Las últimas dos sesiones (167 y 168) de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) realizadas en 2018 han visto una panorama de audiencias sobre México, las cuales ofrecen una fotografía oscura de la situación de derechos humanos en el país. Estos casos reafirman la situación de crisis de derechos humanos que ya fuera constatada por la CIDH tras su visita in loco a México en 2015. También se visibilizaron los impactos de las políticas de seguridad pública y la prevalencia de la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos. Estas violaciones no solo representan obstáculos para el desarrollo de una sociedad en paz, si no representan también retos importantes para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
Los casos que han sido presentados tratan temas de la Ley de Seguridad Interior, tortura, desaparición forzada y la falta de medidas adecuadas que garanticen investigaciones serias para esclarecer los hechos y castigar a los culpables. Durante estas audiencias los y las representantes de la sociedad civil, tanto víctimas como las personas defensoras de los derechos humanos quienes les representan y acompañan, han tenido la oportunidad de presentar pruebas y análisis frente a la Comisión y la Corte sobre casos específicos y tendencias generales, luego han escuchado las repuestas por parte del Estado mexicano.
En este artículo, nos enfocamos en dos casos emblemáticos que han sido presentados ante el sistema interamericano, el Caso Ayotzinapa y el Caso Alvarado. Ambos contienen elementos de las problemáticas mencionadas y desafortunadamente no son casos aislados ni excepcionales, por lo cual ofrecen miradas importantes a las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en México.
Caso Ayotzinapa
“El caso de Iguala es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas, que afectan al país entero.”
– Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raád Al Hussein, 7 de octubre 2015
Ver la última audiencia en el CIDH sobre el Caso Ayotzinapa
Uno de los casos mexicanos más conocidos a nivel mundial, el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa sigue sin respuesta adecuada por parte de la justicia mexicana, a pesar de las evidencias y líneas de investigación planteadas por el GIEI y la CNDH que señalarían la implicación de fuerzas de seguridad del estado de todos los niveles en la desaparición. La CIDH convocó esta audiencia para que el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa recogiera los elementos necesarios para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI.
En marzo de este año, la ONU publicó un informe “Doble Injusticia” que contiene información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en la investigación del Caso Ayotzinapa por parte del Estado, incluyendo evidencia de detenciones arbitrarias y tortura. Este informe ha sido rechazado por parte del gobierno mexicano, quien desconoció las conclusiones del informe y cuestionó la metodología de documentación.
En abril de este año, los y las familiares de los 43 estudiantes conmemoraron 43 meses buscando a sus hijos, la verdad y la justicia. Este caso ilustra los altos niveles de impunidad en México. A pesar de la atención nacional e internacional que sigue recibiendo este caso, los avances son insuficientes, y los y las familiares siguen sin obtener información sobre el paradero de sus seres queridos. Desafortunadamente, el Caso Ayotzinapa no es un caso aislado. La impunidad estructural alimenta un ambiente que permite la comisión de violaciones de derechos humanos en México y sin investigaciones serias, imparciales y exhaustivas, la situación seguirá empeorando.
Para conocer más sobre el Caso Ayotzinapa puede consultar los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Caso Alvarado
"Este caso es muy importante porque da voz a más de 34.000 familias que han sufrido la desaparición de un ser querido en México y que no han tenido respuesta"
- Paola Saez del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Ver el video "
Por primera vez, la CorteIDH juzga al Estado Mexicano por una desaparición forzada ocurrida en el estado de Chihuahua en 2009, durante la llamada guerra contra el narcotráfico. La noche del 29 de diciembre 2009, 3 miembros de la familia Alvarado desaparecieron después de haber sido llevados por el ejército. La familia sostiene que fue a interponer una serie de denuncias. Aseguran que al principio al menos cinco de las 12 instancias locales y estatales a las que acudieron les dijeron que estaban detenidos en el batallón 35 de infantería. Pero finalmente, con el tiempo, las autoridades lo negaron.
Después de haber interpuesto estas denuncias, la familia empezó a recibir amenazas, por las cuales, 11 miembros de la familia pidieron asilio político en los Estado Unidos y a día de hoy no han podido regresar a su país.
Aunque se desconoce el motivo de la desaparición, la familia Alvarado y sus abogados creen que está ligado al “Operativo Conjunto Chihuahua”, lo cual fue uno de los primeros operativos en contra del narcotráfico que involucró al ejército mexicano. Organizaciones de la sociedad civil vinculan esta estrategia militarizada con el aumento de las desapariciones, las detenciones arbitrarias y la tortura en muchas zonas del país, casos que permanecen actualmente en la impunidad.
En estas últimas sesiones, la Comisión y la Corte escucharon testimonios que evidencian la gravedad de la situación de derechos humanos en México. En años pasados, la CIDH ha lamentado los insuficientes avances sobre sus recomendaciones basadas en las audiencias realizadas. PBI insta al Estado Mexicano a implementar las recomendaciones de esta instancia internacional para abordar las causas estructurales por las cuales las violaciones de derechos humanos siguen aumentando en el país. Destacamos las siguientes recomendaciones:
- Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles
- Fortalecer las instancias encargadas de la protección de personas defensoras de derechos humanos, para que éstas puedan garantizar adecuadamente su vida e integridad. A su vez, se insta al Estado mexicano a incorporar las perspectivas de género y multicultural en el diseño y adopción de medidas de protección para defensoras
- Adoptar medidas para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno