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Chihuahua es una de las entidades de México más peligrosas para ejercer la defensa de derechos humanos y el periodismo. Según datos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), Chihuahua es la entidad con mayor número de personas defensoras asesinadas y la segunda  en el país con mayor número de periodistas asesinados. Ante tales ataques es elevado el porcentaje de personas defensoras que cuentan con medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El 7 de marzo de 2016, 24 organizaciones defensoras de derechos humanos de Chihuahua realizaron una solicitud al Subsecretario de Derechos Humanos de Secretaría de Gobernación, como Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo. En la misma, solicitaban una adopción urgente de una alerta temprana que previniese futuras agresiones a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas en el estado de Chihuahua, conforme a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodsitas.

A partir de la solicitud, se elaboró un diagnóstico respecto a la situación de las personas defensoras y periodistas en la entidad, el cual fue aprobado en julio de 2016 por la Junta de Gobierno del Mecanismo, a la misma vez que instruía a la Coordinación Ejecutiva Nacional a realizar una propuesta de Plan de Contingencia para abordar la grave situación de derechos humanos en que las personas defensoras desarrollan su labor.

Una vez aprobado el Plan de Contingencia en junio de 2017, dio inicio el diálogo entre las organizaciones de sociedad civil solicitantes de la alerta con las autoridades de la entidad y autoridades federales. Gracias al diagnóstico, se identificaron los diferentes temas que se empezaron a tratar en cada mesa de trabajo: (1) feminicidios, situación de vulnerabilidad de personas migrantes, grupos de diversidad sexual y violencia de género, (2) medio ambiente, (3) situación de la Sierra Tarahumara, (4) violaciones a la libertad de expresión y (5) estrategias transversales.

A petición de las organizaciones de la sociedad civil del estado de Chihuahua, PBI hace seguimiento al Plan de Contingencia desde su implementación. Nuestro trabajo se materializa en la presencia como observadores en las mesas de trabajo trimestrales, en la visibilización de los avances del Plan, en el respaldo a los pronunciamientos de las organizaciones solicitantes y en la incidencia local e internacional para su adecuada implementación. Además de PBI, otros organismos internacionales como la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas México, Amnistía Internacional y la Delegación de la Unión Europea en México también están acompañando y dando seguimiento al proceso.

Las peticiones de las organizaciones de la sociedad civil respecto al Plan de Contingencia se basan en la identificación de acciones y medidas preventivas, con el fin de eliminar todos los obstáculos que impidan ejercer libremente y en condiciones de seguridad la labor de defensa de derechos humanos en el estado de Chihuahua. Por ello, en la situación actual, solicitan la adecuada implementación del Plan y expresan sus preocupaciones sobre su temporalidad y los pocos avances de los acuerdos logrados en las mesas.

Asimismo, PBI urge al estado mexicano que vele por la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Chihuahua y por la adecuada implementación del Plan de Contingencia.