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En un contexto de debates y protestas en México acerca de la conformación de una Guardia nacional para la seguridad pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó el 28 de noviembre del 2018 su sentencia en el Caso Alvarado, un caso emblemático de desapariciones forzadas causadas por el contexto de militarización, que ocurrieron en 2009 en el estado de Chihuahua. En una trágica historia, este caso cuenta de varias de las problemáticas más fuertes de derechos humanos que vive el país todavía: las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, la impunidad y la militarización.

El caso Alvarado: la desaparición de tres miembros de una familia durante el Operativo Conjunto Chihuahua

Los hechos ocurrieron en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” declarada en 2006 por el entonces presidente de México, Felipe Calderón. Esta estrategia privilegia la participación de las fuerzas armadas, es decir del Ejército, en las tareas de seguridad pública. Así se implementó a partir de marzo de 2008 en el estado de Chihuahua el Operativo Conjunto Chihuahua, con el despliegue de 2,000 integrantes del Ejército mexicano así como elementos de la policía federal. El operativo no logró acabar con la violencia, sino que se observó un incremento tanto en casos de homicidio doloso como en violaciones a los derechos humanos. El caso Alvarado es uno de ellos: en diciembre 2009, tres miembros de una misma familia, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, fueron detenidos arbitrariamente por militares; no se supo nunca más de su destino o paradero.

Ocho años de lucha para la verdad y la justicia

Desde entonces, los familiares de los primos Alvarado han luchado sin parar para conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos y exigir justicia. El caso ha sido representado por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y el Centro de Derechos Humanos de la Mujeres (CEDEHM), así como por las organizaciones COSYDDHAC (Comisión y Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos) y MEXENEX (Mexicanos en el Exilio). El caso finalmente llegó a la CorteIDH en el 2016, debido a que el Estado mexicano no cumplió con las recomendaciones emitidas por la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH).

#FueElEjercito

En su sentencia del 28 de noviembre 2018, la Corte reconoció la responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición de los tres primos, así como la responsabilidad del Estado mexicano por faltas a la hora de llevar a cabo una investigación adecuada. La Corte estableció en particular que el Estado mexicano permitió que el caso fuera declinado a favor del fuero militar, lo que es considerado grave por el “acreditado contexto de impunidad en México respecto de este tipo de casos demuestra la falta de fiscalización de dichos operativos con participación militar”; y que es responsable de un retardo injustificado para llevar a cabo las investigaciones. La Corte dictó en su sentencia medidas de reparación, entre otras la investigación del paradero de los primos Nitza, Rocío y José Ángel Alvarado; la sanción a los responsables de la desaparición; la organización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el que estén presentes representantes de la Sedena; la atención a los daños a los proyectos de vida de los familiares de las víctimas; y la generación de las condiciones para el retorno o reubicación de las familias que fueron desplazadas de manera forzosa e indemnizar por los daños causados.

Amenazas, hostigamiento y actos de violencia

En efecto, tanto los familiares como los abogados que trabajan en este caso han sido blanco de actos de hostigamiento, amenazas y violencia. Varios familiares tuvieron que desplazarse de su lugar de residencia, algunos buscaron asilo político en los Estados Unidos. La CoIDH ha emitido medidas provisionales en varias ocasiones a favor de los tres primos, 34 familiares y una de sus representantes. A pesar de los riesgos, familiares y abogados siguieron con su trabajo hasta la emisión de una sentencia por la CorteIDH.

Una crítica de las estrategias de militarización para luchar contra la violencia

La sentencia suena como una advertencia en el contexto actual de implementación de una Guardia Nacional en México tras la decisión del actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Múltiples casos similares han ocurrido en el país y tanto la sociedad civil mexicana como organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de la militarización como estrategia de lucha contra el crimen organizado. En 2018, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, junto con varias organizaciones de sociedad civil, presentó ante la CPI una comunicación sobre la posible comisión de crímenes de lesa-humanidad en el estado de Chihuahua en el marco del mismo Operativo Conjunto Chihuahua entre 2008 y 2010 – en este periodo ocurrieron las desapariciones forzadas de los primos Alvarado.

Un llamado a acabar con la violencia y defender el derecho a defender los derechos humanos

La situación de desapariciones forzadas en México sigue siendo muy preocupante: el gobierno reconoció a principios de febrero 2019 la existencia de 40,000 personas desaparecidas en el país y de una “crisis humanitaria” referido a las violaciones a derechos humanos. La casi totalidad de los casos siguen impunes. Peace Brigades International llama a las autoridades para que tomen todas las medidas posibles para garantizar los derechos humanos y permitir el acceso a la verdad y a la justicia. PBI recuerda también que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad de mucho riesgo en México, tal como se vio en el caso de los familiares y abogados del caso Alvarado, y hace un llamado a las autoridades mexicanas de todos los niveles para que asuman sus responsabilidades para su protección y seguridad, de manera que puedan llevar a cabo su trabajo legítimo en seguridad.