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El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo tras encabezar una campaña electoral enfocada en gran medida en el combate a la corrupción y la inseguridad, y en la pacificación y reconciliación para el pueblo mexicano. Este informe se centra en cómo el nuevo gobierno puede abordar un aspecto importante de este esfuerzo: crear un entorno más seguro y propicio para que periodistas y personas defensoras de los derechos humanos puedan realizar su importante trabajo.

Hallazgos principales:

  • Las medidas de protección que ofrece el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con frecuencia son insuficientes. El Mecanismo aún no ha podido desarrollar protocolos de análisis de riesgo que identifiquen de manera efectiva las diferentes necesidades de periodistas y personas defensoras mujeres, indígenas, rurales y de otras categorías particularmente vulnerables cuando se trata de otorgar medidas de protección. Las medidas de protección a menudo son poco confiables, no se implementan adecuadamente y no toman en cuenta la realidad sobre el terreno en las diferentes regiones del país. En algunos casos, las medidas no han podido brindar protección suficiente: desde agosto de 2017, seis personas beneficiarias del Mecanismo han sido asesinadas.
  • El Mecanismo adolece de serias carencias en cuanto a niveles adecuados de personal y presupuesto. En el Mecanismo solamente hay 35 funcionarios que supervisan la protección de 831 periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Pese a esta situación, el presupuesto federal que el Congreso mexicano aprobó para el año 2019 recortó fondos a la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)—que financia los sueldos del personal del Mecanismo—en más de 11.6 millones de pesos, lo que significa que probablemente no se contratará personal adicional en 2019. Además, si bien el Mecanismo gastó aproximadamente 259.9 millones de pesos en la implementación de medidas de protección en 2018, el Congreso solo asignó hasta 207.6 millones de pesos para medidas de protección en 2019. 
  • El Mecanismo ha logrado algunos avances en el desarrollo de estrategias que trascienden la protección inmediata a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Las experiencias en el estado de Chihuahua podrían servir como modelo para desarrollar planes integrales de prevención de la violencia que se adecúen mejor a los contextos locales. Desde el 2016, los funcionarios del Mecanismo han venido trabajando junto con el gobierno del estado de Chihuahua, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y grupos locales de la sociedad civil para desarrollar un Plan de Contingencia centrado en abordar las causas que originan la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en ese estado. 
  • Las autoridades y fuerzas de seguridad mexicanas son frecuentemente identificadas como responsables de los ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. En el 39 por ciento de los casos en el Mecanismo, los probables agresores de las amenazas y ataques son servidores públicos. Del mismo modo, el “abuso de autoridad” fue el segundo delito más común reportado por las procuradurías y fiscalías que nos proporcionaron información sobre estos delitos, indicando con qué frecuencia los servidores públicos y fuerzas de seguridad están involucrados en los ataques. Esto ayuda a explicar por qué muchas investigaciones de delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos carecen de credibilidad e imparcialidad, especialmente a nivel estatal.
  • La incapacidad del gobierno mexicano para investigar y sancionar adecuadamente los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos ha dejado a esta población vulnerable ante los ataques. Entre 2012 y junio de 2018, solo el tres por ciento de las investigaciones iniciadas por las procuradurías y fiscalías estatales analizadas por WOLA y PBI llegaron a los tribunales. De los 1,077 casos investigados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) durante este periodo, menos del 12 por ciento resultaron en un juicio, y solo cinco casos—menos de un por ciento—llevaron condenas. Aparte de su pobre historial general en el procesamiento de casos, la FEADLE rara vez aprovecha sus facultades para atraer los casos que las fiscalías estatales no están investigando con la debida diligencia. 
  • La capacidad de la FEADLE para cumplir su mandato se ha visto severamente limitada por la falta de recursos humanos y financieros. El presupuesto de la dependencia se redujo de más de 39 millones de pesos en 2014 a unos 18 millones en 2018, lo que ha representado una disminución de un 54 por ciento. La FEADLE cuenta únicamente con 22 fiscales y 15 elementos de la policía investigadora.
  • Muchas de las procuradurías y fiscalías mexicanas carecen de estadísticas criminales de calidad que podrían facilitar el análisis criminal y la supervisión procesal. Sin bases de datos sistematizadas con datos desagregados sobre delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, los ministerios públicos no pueden establecer patrones y conexiones entre los casos, ni identificar los modus operandi de los perpetradores. Algunas fiscalías y procuradurías no tienen registro del estatus o el producto de sus investigaciones, tales como el resultado de los casos que han sido llevados a juicio. Ello dificulta que las autoridades identifiquen y corrijan sus prácticas y procesos de investigación, y hace evidente que los ministerios públicos en estas instancias no están siendo evaluados con base en su desempeño.
  • Algunas de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley a menudo dedican tiempo y recursos valiosos para desacreditar y criminalizar el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en lugar de garantizar su protección. Existe un claro patrón por parte de las autoridades mexicanas de abuso de la legislación penal para criminalizar a activistas y periodistas. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, encontramos que durante el periodo analizado para este informe, el número de casos en los cuales las autoridades consideraban a los periodistas como presuntos agresores fue más del doble de los casos abiertos por delitos en contra ellos.
  • El gobierno de los Estados Unidos continúa proporcionando apoyo significativo para el Mecanismo de Protección y para fortalecer investigaciones de delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En septiembre de 2017, la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (U.S. Agency for International Development, USAID), empezó un proyecto de 135.6 millones de pesos llamado ProVoces. Los consultores de ProVoces han dado capacitación y asistencia técnica a las agencias mexicanas encargadas de atender la violencia contra periodistas y defensores y busca fortalecer la coordinación entre las fiscalías y procuradurías, los mecanismos de protección a nivel federal y estatal y las organizaciones de la sociedad civil.