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Desde PBI México expresamos preocupación por los graves acontecimientos ocurridos el mes pasado en la comunidad de San Mateo del Mar, Oaxaca.

Durante la noche del pasado 21 de junio 2020, un total de 15 personas, 13 hombres y dos mujeres, fueron brutalmente asesinadas durante un enfrentamiento en Huazantlan del Rio, adonde unos miembros de la comunidad indígena Ikoots de San Mateo del Mar se habían dirigido para atender a una asamblea convocada por las agencias municipales, órganos de la forma de gobierno colectivista tradicional que caracterizan este pueblo. Ya durante el traslado a Huazantlan el grupo había sido agredido con disparos en el medio de la carretera por un grupo de personas armadas y encapuchadas1.

Los hechos se inscriben en el decenal conflicto social y político que ve entre los protagonistas el pueblo Ikoots y su fuerte oposición a un megaproyecto eólico en el área del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), donde San Mateo del Mar se ubica. El Estado de Oaxaca actualmente cuenta con 28 parques eólicos y genera la mitad de la energía generada en todo el país2. La región istmeña, entre las favoritas por las empresas transnacionales debido a la presencia de fuertes vientos, no solo es sumamente frágil a nivel ecológico, sino es un territorio ancestral y sagrado de los Ikoots3. San Mateo del Mar, ejerciendo su derecho a un consenso previo e informado, fue una de las dos y únicas poblaciones que consiguieron parar un proyecto eólico en el área, con el sentido objetivo de preservar su cultura hecha de lugares sagrados y su economía pesquera4.

Los acontecimientos del 21 de junio no se presentan como aislados; casi dos meses antes, el pasado 2 de mayo, se perpetraron dos ataques armados que dejaron un muerto y llevaron a una escalada de la violencia.5 A partir de esto hecho, los habitantes de San Mateo solicitaron la intervención de los gobiernos federal y estatal (Guardia Nacional, CNDH, Defensoría de los Pueblos de Oaxaca) a través de medidas cautelares que garantizaran su seguridad y previnieran la escalada del conflicto, sin obtener respuestas6.

Asimismo, ha sido destacado que7, durante la última masacre, la Guardia Nacional abandonó a la comunidad saliendo a la fuerza de la asamblea donde había llegado unas horas antes; además las autoridades forenses y periciales tardaron 24 horas en trasladarse a levantar los cuerpos y recuperar pruebas periciales.

Ante esta grave situación de intimidación y violencia y ante la ausencia del Estado, muchas organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales EDUCA, emitieron enseguida un pronunciamiento8 que, al igual que expresar indignación por los hechos, redactó unas claras peticiones a las autoridades federales y estatales involucradas, como el respeto y el reconocimiento de la cultura Ikoots y sus instituciones tradicionales y la garantía de elecciones libres y autónomas de acuerdo con sus formas de gobierno tradicional.

Además, la organización Maderas del Sureste A.C. decidió someter formalmente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un recurso de Queja por omisión en contra de las autoridades prepuestas a la seguridad pública que no garantizaron dicha seguridad durante el día de la masacre y durante los dos meses anteriores9.

Según el último Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)10, desde 2012 hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de defensores ambientales y 499 ataques a personas defensoras de tierra, territorio y recursos naturales, reafirmando México como uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del medioambiente. El estado con el mayor número de agresiones es precisamente Oaxaca, con Puebla, Chihuahua y Guerrero respectivamente en el cuarto, quinto y sexto lugar, siempre según el informe CEMDA.

PBI se suma al llamado que hacen las organizaciones de la sociedad civil a las autoridades competentes para esclarecer los hechos, para identificar y juzgar a los responsables intelectuales y materiales, para garantizar la seguridad de las y los integrantes de la comunidad de San Mateo del Mar y de todas las personas que ejercen su legítima labor de defensa.