(El siguiente texto es un extracto de un Briefing Conjunto elaborado entre PBI-México y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, circulado con el cuerpo diplomático)

En el contexto de la pandemia, las violaciones a los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad se profundizan. Los pueblos indígenas de la montaña de Guerrero enfrentan a un sistema de salud colapsado, y una situación de precariedad económica que pone en riesgo su seguridad alimentaria; la violencia sigue dominando en las zonas más conflictivas del estado de Guerrero, poniendo en riesgo la integridad de las personas defensoras y periodistas. Las instituciones encargadas de seguridad y procuración de justicia, que ya contaban con capacidades muy limitadas para proteger a la población y atender a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, dedican ahora parte de sus esfuerzos a atender la emergencia sanitaria lo cual supone atender aún con menores recursos las temáticas de seguridad.

En la montaña de Guerrero habitan aproximadamente 600,000 personas, pertenecientes en su casi totalidad a pueblos y comunidades indígenas: Me'phaa (Tlapaneco), Tu’un Savi (Mixteco), Naua (Náhuatl) y Nn’anncue Ñomndaa (Amuzgos). Se trata de una de las regiones más pobres y marginadas del país1, en la cual los pueblos indígenas se enfrentan a una discriminación estructural histórica por parte de las instituciones que les impide acceder a derechos básicos como la salud, la educación y la alimentación. Ante la baja productividad de las tierras y la falta de oportunidades laborales, la única opción que muchas personas encuentran para la supervivencia es la migración, ya sea a los campos agrícolas del norte del país o a Estados Unidos. Las remesas de los migrantes constituyen una parte importante de los ingresos de muchas comunidades.

Sin embargo, la crisis económica en Estados Unidos impacta negativamente en las remesas, mientras las restricciones a la movilidad dificultan el traslado de comerciantes a las cabeceras municipales para vender sus productos. Por eso los precios de los productos de la canasta básica se han disparado en las comunidades hasta en un 100%. Esta pérdida de ingresos y desestabilización de la economía local tiene consecuencias dramáticas para una población que se encuentra en una situación de pobreza extrema. Pese a esto, las autoridades se han limitado en asegurar que se mantendrán los programas sociales, sin ofrecer medidas de apoyo económico o alimentario para garantizar medios mínimos de subsistencia durante la contingencia.

En todo México, los niveles de violencia se mantuvieron en niveles históricamente elevados desde el inicio de la contingencia sanitaria. En estados como Guerrero, en donde el crimen organizado tiene amplia presencia y existe una alta tasa de impunidad, la contingencia sanitaria se ha convertido en un catalizador para las agresiones contra las personas defensoras y periodistas. Además, el cierre de algunas instituciones públicas por medidas de confinamiento dificulta todavía más la coordinación interinstitucional y entre los diferentes niveles de gobierno, por lo que existe riesgo de que las personas defensoras y periodistas no reciban las medidas adecuadas de protección. Se reporta desde las organizaciones de la sociedad civil que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, se ha visto rebasado para atender situaciones de urgencia y para dar seguimiento a medidas de protección de beneficiarios, generando que las personas defensoras y periodistas puedan ser un blanco fácil de ataque.2

El 7 de agosto, el estado de Guerrero tenía registradas 11,963 personas contagiadas por el Covid-19, de las cuales 1,457 han fallecido3, representando una tasa de defunción de 12.2%, superior a la media nacional de 10.9%. Siguiendo su lógica mundial de difusión del centro a la periferia, la epidemia llegó a la montaña de Guerrero, lo cual se nota en particular a la capital de la región, Tlapa de Comonfort. La falta de infraestructura médica en general, y la dificultad para acceder a pruebas en particular, lleva a un importante subregistro de casos. Ante la falta de oportunidades, las familias jornaleras siguen migrando entre sus comunidades y los estados del norte, sin que las instituciones tomen medidas adecuadas para la mitigación de contagios, por lo cual los casos han estado aumentando considerablemente en las últimas semanas. Ello tiene consecuencias muy graves para la población de la montaña, ya afectada por complicaciones de enfermedades como el dengue, el paludismo y la diarrea.

La emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para combatirla claramente están afectando de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, como lo son los pueblos indígenas, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos como desaparición forzada. Resulta indispensable que el Estado mexicano tome las medidas necesarias para, en el marco de la emergencia sanitaria, proteger y atender a las personas que más lo requieren.

Ante esta situación, solicitamos a las autoridades competentes que garanticen que la respuesta a la crisis causada por COVID-19 incorpore un enfoque de derechos humanos en línea con Las Directrices Esenciales Para Incorporar La Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19 de las Naciones Unidas4, que permita garantizar la seguridad de la población, los derechos de las poblaciones que enfrentan de manera desproporcionada los impactos de la pandemia y  para mantener abierto el espacio de actuación de las personas defensoras y periodistas en la región.