Gobiernos federales y estatales en México han atribuido una creciente importancia a la inversión estatal y extranjera en actividades extractivistas y energéticas como fuentes de crecimiento económico. Proyectos económicos de gran escala, como parques eólicos, hidroeléctricas, aeropuertos y carreteras, son cada vez más comunes.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos ha alentado a todos los países a implementar un Plan Nacional de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos y ha publicado una guía con recomendaciones al respecto. Los PNAs deben respetar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, publicados en el 2011 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En años recientes, México empezó el proceso de desarrollar un PNA con los insumos de un grupo de trabajo conformado por líderes empresariales, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de haber sido un paso importante, el PNA todavía no ha sido finalizado.

La sociedad civil mexicana ha criticado varios aspectos del proceso, incluyendo la falta de inclusión de las aportaciones del grupo de trabajo, el carácter no vinculante de las consultas regionales y la falta de participación directa de representantes de comunidades indígenas y campesinas, entre otras. Varias organizaciones también han llamado la atención a la falta de cumplimiento del borrador del PNA con los estándares internacionales en la materia.

En agosto de 2016, antes de la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a México, una coalición de más de 100 organizaciones publicó un informe documentando 60 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas en todo México, las más comunes siendo violaciones de los derechos a la tierra y el territorio, acceso a la información, un medio ambiente sano, salud y los derechos indígenas. El informe destacó la falta de consultas previas, libres e informadas a comunidades sobre la implementación de proyectos en sus territorios y el involucramiento de actores estatales en varias de las violaciones.

En el contexto del creciente enfoque en el modelo extractivista e inversiones extranjeras, las y los defensores de tierra, territorio y medio ambiente enfrentan altos niveles de riesgo. Entre junio de 2016 y mayo de 2017, se documentó la ejecución extrajudicial de 11 personas defensoras del territorio. Entre el 2010 y 2015, 33 defensores/as de tierra, territorio y medio ambiente fueron asesinados/as en México. Un informe publicado por el ISHR en el 2015 destacó que esas personas defensoras son blancos constantes de difamación y criminalización. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recomendado la creación de una ley que garantice estándares mínimos en la consulta a comunidades indígenas afectadas por proyectos económicos.

PBI México ha incluido la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en sus enfoques temáticos debido a la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores. En su informe del 2016 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la situación de personas defensoras, Michel Forst, llamó a la comunidad internacional a “asumir urgentemente su responsabilidad de empoderar y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales”.

Entre sus recomendaciones, estaban varios puntos sobre los cuales PBI ha incidido con las autoridades mexicanas y actores internacionales: subir el perfil y visibilidad del trabajo legítimo de esas personas defensoras; asegurar que tratados de libre comercio incluyan mecanismos para prevenir violaciones contra defensores/as; desarrollar mecanismos de protección adecuados para defensores/as ambientales.

Haz clic aquí para leer la publicación de PBI México Defender la Vida: Personas Defensoras de la Tierra, el Territorio y el Medio Ambiente en Riesgo.

Marco legal: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y ha ratificado el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Eso genera obligaciones internacionales a México de respetar los derechos colectivos de pueblos indígenas, llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con los mismos y conseguir su consentimiento para la implementación de proyectos económicos en sus territorios.

La lucha del Pueblo Me’Phaa por ser territorio libre de minería

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) es una organización de derechos humanos que desde 1993 trabaja en el estado de Guerrero. Promueven y defienden derechos de los pueblos ñuu savi, me’phaa, nauas, nn´anncue y mestizos de la región de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero; entre ellos los derechos colectivos de los pueblos indígenas; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y derechos de la mujer.

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La Montaña de Guerrero, el manantial de resistencia y torbellino de esperanza

“Montaña, tu eres nuestro refugio y fortaleza, en ti descansa nuestro espíritu combativo. Tus cerros vigías nos protegen de las acechanzas de los enemigos del pueblo. En este manantial de la resistencia, se robustece nuestra lucha que nos envuelve en este torbellino de esperanza”

La región de la Montaña del estado de Guerrero es una fuente inagotable de resistencia.

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“Si no se resuelve el problema de fondo que provoca el conflicto socio-ambiental, siempre van a estar en riesgo”

El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México es una instancia de la sociedad civil que busca garantizar el respeto, promoción y protección de los derechos humanos por parte del Estado y las corporaciones nacionales y transnacionales a través de la adopción de los Principios Rectores de Naciones Unidas y de los más altos estándares de derechos humanos en la materia.

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Personas defensoras de derechos humanos del mundo se juntan en Bruselas

Durante 3 días, 40 personas defensoras de América, Europa, África y Asia nos reunimos en Bruselas para intercambiar experiencias y conocimientos en protección integral. Este encuentro nos permitió por un lado analizar las tendencias globales que impactan sobre el riesgo y por otro identificar las necesidades comunes entre el colectivo de defensores. Estas sesiones de trabajo permitieron construir una narrativa con mensajes claves y recomendaciones a actores políticos de la Unión Europea y los Estados Miembros.

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La defensa del territorio inicia desde los cuerpos que habitan el lugar

El Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha (Código-DH) es una organización ubicada en Oaxaca de Juárez y que trabaja para contribuir a la reivindicación de los derechos humanos y los derechos colectivos desde los pueblos indígenas y afromexicanos; ofrece asesoría y defensa legal, atención médica y psicológica a víctimas de violaciones de derechos humanos, y además, promueve el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad.

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Ojos internacionales sobre México

Los últimos meses han sido testigo de cambios significativos en México dada la elección de un nuevo Presidente, junto con las promesas y compromisos que su nuevo gobierno ha ido generando. Mientras tanto, el país está a la espera del cumplimiento de las promesas de cambio realizadas por el actual Presidente electo.

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¡El agua vale mas que el oro, porque el oro no se bebe!

Así lo ratificaron más de 30 pueblos y comunidades indígenas y campesinas de los Valles Centrales de Oaxaca, acompañadas por organizaciones y colectivos del estado, en el marco del Encuentro de los Pueblos de los Valles Centrales Contra la Minería denominado “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, evento que tuvo lugar el pasado 22 de Junio, día estatal de Rebeldía contra la minería, en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, distrito de Ocotlán y que PBI acompañó.

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