El 11 de diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico” en México. Dicha guerra ha conllevado la militarización de tareas de seguridad pública en México, con el despliegue de soldados en zonas urbanas y rurales del país, así como el posicionamiento de militares al frente de órganos de seguridad pública y fuerzas policiales.
Desde entonces, la sociedad civil mexicana ha denunciado un aumento drástico de los niveles de violencia en México – con más de 170 mil personas asesinadas y más de 30 mil personas desaparecidas (según cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED) en los primeros diez años de esa guerra – y una serie de graves violaciones a los derechos humanos – cometidas tanto por fuerzas de seguridad militares como actores no estatales – a raíz de esa militarización: detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y el uso excesivo de la fuerza, todo esto en un contexto preocupante de impunidad.
Entre el 2012 y el 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 5.541 quejas contra el ejército y la marina mexicanas. La Open Society Foundations y la Fédération Internationale des droits humains han llamado a la Corte Penal Internacional a investigar posibles crímenes contra la humanidad cometidos por fuerzas de seguridad. Asimismo, varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han exigido al Estado mexicano reformar su código militar de justicia para que soldados acusados de violaciones de derechos humanos sean juzgados en cortes civiles.
El contexto de militarización de la seguridad pública y los altos niveles de violencia y violaciones registrados han tenido consecuencias para la defensa de los derechos humanos en México. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos ha comentado a PBI que “el despliegue de policías federales y militares ha resultado en mayores ataques y amenazas tanto en contra de periodistas como de defensores de derechos humanos”. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México ha notado “la instalación, desde 2006, de un clima de hostilidad en contra de las y los defensores”.
Personas defensoras de derechos humanos y periodistas han sufrido ataques y amenazas por representar a víctimas y denunciar abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y la política gubernamental de militarización. Se ha registrado un aumento de asesinatos de defensoras y defensores, un fenómeno que se ha vinculado al trabajo que venían realizando. La organización ACCUDEH documentó más de 120 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras en los primeros cuatro años y medio del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Defensoras y defensores acompañados por PBI México han expresado las dificultades que enfrentan al momento de representar a víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones u otras violaciones: hostigamiento de policías y agentes ministeriales a las familias de las víctimas y a las personas defensoras, campañas de desprestigio por parte del Estado y medios de comunicación, allanamientos de sus oficinas por la policía y amenazas, todo ello dentro de un contexto de falta de investigaciones e impunidad.
Por el hecho de denunciar violaciones cometidas por agentes estatales, las y los defensores se han visto en una situación de confrontación con el Estado y su estrategia de seguridad pública, llevando muchas veces a que sean señalados como ‘defensores de delincuentes’. Eso ha aumentado la vulnerabilidad de personas defensoras a ataques en su contra. La Red TdT ha denunciado que agresiones contra defensores/as se ha constituido en una “práctica generalizada” en México.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, tras su visita a México en octubre de 2015, recomendó al gobierno mexicano “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”. El Alto Comisionado también alentó al Estado mexicano a investigar las violaciones de derechos humanos y fortalecer la policía para que esta actúe en línea con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. A pesar de estas y otras recomendaciones de expertos y sociedad civil internacional, en diciembre 2017, el congreso mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior (LSI), que legitima el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad publica, entre otras cosas.
PBI considera que el contexto de militarización, impunidad y violencia en México afecta gravemente la situación de derechos humanos en el país y la capacidad de personas defensoras de llevar a cabo su trabajo. Por ello, PBI México ha apoyado a la sociedad civil en sus esfuerzos para cambiar esa realidad e incidido junto a autoridades mexicanas y la comunidad internacional por el combate a la impunidad y los abusos cometidos por fuerzas del Estado.
Haz clic aquí para leer el informe de PBI ¿“México en Paz”? Estrategia de Seguridad y Derechos Humanos.
Marco legal: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y ha firmado y ratificado la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otros instrumentos de derechos humanos. Ello, además de la propia Constitución y leyes mexicanas, genera a México obligaciones internacionales en materia de prevención y protección de personas contra abusos cometidos por fuerzas de seguridad u otros actores estatales.
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