la difusión de información y la búsqueda por la verdad.
La situación de personas defensoras de derechos humanos no es mucho mejor. A pesar de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el 2012, la falta de investigación y sanción a perpetradores de ataques contra defensoras y defensores sigue poniendo a esa población en riesgo constante. La impunidad manda una señal clara a perpetradores que no sufrirán consecuencias por sus acciones, aumentando la posibilidad de repetición y la vulnerabilidad de personas defensoras.
Las medidas de protección otorgadas a las y los defensores no son efectivas si no son acompañadas de una adecuada investigación de los hechos y el castigo a los culpables. Desafortunadamente, eso raramente ha ocurrido en la práctica. Según documentación de la organización mexicana Propuesta Cívica, de 94 investigaciones criminales abiertas por violaciones cometidas contra personas defensoras o periodistas, apenas cuatro resultaron en acusaciones presentadas ante un juez.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, ha declarado que “la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México”.
El contexto de impunidad también afecta al trabajo de personas defensoras por dificultar su labor de representación de víctimas que buscan justicia. De hecho, defensoras y defensores que se han dedicado a combatir la impunidad han estado entre las poblaciones que más han sufrido ataques.
Debido a esa situación, PBI México ha identificado el contexto de impunidad generalizada como un enfoque temático de su trabajo, reconociendo que el acceso a la justicia es un factor central para garantizar la seguridad de defensoras y defensores en riesgo.
Haz clic aquí para leer el tercer diagnóstico del Espacio_OSC “Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: La Deuda del Estado Mexicano”, que discute la situación de impunidad en casos de agresiones contra personas defensoras.
El pasado 27 de abril se cumplió el décimo aniversario del fallecimiento de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, personas defensoras de derechos humanos y activistas asesinadas en el marco de la Caravana humanitaria y de observación de derechos humanos en las inmediaciones de la comunidad indígena de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. 10 años después, se sigue exigiendo justicia.
Last 27th April was the 10th anniversary of the deaths of Bety Cariño and Jyri Jaakkola1, two human rights defenders and activists murdered during the Humanitarian Caravan and Human Rights Observation Mission near the indigenous community of San Juan Copala in the State of Oaxaca. Their families and civil society organizations are still calling for justice 10 years after the tragic events.
El 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres. Sin embargo, para las madres de personas desaparecidas, esta fecha no es motivo de celebración, sino un día de lucha y exigencia por la ausencia de sus seres queridos. Desde hace casi 10 años, junto a familias de personas desaparecidas, convocan a la Marcha por la Dignidad Nacional "Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia", para reivindicar el hecho de que no todas pueden celebrar este día como quisieran, exigiendo la necesidad de verdad y justicia al Estado.
Mother's Day is celebrated in Mexico on May 10. However, for the mothers of disappeared people, this date is not cause for celebration, but rather a day of struggle and reclamation due to the absence of their loved ones. For almost 10 years, together with families of disappeared people, they have convened the March for National Dignity "Mothers looking for their sons, daughters, truth and justice", to call attention to the fact that not everyone can celebrate this day as they wish, while demanding the need for truth and justice from the State.
El año 2000, en el Estado de Guerrero donde todavía no se hacia presencia internacional, PBI empieza sus primeros acompañamientos a organizaciones locales de defensa de los derechos humanos. Ya habían pasado cinco años desde las primeras peticiones de acompañamiento por parte del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ) en Chiapas después el levantamiento Zapatista en 1994. En diciembre de 2003, PBI empezó a acompañar a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en su nueva oficina de Ayutla de los Libres.
In the year 2000, at a time when there was still no international presence in the state of Guerrero, PBI began its first accompaniments to local human rights organisations. Five years had already passed since the first petitions for accompaniment were made to International Service for Peace (SIPAZ), located in Chiapas since the Zapatista uprising in 1994.
“Pasta de Conchos es muy importante porque sentará un precedente de cómo debe ser la minería, cómo deben ser tratados los trabajadores y que el que quiera abrir una mina se la piense dos veces”, Cristina Auerbach.
Impulsado hace una década por la sociedad civil mexicana y por entidades internacionales, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas si bien fue un avance considerable sigue teniendo deficiencias notables e insuficiencias preocupantes en el contexto de alto riesgo al cual se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México.
Entrevista con Yésica Sánchez Maya, abogada feminista y directora adjunta de Consorcio Oaxaca. Parte 2
Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, promueve el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género.
El último informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en octubre de 2019 ha colocado a México como el país con mayor número de asesinatos de periodistas, siete en los últimos seis meses y once en lo que va del actual gobierno.
