El 7 de enero de 2018, tras un enfrentamiento violento en la comunidad La Concepción (Guerrero) que resultó en la muerte de ocho personas, tuvo lugar un operativo de seguridad donde tres personas perdieron la vida y por lo menos 25 fueron detenidas, la mayoría de ellas integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP). La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México daba cuenta de contar con fuertes elementos de convicción sobre la comisión de violaciones a los derechos humanos durante la detención, incluyendo la tortura, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas, allanamientos sin orden judicial y otras. Así mismo, varios periodistas sostuvieron haber sido golpeados y acosados para detener las videograbaciones durante el operativo. A raíz de estos hechos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización acompañada por PBI, asumió la representación jurídica de los detenidos y alertó sobre las irregularidades que acompañaban la investigación así como las condiciones precarias de detención y aislamiento del líder comunitario Marco Antonio Suástegui.
Estos hechos violentos suscitaron pronunciamientos públicos del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos y del Centro por el Derecho a la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) mostrando gran preocupación por las detenciones arbitrarias y los indicios del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales y militares en un contexto de criminalización de quienes se oponen a la construcción de la presa La Parota. Desde el 2003, cuando inició el proceso de reivindicación de los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico, han sido asesinados tres miembros del CECOP y otros seis han sido encarcelados. Entre estos, Marco Antonio Suástegui Muñoz quien fuera recluido arbitrariamente en un penal de máxima seguridad el 17 de junio del 2014 por el delito de robo calificado, y liberado el 21 de agosto 2015, al no existir elementos de fundamento para procesarlo.
Como seguimiento al caso emblemático del CECOP, la Coordinadora Alemana para los Derechos Humanos en México se trasladó a Guerrero en marzo y visitó a los detenidos en el penal. De esta forma, pudo constatar las condiciones precarias de detención y restricciones que estarían afectando a su derecho a la salud. Un mes después de esta visita, la jueza de ejecución ordenó al Centro de Reinserción Social Las Cruces de generar las condiciones de internamiento dignas para las 25 personas del CECOP que permanecen privadas de su libertad. Según el CDHM Tlachinollan, esta resolución queda a día de hoy pendiente de implementar y apunta a que este tipo de resoluciones emitidas a partir de casos concretos ofrecen oportunidades de mejorar la infraestructura y respeto a los derechos humanos y de gestar cambios en el sistema penitenciario.
En Europa, la criminalización de los 25 detenidos del CECOP fue abordada por el Diputado Seán Crowe mediante una pregunta parlamentaria dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio quien respondió de estar dando seguimiento al caso vía la embajada en México y a través de otros mecanismos de diálogo bilaterales entre la Unión Europea y México.
La situación para las personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente continúa siendo grave y empeora en un contexto de violencia electoral que afecta al conjunto de la población. Las acciones de reconocimiento son una de las medidas preventivas de protección que desde PBI hemos cabildeado ante las autoridades de gobierno mexicanas. En este sentido, valoramos muy positivamente el reconocimiento público a las personas defensoras de los derechos económicos, sociales y culturales realizado por la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de protección y el llamado a garantizar que no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la defensa legítima de sus derechos. Como fue recomendado por el Relator de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras, Michel Forst, estas acciones debieran realizarse también en las entidades federativas. PBI además recomienda que se realice de forma coordinada y respaldada por todas las áreas institucionales que estén involucradas en la protección de personas defensoras, es decir desde las secretarías de seguridad, gobernación, procuración de justicia y otras.
PBI a través del acompañamiento internacional, analiza la situación de las personas defensoras en Guerrero y se desplaza periódicamente al estado para brindar acompañamiento físico al CDHM Tlachinollan y mantener reuniones con autoridades de gobierno y sociedad civil.