Han pasado 12 años desde la última revisión del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en México, por lo que la última revisión que el Comité se llevó a cabo en marzo de este año, fue muy bienvenida. Mediante la revisión, el Comité identificó varios obstáculos al goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en México, como las altas tasas de pobreza, un salario mínimo no suficiente para proporcionar condiciones de vida dignas y la falta de implementación de las normas internacionales del pleno respeto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado.
En adición a las observaciones tradicionales que normalmente competen a esta entidad, como el acceso a una vivienda digna, el sistema de salud y los derechos laborales, el Comité se enfocó en importantes medidas políticas que el gobierno tiene que implementar, la falta de las cuales impacta a la hora de exigir los derechos económicos, sociales y culturales. Por ello, el Comité hizo énfasis en la necesidad de combatir la impunidad para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos en su conjunto, tanto los derechos políticos como los DESC.
El gobierno mexicano tiene 18 meses para responder a tres puntos priorizados en el informe del Comité, el primero de lo cual enfatiza la urgencia de implementar medidas de protección para las personas quienes defienden los derechos económicos, sociales y culturales. En su informe el Comité destaca que “los graves actos de violencia cometidos contra de las personas defensoras de los DESC y los altos niveles de impunidad con relación a dichos actos preocupa seriamente”. En sus recomendaciones, indican que el estado debe garantizar la implementación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras, tanto como el funcionamiento adecuado del Mecanismo Federal de Protección. De igual manera el informe inste al gobierno adoptar medidas de prevención y que investigue de manera exhaustiva los ataques en contra de las personas defensoras.
Riesgos y necesidades de protección de las personas defensoras de los DESC
Las personas, grupos y comunidades defensoras de los DESC diariamente se enfrentan con intereses económicos grandes por su activismo, tanto al nivel territorial como en las luchas para los derechos laborales. Son personas quienes defienden los derechos a la salud, la vivienda digna, la educación y los demás derechos que se necesita para desarrollar sociedades justas. Son personas o comunidades que ya han sido afectadas o están en riesgo de ser afectadas por proyectos económicos a gran escala y que se imponen a la imposición de los mismos. Son aquellas que acompañan las comunidades que se encuentran en la primera fila de estas luchas territoriales para que conozcan sus derechos y los mecanismos para exigirlos para instar al gobierno que se les respetan y protejan.
A pesar de la diversidad de tareas que desempeñan, de los temas que trabajan y de las estrategias que usan para lograr sus metas, lo que las personas defensoras tienen en común es la situación de riesgo a la que se enfrentan cada día a causa de su trabajo. Personas defensoras de los DESC en el mundo están siendo blancos de campañas de desprestigio, hostigamiento, amenazas y ataques físicos que ponen a ellas y a su labor en riesgo.
En diciembre de 2017, PBI México publicó “Defender la Vida”, una publicación que cita las cifras alarmantes de ataques contra personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en México, resaltantdo la importancia de su labor, instando al gobierno mexicano de asumir la responsabilidad de protegerlas. Los ataques en contra de estas personas se quedan en la impunidad, lo que genera un ambiente que facilita la persistencia de prácticas violentas. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad no solo de prevenir ataques y proteger a las personas defensoras, pero también de investigar los crímenes en su contra, identificar los perpetradores de la violencia y diseñar estrategias integrales que combaten las causas estructurales de la violencia que sufren las personas defensoras.
Ver un video corto del lanzamiento del informe "Defender la Vida".
Reconocimiento
Históricamente, PBI ha pedido que tanto el gobierno como el cuerpo diplomático y organizaciones internacionales reconozcan públicamente la labor imprescindible de las personas defensoras para la realización de todos los derechos humanos. En este marco, saludamos el pronunciamiento público por parte del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que reconoce y condena los ataques en contra de las personas defensoras de la tierra y territorio en México.
En este marco el Espacio_OSC que da seguimiento a la implementación del Mecanismo Federal de Protección dice en su comunicado público que “la declaración de buena voluntad del Mecanismo es únicamente el primer paso para hacer valer con plenitud los derechos humanos de las y los defensores de la tierra y territorio”. Inste al gobierno que al pronunciamiento público del Mecanismo, le sigan acciones contundentes por otras entidades para garantizar una protección integral y adecuada.
Estos pronunciamientos son fundamentales para garantizar la seguridad de estas personas y elevar sus perfiles y luchas. Sin embargo, es urgente que estos pronunciamientos se hagan de la mano con políticas públicas que garanticen la protección de personas defensoras. Estas políticas deben reconocer los riesgos que viven las personas defensoras así como los intereses económicos y políticos en su contra para poder diseñar medidas de protección que respondan de manera contundente a su situación de riesgo.
En este marco, PBI respalda las recomendaciones del Comité DESC, las cuales hacen un énfasis importante sobre el papel de las personas defensoras en la realización de los DESC, sus necesidades de protección y el ambiente desfavorable en lo cual se encuentran en México.