Según el Índice Global de Impunidad de 2017, México es el país con el nivel más alto de impunidad de las Américas, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, 91% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad.
Algunos de los problemas más serios que afectan a México – desapariciones, feminicidios, violaciones contra la población migrante, tortura y detenciones arbitrarias, así como violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas – son agravados por el contexto de impunidad que les caracteriza. La organización Due Process of Law Foundation ha destacado que “las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción”.
En términos de violaciones cometidas por fuerzas del Estado, especialmente las fuerzas militares, la sociedad civil mexicana ha reclamado “la prevalencia de la jurisdicción militar frente a violaciones a los derechos humanos perpetúa el círculo de impunidad vigente en México”. A fines de los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano reformar el Código de Justicia Militar del país para garantizar que violaciones cometidas por militares fueran juzgadas por el sistema de justicia civil. En el 2014, el congreso mexicano aprobó dicha reforma.
Además, organizaciones mexicanas han identificado una serie de factores que dificultan el acceso a la justicia para las y los mexicanos, como la falta de independencia del poder judicial, la inadecuada implementación del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, la persistencia del uso de la tortura como medio para obtener confesiones, la prevalencia de figuras legales que obstaculizan el acceso a la justicia (por ejemplo, el arraigo), la ausencia de mecanismos que garanticen la reparación del daño a víctimas y la falta de voluntad política para fortalecer la impartición de justicia en el país.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México se ha visto gravemente afectado por el contexto de impunidad. De los delitos cometidos contra periodistas, el 99,75% quedan en la impunidad lo que, sumado a los altos niveles de violencia contra periodistas, califica a México como “uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”. Cabe destacar que un contexto de alto riesgo para el ejercicio del periodismo dificulta la defensa de los derechos humanos, ya que obstaculiza la difusión de información y la búsqueda por la verdad.
La situación de personas defensoras de derechos humanos no es mucho mejor. A pesar de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el 2012, la falta de investigación y sanción a perpetradores de ataques contra defensoras y defensores sigue poniendo a esa población en riesgo constante. La impunidad manda una señal clara a perpetradores que no sufrirán consecuencias por sus acciones, aumentando la posibilidad de repetición y la vulnerabilidad de personas defensoras.
Las medidas de protección otorgadas a las y los defensores no son efectivas si no son acompañadas de una adecuada investigación de los hechos y el castigo a los culpables. Desafortunadamente, eso raramente ha ocurrido en la práctica. Según documentación de la organización mexicana Propuesta Cívica, de 94 investigaciones criminales abiertas por violaciones cometidas contra personas defensoras o periodistas, apenas cuatro resultaron en acusaciones presentadas ante un juez.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, ha declarado que “la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México”.
El contexto de impunidad también afecta al trabajo de personas defensoras por dificultar su labor de representación de víctimas que buscan justicia. De hecho, defensoras y defensores que se han dedicado a combatir la impunidad han estado entre las poblaciones que más han sufrido ataques.
Debido a esa situación, PBI México ha identificado el contexto de impunidad generalizada como un enfoque temático de su trabajo, reconociendo que el acceso a la justicia es un factor central para garantizar la seguridad de defensoras y defensores en riesgo.
Haz clic aquí para leer el tercer diagnóstico del Espacio_OSC “Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: La Deuda del Estado Mexicano”, que discute la situación de impunidad en casos de agresiones contra personas defensoras.
El 10 de junio el CDHM Tlachinollan se reunió con la Canciller de Alemania, Angela Merkel donde Abel Barrera expresó su particular preocupación por la impunidad en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El pasado 9 de junio, el Gobernador del Estado de Chihuahua Javier Corral, y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, firmaron el Plan de Contingencia derivado de la alerta temprana de protección a personas defensoras de DDHH y periodistas en Chihuahua, misma que ha sido sostenidamente impulsada desde la sociedad civil.
Organizaciones de la Sociedad Civil de Chihuahua han saludado la aprobación de una reforma integral de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por el Congreso del Estado que incluirá la creación de una Fiscalía Especializada de Investigación de Violaciones los Derechos Humanos en el estado.
Entre el 12 y 22 de mayo se realizó la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Personas Desaparecidas en Vida, conformada por colectivos de 25 ciudades de 12 estados de México y de los Estados Unidos, trasladándose por los municipios de Torreón, Saltillo, Monclova, Allende y Piedras Negras, en el Estado de Coahuila.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los últimos años los flujos migratorios que transitan por México se han incrementado y el fenómeno migratorio se ha vuelto más complejo. Ante la necesidad de auxiliar a los migrantes indocumentados que cruzan por el municipio de Chahuites, en la región del Istmo de Tehuantepec, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra fundó en 2014 en dicho municipio el Centro de Atención y Ayuda Humanitaria a Migrantes, mismo que es una extensión del albergue Hermanos en el Camino, de Ciudad Ixtepec.
La noche del 10 de mayo, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, defensora de derechos humanos y madre de una hija desaparecida, fue asesinada en el estado de Tamaulipas. El 10 de mayo es Día de las Madres en México, y desde hace 6 años familiares de personas desaparecidas en distintas partes de México realizan la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir justicia.
En el marco de la conmemoración de la desaparición masiva ocurrida en Chilapa en mayo 2015, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” - ambas organizaciones acompañadas por PBI- y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C. (CCTI) organizaron el foro “Las Víctimas de un Estado Fallido: Desaparecidos, Ejecutados y Desplazados”, que se realizó en las instalaciones del Congreso local de Chilpancingo este 11 de mayo, y en el cual PBI estuvo presente como observador internacional.
Abel Barrera Hernández, Director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización acompañada por PBI, recibió el pasado 29 de marzo una mención honorífica del Premio de Derechos Humanos Franco Alemán Gilberto Bosques, que es entregado por las Embajadas de Alemania y de Francia en México, y que busca reconocer y estimular a aquellas personas, colectivos y organizaciones, que hayan destacado en la difusión y defensa de los Derechos Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Justicia.
Del 18 al 24 de abril 2017, voluntarias del equipo Norte de PBI se desplazaron a Saltillo y Torreón para -entre otras actividades- reunirse con integrantes del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, organización acompañada por PBI desde 2013. La organización cumplió el 26 de abril 18 años trabajando en la construcción de una cultura de derechos humanos, a través del Centro de día para Migrantes Jesús Torres,y el colectivo de familiares Fuerzas Unidas para Nuestros Desaparecidos en Coahuila – México (FUUNDEC-M).
Entre el 19 y 21 de abril de 2017 se llevó a cabo la segunda visita oficial a México por parte del Mecanismode seguimiento a la medida cautelar otorgada en favor de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (MC 409/14) y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
