El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México es una instancia de la sociedad civil que busca garantizar el respeto, promoción y protección de los derechos humanos por parte del Estado y las corporaciones nacionales y transnacionales a través de la adopción de los Principios Rectores de Naciones Unidas y de los más altos estándares de derechos humanos en la materia. Este grupo está conformado por el CIEDH, CEMDA, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código-DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); y es acompañado por SERAPAZ, AIDA y PBI. Las organizaciones que lo forman han tenido un reconocido trabajo en el acompañamiento a comunidades que se encuentran en resistencia o afectadas por proyectos de diversa índole y en distintos puntos de México.
Alejandra Leyva Hernandez trabaja en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización cuyo objetivo es el fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente. Karen Hudlet fue hasta octubre de 2017 la investigadora y representante para Mexico, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH). El CIEDH es una organización internacional que se dedica a visibilizar los impactos positivos y negativos que tienen las empresas sobre los derechos humanos.
Defensores y Defensoras de la Tierra, el Territorio y el Medioambiente
Alejandra: Ser defensor o defensora de los derechos humanos ambientales, de la tierra y el territorio se refiere a las personas y a los grupos que tanto a título personal como profesional realizan actividades para proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna. Por lo tanto, este grupo de personas defensoras es muy amplio, ya que se refiere tanto a comunidades como a organizaciones de la sociedad civil, colectivos y movimientos, pero incluso personas que ejercen su labor de abogacía para defender este tipo de casos. Esta defensa implica un riesgo con impactos diferenciados, pues toca intereses empresariales y transnacionales en muchos casos muy fuertes; y también tiene que ver con una correlación de fuerzas muy desequilibradas entre las personas defensoras y el poder económico y político que pueden tener las empresas o estos actores para imponer megaproyectos.
Karen: Cuando una persona o un grupo de personas se opone a algún proyecto -en donde hay una empresa o varias empresas involucradas- hay un sinfín de actores que tienen un interés especifico en que se lleve a cabo, y no son solamente empresas, sino también financiadores (como bancos de desarrollo, bancos extranjeros o bancos nacionales). Las y los defensores no solo se enfrentan al Estado -que muchas veces actúa en coordinación con las empresas- sino también a las mismas empresas, las cuales creen que no son responsables de los abusos o de lo que le suceda a estas personas.
En este ámbito, preocupa que las empresas juegan mucho con el discurso de que las personas defensoras son radicales, están en contra del desarrollo, o ellos están en contra de esta minera y por tanto están afectando a la comunidad porque no van a traer los empleos`. Las empresas deberían cambiar sus pronunciamientos públicos, porque incitan a cierto tipo de agresiones que después se dan en contra de estos defensores en los contextos comunitarios.
Empresas, Derechos Humanos y Mecanismos de Protección
Alejandra: En el 2012, se logró la creación del Mecanismo Federal de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Su creación se dio por una demanda desde la sociedad civil y también fue posicionada por diversas recomendaciones de procedimientos especiales de las Naciones Unidas. La demanda general ha sido que el Estado mexicano tiene que adoptar una política integral mas allá de este mecanismo. La crítica fundamental es que si no se resuelve el problema de fondo que provoca el conflicto socio-ambiental, las comunidades, las personas, los líderes y las lideresas indígenas siempre van a estar en una situación constante de riesgo.
También, hay una exigencia para implementar medidas preventivas, es decir que el Estado mexicano no tenga que enfocar todos sus esfuerzos en medidas reactivas, cuando ya existe un conflicto y una situación de violencia y de riesgo muy alto. Por ejemplo, que exista un pronunciamiento por parte del Estado mexicano donde reconozca a estas personas defensoras frente a las autoridades, que puede ser una medida preventiva que se ha impulsado mucho desde la sociedad civil, pero con poco éxito. Incluso también se ha posicionado la recomendación al Estado mexicano de suspender la implementación de proyectos de desarrollo e infraestructura cuando exista evidencia de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Karen: México está dentro de los países con más ataques a defensores y defensoras ambientales que se oponen a actividades empresariales. Esto es importante porque nos da una idea de la urgencia y del por qué es importante el Mecanismo, al igual que otras medidas de protección. Generalmente lo que nosotros observábamos cuando documentábamos casos es que cuando llega un proyecto hay una etapa de la falta de información, en donde las comunidades campesinas e indígenas no saben qué está pasando, empiezan a ver la maquinaria, pero no tienen una idea de qué tipo de proyecto es; esto es uno de los primeros derechos que se vulnera, al acceso a la información. De ahí empiezan las protestas y la escalada de conflicto que en muchas ocasiones resulta en ataques muy fuertes y graves a las personas que se oponen a estos proyectos.
Es importante que el gobierno regule y transmita mensajes claros de qué expectativas tiene sobre el comportamiento de las empresas que operan en su territorio, o de las empresas que tienen la casa matriz en México pero que realizan actividades en otros países. Y esto se hace a través de leyes, políticas públicas o incentivos tanto positivos como negativos. Es clave que las empresas realmente tengan sanciones adecuadas cuando cometen algún abuso a los derechos humanos, porque es muy difícil llevar un litigio contra una empresa, y cuando se logra, la sanción resulta irrisoria. Durante sus visitas oficiales a México, tanto el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, como el experto sobre defensores y defensoras de derechos humanos, mencionaron algo que no se ha puesto en la agenda pública, que es que las empresas tomen acciones; lo primero desde luego es divulgar un pronunciamiento público en el que se condenen este tipo de ataques.