Mexico D.F., 5 February 2014. Civil society organizations issued a press release celebrating the Senate's decision to withdraw the reservation made by the Mexican government to the Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons. The decision opens the way for members of the Armed Forces who have perpetrated the crime of disappearance to be trialed by civilian courts. In 2009, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) resolution on the Rosendo Radilla case declared the reservation as invalid, as it was contrary to the spirit of the treaty. The reservation allowed military personnel to be trialed by military courts.

In addition to excluding the military jurisdiction from investigating crimes of disappearance, the Senate reiterated the absence of immunity for members of the Armed Forces who commit such crime. The organizations highlighted the persistent use of military jurisdiction to investigate human rights violations, despite recent resolutions by Mexico's Supreme Court and the IACHR condemning it.

They also urged the Mexican government to reform the Military Code of Justice in order to guarantee that military personnel who have committed human rights violations be always trialed by civilian courts.

PBI joins these organizations in welcoming the Senate's decision and calls on the Mexican authorities to carry out the pending reforms to the military justice system. PBI also calls on the Mexican State to fully comply to the IACHR sentence on the Rosendo Radilla case, as the Radilla family still has not seen justice done nearly 40 years after Rosendo's forced disappearance.

See below the press release in full (in Spanish):

OSC saludan el retiro de la reserva de México a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

• Con 93 votos a favor, el Senado aprobó retirar la reserva que permitía investigar y sancionar delitos de desaparición forzada en la jurisdicción militar.

• Aún queda pendiente la reforma al Código de Justicia Militar para restringir los alcances de la jurisdicción militar en materia de violaciones a derechos humanos.

México, D.F., 4 de Febrero de 2014.- Las organizaciones de la sociedad civil firmantes celebran la decisión del Senado de la República de aprobar el retiro de la reserva que el Gobierno mexicano interpuso al artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas al momento de su ratificación. Sin embargo, el Congreso aun tiene pendiente reformar el fuero militar para excluir en definitiva la competencia de dichos órganos militares para conocer de delitos cometidos en contra de civiles, tal como lo ordenó la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco.

El artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas señala que “los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar”. La reserva a dicha Convención señalaba que el fuero de guerra, al estar reconocido en la Constitución, no constituye una jurisdicción especial para los elementos castrenses por lo que valida la competencia de dicha jurisdicción para conocer de una desaparición forzada que fuese cometida por un militar en servicio.

Desde el año 2009, en su resolución sobre el caso Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado como inválida la reserva interpuesta por México ya que ésta, al implicar el desconocimiento del derecho de toda persona a un juez natural para la investigación y sanción del crimen de desaparición forzada, resultaba contraria al fin y espíritu del tratado.

La jurisdicción militar continúa siendo aplicada en México para investigar violaciones de derechos humanos, a pesar de resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restringir la jurisdicción militar y de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado mexicano a modificar sus alcances (casos Rosendo Radilla, Inés Ortega, Valentina Rosendo y Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel “Campesinos Ecologistas”). Si bien se ha presentado un anteproyecto de dictamen para modificar el Código de Justicia Militar elaborado por la Comisión de Justicia del Senado, a la fecha, éste no ha sido discutido y aprobado por las y los legisladores, lo que permite que la jurisdicción militar continúe conociendo de violaciones a derechos humanos.

Sin restar importancia al retiro de la reserva, las organizaciones subrayan que el Estado mexicano debe aprobar a la brevedad las reformas legislativas al Código de Justicia Militar que armonicen dicho instrumento con las obligaciones internacionales, para que ningún caso en que militares sean responsables de cometer violaciones a los derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales militares.