El 11 de diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico” en México. Dicha guerra ha conllevado la militarización de tareas de seguridad pública en México, con el despliegue de soldados en zonas urbanas y rurales del país, así como el posicionamiento de militares al frente de órganos de seguridad pública y fuerzas policiales.
Desde entonces, la sociedad civil mexicana ha denunciado un aumento drástico de los niveles de violencia en México – con más de 170 mil personas asesinadas y más de 30 mil personas desaparecidas (según cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED) en los primeros diez años de esa guerra – y una serie de graves violaciones a los derechos humanos – cometidas tanto por fuerzas de seguridad militares como actores no estatales – a raíz de esa militarización: detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y el uso excesivo de la fuerza, todo esto en un contexto preocupante de impunidad.
Entre el 2012 y el 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 5.541 quejas contra el ejército y la marina mexicanas. La Open Society Foundations y la Fédération Internationale des droits humains han llamado a la Corte Penal Internacional a investigar posibles crímenes contra la humanidad cometidos por fuerzas de seguridad. Asimismo, varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han exigido al Estado mexicano reformar su código militar de justicia para que soldados acusados de violaciones de derechos humanos sean juzgados en cortes civiles.
El contexto de militarización de la seguridad pública y los altos niveles de violencia y violaciones registrados han tenido consecuencias para la defensa de los derechos humanos en México. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos ha comentado a PBI que “el despliegue de policías federales y militares ha resultado en mayores ataques y amenazas tanto en contra de periodistas como de defensores de derechos humanos”. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México ha notado “la instalación, desde 2006, de un clima de hostilidad en contra de las y los defensores”.
Personas defensoras de derechos humanos y periodistas han sufrido ataques y amenazas por representar a víctimas y denunciar abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y la política gubernamental de militarización. Se ha registrado un aumento de asesinatos de defensoras y defensores, un fenómeno que se ha vinculado al trabajo que venían realizando. La organización ACCUDEH documentó más de 120 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras en los primeros cuatro años y medio del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Defensoras y defensores acompañados por PBI México han expresado las dificultades que enfrentan al momento de representar a víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones u otras violaciones: hostigamiento de policías y agentes ministeriales a las familias de las víctimas y a las personas defensoras, campañas de desprestigio por parte del Estado y medios de comunicación, allanamientos de sus oficinas por la policía y amenazas, todo ello dentro de un contexto de falta de investigaciones e impunidad.
Por el hecho de denunciar violaciones cometidas por agentes estatales, las y los defensores se han visto en una situación de confrontación con el Estado y su estrategia de seguridad pública, llevando muchas veces a que sean señalados como ‘defensores de delincuentes’. Eso ha aumentado la vulnerabilidad de personas defensoras a ataques en su contra. La Red TdT ha denunciado que agresiones contra defensores/as se ha constituido en una “práctica generalizada” en México.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, tras su visita a México en octubre de 2015, recomendó al gobierno mexicano “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”. El Alto Comisionado también alentó al Estado mexicano a investigar las violaciones de derechos humanos y fortalecer la policía para que esta actúe en línea con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. A pesar de estas y otras recomendaciones de expertos y sociedad civil internacional, en diciembre 2017, el congreso mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior (LSI), que legitima el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad publica, entre otras cosas.
PBI considera que el contexto de militarización, impunidad y violencia en México afecta gravemente la situación de derechos humanos en el país y la capacidad de personas defensoras de llevar a cabo su trabajo. Por ello, PBI México ha apoyado a la sociedad civil en sus esfuerzos para cambiar esa realidad e incidido junto a autoridades mexicanas y la comunidad internacional por el combate a la impunidad y los abusos cometidos por fuerzas del Estado.
Haz clic aquí para leer el informe de PBI ¿“México en Paz”? Estrategia de Seguridad y Derechos Humanos.
Marco legal: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y ha firmado y ratificado la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otros instrumentos de derechos humanos. Ello, además de la propia Constitución y leyes mexicanas, genera a México obligaciones internacionales en materia de prevención y protección de personas contra abusos cometidos por fuerzas de seguridad u otros actores estatales.
Abajo se encuentra noticias recientes sobre las organizaciones acompañadas por PBI que trabajan la tematica de seguridad y derechos humanos:
Han pasado 12 años desde la última revisión del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en México, por lo que la última revisión que el Comité se llevó a cabo en marzo de este año, fue muy bienvenida.
Del 9 al 13 de abril, una delegación de abogados y abogadas del Estado Español visitaron al Norte de México y la Ciudad de México para conocer de primera mano y visibilizar la situación de abogados y abogadas que defienden los derechos humanos en México, además de conocer el estado de implementación de las leyes generales sobre tortura y desaparición así como las estrategias de las organizaciones y personas defensoras frente a la Ley de Seguridad Interior.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante el 2017 el número de personas refugiadas aumentó un 578% y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reconoció que hay un total de 14,594 personas solicitantes de refugiado en México. Como respuesta, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados está colaborando con varios albergues del sur del país y con la Casa del Migrante de Saltillo (CMS) en Coahuila, para ampliar los espacios y poder atender mejor a personas refugiadas.
En su último informe, publicado el 23 de marzo 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, hace mención explícita de las personas defensoras de derechos humanos de Chilapa de Alvarez, Guerrero, y su particular nivel de riesgo en el contexto muy hostil en el que desarrollan su legitima labor: “Las personas defensoras de derechos humanos de Chilapa, donde las desapariciones masivas parecen haber ocurrido con la aquiescencia de las autoridades, son particularmente vulnerables a ataques en este contexto de crimen organizado y corrupción”.
Washington DC / Nueva York / Stuttgart/ Ginebra, 20 de marzo de 2018 – El Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México mantiene su preocupación por la nueva Ley de Seguridad Interior y por la negativa del gobierno mexicano de aceptar las implicaciones de esta ley. El Observatorio Internacional urge a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a utilizar todos los mecanismos a su disposición para prevenir la militarización de la seguridad pública en México. En particular, el Observatorio insta a la CIDH a poner a disposición de la Suprema Corte de México su experticia durante la revisión de la ley propuesta, así como a solicitar la Opinión Consultiva de la Corte interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia.
El director de la Casa Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl fue invitado por Brigadas Internacionales de Paz a participar en varios eventos en Europa con el objetivo de visibilizar el trabajo que realizan quienes defienden los derechos de personas migrantes y refugiadas en Coahuila, y el alto riesgo asociado a su trabajo. En Bilbao, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado- Euskadi reunió en el Congreso “Proteger a quien defiende” al Relator Especial sobre la Situación de personas defensoras Michel Forst, a personas defensoras de América Latina y Sáhara y a organizaciones europeas para reflexionar sobre las necesidades de protección, estrategias y riesgos específicos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.
En el marco de nuestro acompañamiento al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (PdN)PBI se desplazó a finales del año 2017 a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. La organización se dedica a la promoción de los DDHH y acompaña psicológica y jurídicamente casos de desaparición forzada y tortura en Ciudad Juárez y la zona norte del estado.
En el marco del seguimiento a la primera Misión Civil de Observación en Chilapa y Chilpancingo convocada por la Red TdT los días 19 y 20 de septiembre, organizaciones de derechos humanos nacionales (Red TdT, Centro Morelos, Tlachinollan, CCTI, Serapaz) e internacionales (Amnistía Internacional) se reunieron con el Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero, Florencio Salazar Adame, y funcionarios de dependencias de la gobernacion del estado de Guerrero, el día 28 de noviembre en Chilpancingo.
Código DH, organización acompañada por PBI, organizó el 21 de octubre el foro ´Conversatorio: Agenda para la Libertad de Expresión Primer análisis: Medidas de prevención y protección a periodistas, avances y retos´ en el marco de su proyecto VOX que tiene el objetivo de fortalecer capacidades para la defensa de la libertad de expresión desde el ejercicio periodístico y de comunicación en medios libres y comunitarios con una perspectiva de derechos humanos.
Del 16 al 18 de octubre, Araceli Tecolapa del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos Morelos y Pavón del estado de Guerrero, organización acompañada por PBI, participó en una delegación de defensores mexicanos a Canadá.
