Español

En julio, PBI estuvo presente en la séptima revisión de las mesas de trabajo del Plan de Contingencia, haciendo seguimiento a esta política pública de estrategias preventivas, valorada en el informe “Cambiando el Curso de la Impunidad”, elaborado por PBI y WOLA, como un avance del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Para esta séptima sesión asistieron, en calidad de observadores, las embajadas de Suiza, Canadá, Australia y Reino Unido.

Esta visita estuvo precedida por un encuentro que tuvo lugar en mayo de este año en la Ciudad de México, en el que dos organizaciones acompañadas por PBI; EDUCA de Oaxaca y Alianza Sierra Madre A.C (ASMAC) de Chihuahua, que trabajan con comunidades locales por la defensa de la tierra y territorio, tuvieron un espacio de intercambio con estas embajadas, más la representación de España y Suecia. Allí, las organizaciones expresaron sus preocupaciones en torno a los riesgos en la labor de los defensores y aprovecharon para invitar a las delegaciones a la celebración de las mesas de trabajo del Plan de Contingencia.

En el marco del evento, PBI entrevistó a Isela González, directora de la organización Alianza Sierra Madre (ASMAC), quien compartió los planteamientos hechos a las embajadas durante el encuentro en CDMX, además de la valoración sobre la presencia de los cuerpos diplomáticos en las mesas de trabajo del Plan de Contingencia (PdC):

¿Cuáles fueron las preocupaciones y peticiones que plantearon desde la organización a las embajadas en el encuentro de CDMX?

Nosotros queríamos plantear que habían causas estructurales que el gobierno no había atendido sobre la violencia hacia los y las defensoras, y que esas causas estructurales tenían que ver con el crimen organizado, las bandas de grupos armados en las comunidades, y el sufrimiento, especialmente, de las mujeres, las niñas y los niños. También hablamos sobre nuestra preocupación por el modelo de desarrollo extractivista en México, que no parece que se vaya a abandonar. Aquí fuimos muy claros sobre el hecho de que estaban afectando los territorios indígenas desde el punto de vista ambiental, pero que también las empresas estaban violando las recomendaciones internacionales de empresas y DDHH. También les dijimos que eran sumamente violatorios a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente del derecho a la autodeterminación de su territorio pues impulsaban los proyectos extractivistas sin consulta previa, libre y formal. En torno a eso giraron las preocupaciones.

¿Qué creen que puedan hacer los cuerpos diplomáticos en sus países de origen?

Vigilar sus inversiones en nuestro país y observar que sus empresas cumplan con los estándares de empresas y derechos humanos. Por ejemplo, la representación de Canadá nos dejó saber que desde su gobierno se pueden tomar acciones ante una violación a los DDHH de parte de alguna empresa a través de denuncias documentadas desde el punto de vista legal. Esas empresas que vienen a invertir en nuestro país, son bienvenidas, siempre y cuando cumplan con los estándares internacionales de DDHH y empresas, y que también cumplan con los derechos de la legislación interna y la legislación internacional de los DDHH de los pueblos indígenas, pues tendrían la obligación de hacer consulta, de informar.

¿Cuál es su valoración sobre la presencia, en calidad observadores, de las embajadas en el plan de contingencia?

Considero positivo la presencia de las embajadas y la observancia internacional, como la de PBI, en la celebración de las mesas porque así se da cuenta de los temas que están más rezagados y también del nivel de autoridades que asisten. Por otra parte, el efecto de la presencia de las embajadas en la revisión de las mesas, en apariencia, no parece palpable, pero la incidencia que hacen con el gobierno del estado cuando vienen y antes de las reuniones resulta muy positiva, muy útil porque ellos pueden incidir al más alto nivel. Los escuchan.

También se valora la incidencia que hacen posteriormente en la Ciudad de Mexico. A las reuniones que hacen las embajadas asiste Alejandro Encinas (subsecretario de DDHH) y, sobre todo, valoramos las reuniones que hacen con sociedad civil, pues nosotros hacemos planteamientos muy claros. Es útil, definitivamente. Es muy pertinente. La incidencia, de acuerdo a los mandatos diplomáticos que tienen, puede llegar a la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaría de gobernación y el mecanismo de protección, a nivel federal. A nivel estatal, creo que en esta ocasión se reunieron con el fiscal general, con el gobernador y con el secretario general de gobierno.

¿Cuáles fueron los compromisos adquiridos por parte de las embajadas en el encuentro de las mesas del Plan de Contingencia (PdC)?

Las embajadas de la Unión Europea tienen reuniones periódicas en la CDMX y se comprometieron a invitar a las OSC a estas reuniones para plantear las inquietudes sobre el PdC. También se comprometieron a hacer incidencia, pero una incidencia muy clara; las embajadas, de acuerdo a su mandato, no pueden señalarle al gobierno lo que está fallando en el PdC, pero lo que sí pueden hacer, de manera muy sutil, es ofrecer ayuda. Por ejemplo, ayuda financiera para capacitaciones, para que el gobierno tenga más herramientas que les permita cumplir con el plan y con la garantía de los DDHH a las y los defensores. Lo que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) planteamos en este punto fue que desde la fiscalía de DDHH, que está tomando forma, se van a necesitar recursos, se va a necesitar capacitación para que funcione como es debido. Esa fiscalía fue creada para la atención de violaciones graves a los DDHH.