México

El sol del mediodía arde implacable en el pequeño patio de Santa María Mixtequilla (SMM), estado de Oaxaca, donde se encuentran reunidas unas 50 personas. Algunas mujeres intentan refrescarse con abanicos de papel, mientras los hombres llevan grandes sombreros para aliviar el calor del Istmo. Un anciano, de pie, habla con decisión mientras la multitud apoya sus palabras con imperceptibles movimientos de cabeza: “quieren pagarnos por un metro de tierra lo que vale un kilo de tortillas”.

El mes de agosto pasado, la equipa de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca) celebró 20 años de luchar y crear colectivamente a favor de la defensa de los derechos más fundamentales de todos, todas y todes.

En México, al igual que en el resto de la región y en gran parte del planeta, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, la tierra, el territorio y un medioambiente sano se ha convertido en una de las reivindicaciones más extendidas y, por desgracia, con mayores riesgos para las personas, organizaciones y comunidades que las llevan a cabo. Esto se debe a una multitud de factores, desde los intereses políticos y económicos que afectan hasta la falta de perspectivas comunitarias e interseccionales a la hora de garantizar su protección, seguridad y legítima labor que desempeñan.

“Frente a la desmemoria, que contribuye a la opresión y marginación, se reivindica el arma de la memoria. La memoria es fundamental en la vida de los pueblos, ya que evita que caigamos en el olvido de nosotros. A través de la memoria se le da sentido y, por lo tanto, estabilidad a la existencia humana. En la memoria la tierra es mucho más que un espacio productivo, ya que está llena de símbolos y referencias entrañables, por eso los viejos de Temoac exclaman con vehemencia ‘esta tierra costó sangre’ en referencia a la gesta zapatista ‘y por eso no se vende’.