Informes Importantes

El 11 de diciembre de 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico” en México. Dicha guerra ha conllevado la militarización de tareas de seguridad pública en México, con el despliegue de soldados en zonas urbanas y rurales del país, así como el posicionamiento de militares al frente de órganos de seguridad pública y fuerzas policiales.

Desde entonces, la sociedad civil mexicana ha denunciado un aumento drástico de los niveles de violencia en México – con más de 170 mil personas asesinadas y más de 30 mil personas desaparecidas (según cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED) en los primeros diez años de esa guerra – y una serie de graves violaciones a los derechos humanos – cometidas tanto por fuerzas de seguridad militares como actores no estatales – a raíz de esa militarización: detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y el uso excesivo de la fuerza, todo esto en un contexto preocupante de impunidad.

Entre el 2012 y el 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 5.541 quejas contra el ejército y la marina mexicanas. La Open Society Foundations y la Fédération Internationale des droits humains han llamado a la Corte Penal Internacional a investigar posibles crímenes contra la humanidad cometidos por fuerzas de seguridad. Asimismo, varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han exigido al Estado mexicano reformar su código militar de justicia para que soldados acusados de violaciones de derechos humanos sean juzgados en cortes civiles.

El contexto de militarización de la seguridad pública y los altos niveles de violencia y violaciones registrados han tenido consecuencias para la defensa de los derechos humanos en México. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos ha comentado a PBI que “el despliegue de policías federales y militares ha resultado en mayores ataques y amenazas tanto en contra de periodistas como de defensores de derechos humanos”. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México ha notado “la instalación, desde 2006, de un clima de hostilidad en contra de las y los defensores”.

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas han sufrido ataques y amenazas por representar a víctimas y denunciar abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y la política gubernamental de militarización. Se ha registrado un aumento de asesinatos de defensoras y defensores, un fenómeno que se ha vinculado al trabajo que venían realizando. La organización ACCUDEH documentó más de 120 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras en los primeros cuatro años y medio del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Defensoras y defensores acompañados por PBI México han expresado las dificultades que enfrentan al momento de representar a víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones u otras violaciones: hostigamiento de policías y agentes ministeriales a las familias de las víctimas y a las personas defensoras, campañas de desprestigio por parte del Estado y medios de comunicación, allanamientos de sus oficinas por la policía y amenazas, todo ello dentro de un contexto de falta de investigaciones e impunidad.

Por el hecho de denunciar violaciones cometidas por agentes estatales, las y los defensores se han visto en una situación de confrontación con el Estado y su estrategia de seguridad pública, llevando muchas veces a que sean señalados como ‘defensores de delincuentes’. Eso ha aumentado la vulnerabilidad de personas defensoras a ataques en su contra. La Red TdT ha denunciado que agresiones contra defensores/as se ha constituido en una “práctica generalizada” en México.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, tras su visita a México en octubre de 2015, recomendó al gobierno mexicano “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”. El Alto Comisionado también alentó al Estado mexicano a investigar las violaciones de derechos humanos y fortalecer la policía para que esta actúe en línea con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. A pesar de estas y otras recomendaciones de expertos y sociedad civil internacional, en diciembre 2017, el congreso mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior (LSI), que legitima el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad publica, entre otras cosas. 

PBI considera que el contexto de militarización, impunidad y violencia en México afecta gravemente la situación de derechos humanos en el país y la capacidad de personas defensoras de llevar a cabo su trabajo. Por ello, PBI México ha apoyado a la sociedad civil en sus esfuerzos para cambiar esa realidad e incidido junto a autoridades mexicanas y la comunidad internacional por el combate a la impunidad y los abusos cometidos por fuerzas del Estado.

Haz clic aquí para leer el informe de PBI ¿“México en Paz”? Estrategia de Seguridad y Derechos Humanos.

Marco legal: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y ha firmado y ratificado la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otros instrumentos de derechos humanos. Ello, además de la propia Constitución y leyes mexicanas, genera a México obligaciones internacionales en materia de prevención y protección de personas contra abusos cometidos por fuerzas de seguridad u otros actores estatales.

Abajo se encuentra noticias recientes sobre las organizaciones acompañadas por PBI que trabajan la tematica de seguridad y derechos humanos:

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte informa sobre liberación de Sobreviviente de Tortura

El 13 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organización acompañada por PBI, informó en un comunicado de prensa sobre la puesta en libertad de una de las personas a las que acompaña jurídicamente, el señor J.Valdez, quien según informa el centro fue acusado en 2011 por el delito de extorsión agravada, acusación inicial sobre la cual se emitió el día 11 de septiembre un nuevo juicio para la investigación de los hechos de tortura perpetrados contra el acusado por agentes ministeriales, lo cual fue -luego del peritaje independiente realizado bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul- ratificado por la resolución del juez, quien determinó su liberación.

Español

PBI realiza gira a Ciudad Juárez

El 26 de junio, se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, que recuerda la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Cabe recordar que en México a nivel federal, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue aprobada en el reciente periodo legislativo y su entrada en vigor regiría a partir del mismo 26 de junio.

Español

Un año de los Hechos de Violencia en Nochixtlan

19 June marked the one year anniversary of the “Oaxaca Operation,” carried out by the State and Federal Police in Nochixtlan and four other municipalities. According to different organizations, a series of violent events occurred that led to eight deaths and hundreds of injuries, in addition to psychological damage to dozens of civilians, including children.

Español

Situación de Riesgo del Centro de Atención a Migrantes en Chahuites

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los últimos años los flujos migratorios que transitan por México se han incrementado y el fenómeno migratorio se ha vuelto más complejo. Ante la necesidad de auxiliar a los migrantes indocumentados que cruzan por el municipio de Chahuites, en la región del Istmo de Tehuantepec, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra fundó en 2014 en dicho municipio el Centro de Atención y Ayuda Humanitaria a Migrantes, mismo que es una extensión del albergue Hermanos en el Camino, de Ciudad Ixtepec.

Español

El Riesgo Enfrentado por las Familias que buscan a sus Desaparecidos en México

La noche del 10 de mayo, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, defensora de derechos humanos y madre de una hija desaparecida, fue asesinada en el estado de Tamaulipas. El 10 de mayo es Día de las Madres en México, y desde hace 6 años familiares de personas desaparecidas en distintas partes de México realizan la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir justicia.

Español

Páginas

Suscribirse a Seguridad y Derechos Humanos