Gobiernos federales y estatales en México han atribuido una creciente importancia a la inversión estatal y extranjera en actividades extractivistas y energéticas como fuentes de crecimiento económico. Proyectos económicos de gran escala, como parques eólicos, hidroeléctricas, aeropuertos y carreteras, son cada vez más comunes.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos ha alentado a todos los países a implementar un Plan Nacional de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos y ha publicado una guía con recomendaciones al respecto. Los PNAs deben respetar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, publicados en el 2011 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En años recientes, México empezó el proceso de desarrollar un PNA con los insumos de un grupo de trabajo conformado por líderes empresariales, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de haber sido un paso importante, el PNA todavía no ha sido finalizado.

La sociedad civil mexicana ha criticado varios aspectos del proceso, incluyendo la falta de inclusión de las aportaciones del grupo de trabajo, el carácter no vinculante de las consultas regionales y la falta de participación directa de representantes de comunidades indígenas y campesinas, entre otras. Varias organizaciones también han llamado la atención a la falta de cumplimiento del borrador del PNA con los estándares internacionales en la materia.

En agosto de 2016, antes de la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a México, una coalición de más de 100 organizaciones publicó un informe documentando 60 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas en todo México, las más comunes siendo violaciones de los derechos a la tierra y el territorio, acceso a la información, un medio ambiente sano, salud y los derechos indígenas. El informe destacó la falta de consultas previas, libres e informadas a comunidades sobre la implementación de proyectos en sus territorios y el involucramiento de actores estatales en varias de las violaciones.

En el contexto del creciente enfoque en el modelo extractivista e inversiones extranjeras, las y los defensores de tierra, territorio y medio ambiente enfrentan altos niveles de riesgo. Entre junio de 2016 y mayo de 2017, se documentó la ejecución extrajudicial de 11 personas defensoras del territorio. Entre el 2010 y 2015, 33 defensores/as de tierra, territorio y medio ambiente fueron asesinados/as en México. Un informe publicado por el ISHR en el 2015 destacó que esas personas defensoras son blancos constantes de difamación y criminalización. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recomendado la creación de una ley que garantice estándares mínimos en la consulta a comunidades indígenas afectadas por proyectos económicos.

PBI México ha incluido la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en sus enfoques temáticos debido a la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores. En su informe del 2016 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la situación de personas defensoras, Michel Forst, llamó a la comunidad internacional a “asumir urgentemente su responsabilidad de empoderar y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales”.

Entre sus recomendaciones, estaban varios puntos sobre los cuales PBI ha incidido con las autoridades mexicanas y actores internacionales: subir el perfil y visibilidad del trabajo legítimo de esas personas defensoras; asegurar que tratados de libre comercio incluyan mecanismos para prevenir violaciones contra defensores/as; desarrollar mecanismos de protección adecuados para defensores/as ambientales.

Haz clic aquí para leer la publicación de PBI México Defender la Vida: Personas Defensoras de la Tierra, el Territorio y el Medio Ambiente en Riesgo.

Marco legal: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y ha ratificado el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Eso genera obligaciones internacionales a México de respetar los derechos colectivos de pueblos indígenas, llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con los mismos y conseguir su consentimiento para la implementación de proyectos económicos en sus territorios.