Según el Índice Global de Impunidad de 2017, México es el país con el nivel más alto de impunidad de las Américas, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, 91% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad.
Algunos de los problemas más serios que afectan a México – desapariciones, feminicidios, violaciones contra la población migrante, tortura y detenciones arbitrarias, así como violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas – son agravados por el contexto de impunidad que les caracteriza. La organización Due Process of Law Foundation ha destacado que “las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción”.
En términos de violaciones cometidas por fuerzas del Estado, especialmente las fuerzas militares, la sociedad civil mexicana ha reclamado “la prevalencia de la jurisdicción militar frente a violaciones a los derechos humanos perpetúa el círculo de impunidad vigente en México”. A fines de los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano reformar el Código de Justicia Militar del país para garantizar que violaciones cometidas por militares fueran juzgadas por el sistema de justicia civil. En el 2014, el congreso mexicano aprobó dicha reforma.
Además, organizaciones mexicanas han identificado una serie de factores que dificultan el acceso a la justicia para las y los mexicanos, como la falta de independencia del poder judicial, la inadecuada implementación del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, la persistencia del uso de la tortura como medio para obtener confesiones, la prevalencia de figuras legales que obstaculizan el acceso a la justicia (por ejemplo, el arraigo), la ausencia de mecanismos que garanticen la reparación del daño a víctimas y la falta de voluntad política para fortalecer la impartición de justicia en el país.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México se ha visto gravemente afectado por el contexto de impunidad. De los delitos cometidos contra periodistas, el 99,75% quedan en la impunidad lo que, sumado a los altos niveles de violencia contra periodistas, califica a México como “uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”. Cabe destacar que un contexto de alto riesgo para el ejercicio del periodismo dificulta la defensa de los derechos humanos, ya que obstaculiza la difusión de información y la búsqueda por la verdad.
La situación de personas defensoras de derechos humanos no es mucho mejor. A pesar de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el 2012, la falta de investigación y sanción a perpetradores de ataques contra defensoras y defensores sigue poniendo a esa población en riesgo constante. La impunidad manda una señal clara a perpetradores que no sufrirán consecuencias por sus acciones, aumentando la posibilidad de repetición y la vulnerabilidad de personas defensoras.
Las medidas de protección otorgadas a las y los defensores no son efectivas si no son acompañadas de una adecuada investigación de los hechos y el castigo a los culpables. Desafortunadamente, eso raramente ha ocurrido en la práctica. Según documentación de la organización mexicana Propuesta Cívica, de 94 investigaciones criminales abiertas por violaciones cometidas contra personas defensoras o periodistas, apenas cuatro resultaron en acusaciones presentadas ante un juez.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, ha declarado que “la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México”.
El contexto de impunidad también afecta al trabajo de personas defensoras por dificultar su labor de representación de víctimas que buscan justicia. De hecho, defensoras y defensores que se han dedicado a combatir la impunidad han estado entre las poblaciones que más han sufrido ataques.
Debido a esa situación, PBI México ha identificado el contexto de impunidad generalizada como un enfoque temático de su trabajo, reconociendo que el acceso a la justicia es un factor central para garantizar la seguridad de defensoras y defensores en riesgo.
Haz clic aquí para leer el tercer diagnóstico del Espacio_OSC “Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: La Deuda del Estado Mexicano”, que discute la situación de impunidad en casos de agresiones contra personas defensoras.
Al conmemorarse los 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa (Guerrero), PBI se solidariza con todas las personas que siguen buscando a sus familiares, enfrentándose a una impunidad insoportable de manera inspiradora, con fuerza y dignidad inspiradora.
El 30 de agosto de 2018, familiares y organizaciones, junto con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, celebraron una vigilia en memoria de las víctimas de desaparición forzada, en el centro de Ciudad Juárez (Chihuahua). Integrantes de PBI México estaban a su lado para brindar protección a las personas defensoras de derechos humanos del Centro Paso del Norte y visibilizar el tema de las desapariciones en el Norte de México y el riesgo que conlleva la lucha por la justicia.
Los últimos meses han sido testigo de cambios significativos en México dada la elección de un nuevo Presidente, junto con las promesas y compromisos que su nuevo gobierno ha ido generando. Mientras tanto, el país está a la espera del cumplimiento de las promesas de cambio realizadas por el actual Presidente electo.
Leer sobre el trabajo de PBI en México durante el año 2017 en el Informe Anual de PBI Global 2017 con información sobre nuestro trabajo en Colombia, Honduras, Guatemala, Indonesia, Kenya y Nepal y actualizaciones sobre las actividades de los grupos nacionales, un panorama de como hemos gastado nuestros fondos, de donde viene nuestrxs 399 voluntarixs y testimoniales de las personas que acompañamos en el mundo.
El 19 de junio del año 2016, durante una protesta del magisterio y pobladores de las comunidades de Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera, que solicitaban un diálogo con el Gobierno Federal para hacer una revisión de la reforma educativa, fueron fuertemente agredidos por diferentes fuerzas de seguridad en un intento de desalojar la protesta.
Para PBI, como para muchas de las organizaciones de la sociedad civil, el 2017 presentó retos significativos. El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido marcado por la continuidad de políticas de seguridad cuestionadas, que iniciaron durante el sexenio de Felipe Calderón, y por un cierre notable del espacio político para la sociedad civil mexicana e internacional.
Chihuahua es una de las entidades de México más peligrosas para ejercer la defensa de derechos humanos y el periodismo. Según datos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), Chihuahua es la entidad con mayor número de personas defensoras asesinadas y la segunda en el país con mayor número de periodistas asesinados.
Han pasado 12 años desde la última revisión del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en México, por lo que la última revisión que el Comité se llevó a cabo en marzo de este año, fue muy bienvenida.
Del 9 al 13 de abril, una delegación de abogados y abogadas del Estado Español visitaron al Norte de México y la Ciudad de México para conocer de primera mano y visibilizar la situación de abogados y abogadas que defienden los derechos humanos en México, además de conocer el estado de implementación de las leyes generales sobre tortura y desaparición así como las estrategias de las organizaciones y personas defensoras frente a la Ley de Seguridad Interior.
