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La naturaleza cambiante de las relaciones de poder a nivel internacional, implica que muchas veces las empresas transnacionales tengan más poder “de facto” que los gobiernos en muchos lugares del mundo. La posición privilegiada que se ha otorgado a la inversión extranjera en países como México, ha desencadenado reformas estructurales que buscan primordialmente atraer capital extranjero, a costa del detrimento de los derechos de las comunidades, especialmente a un medio-ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, al igual que su derecho legítimo de decidir sobre el devenir de sus territorios, en cuestión de inversiones.

Esta tendencia se ve claramente reflejada en las cláusulas de protección de inversiones consignadas en diferentes Tratados de Libre Comercio (TLC), o en casos jurídicos que llevan empresas poderosas en contra de gobiernos que han creado legislaciones que al favorecer a las comunidades, pueden afectar sus márgenes de beneficio.

En este marco, la sociedad civil ha buscado maneras de acortar el poder corporativo y asegurar una legislación internacional robusta, para anteponer la protección de los Derechos de las personas, por encima de intereses económicos, como es el caso de el Tratado Vinculante de Empresas y Derechos Humanos, oficialmente llamado “Instrumento Vinculante que regula, en el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos, las Actividades de Corporaciones Transnacionales y Otras Empresas”; esta iniciativa pretende que las empresas actúen con debida diligencia en sus proyectos, minimizando impactos ambientales y respetando los Derechos Humanos en sus territorios.

La idea de un Tratado Vinculante Internacional ha sido un tema polémico en el campo de empresas y Derechos Humanos, cuya aceptación por parte del sector privado y algunos gobiernos ha sido difícil. Sin embargo, la presión activa y constante de la sociedad civil y la comunidad internacional ha permitido que el Tratado Vinculante sea cada vez más una posibilidad. En Octubre de este año, por ejemplo, un primer borrador o “Borrador Zero” como se le llamará, estará siendo discutido entre los Estados, en Ginebra.

Otras iniciativas que van en una dirección similar al Tratado Vinculante son los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y los Planes Nacionales de Acción. Dado que las empresas no poseen las mismas responsabilidades que los Estados bajo el Derecho Internacional, se abrió un debate largo sobre las responsabilidades que sí tienen las empresas frente a los Derechos Humanos, desarrollándose así, Principios Rectores para clarificar los papeles y las diferentes responsabilidades que deberían tener los Estados y las empresas, al abordar los impacto que generan las empresas en los Derechos Humanos, sobre todo, el deber que tiene el Estado de proteger los Derechos Humanos, regular las responsabilidades de las empresas, asegurar que sus actividades no violen los Derechos Humanos y asegurar el acceso a reparación de las víctimas.

Lastimosamente, aunque éstas son herramientas útiles para alentar a las empresas a respetar, proteger y promover los Derechos Humanos, estos Principios Rectores no son obligatorios y no hay ningún ente encargado de asegurar su implementación, lo que significa que ni los Estados ni las empresas están obligadas a cumplir con ello; 7 años después de su implementación, PBI no ha observado un mejoramiento en la situación de riesgo para las Personas Defensoras en terreno, al contrario, hubo un aumento en ataques en contra de personas defensoras de tierra, territorio y medio-ambiente, lo que indica que la implementación de los Principios Rectores por códigos voluntarios de conducta, no ha surtido el efecto esperado y ante esto, se requiere mas acción.

El Centro de Empresas y Derechos Humanos por su parte, ha señalado que es fundamental que la sociedad civil internacional, sobre todo las comunidades y organizaciones afectadas por los proyectos de inversión extranjera, puedan participar activamente en el diseño de este tratado para asegurar que sus perspectivas sean reflejadas y sus voces sean escuchadas. Actualmente, varios grupos de organizaciones se han reunido para ejercer una mayor presión sobre los Estados involucrados en la elaboración del Tratado Vinculante. Estos incluyen la Red de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Feministas por un Tratado Vinculante y el Treaty Alliance, que es un grupo de campañas de la sociedad civil, redes, movimientos sociales y organizaciones de todo el mundo, donde PBI ha monitoreado el desarrollo y la participación. En México, PBI acompaña al Grupo Focal de Derechos Humanos, un colectivo de ONG que trabaja para garantizar el respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos por parte de los Estados y las empresas nacionales e internacionales.

Durante los últimos años, PBI ha observado un aumento en los ataques en contra de personas defensoras de la tierra, territorio y medio-ambiente; información que corrobora, junto a otras ONGs y representantes de Instituciones Internacionales como las Naciones Unidas. Se evidencia por tanto que las personas defensoras están directamente afectadas por la falta de regulación del sector empresarial internacional y el desequilibrio entre el poder corporativo y los mecanismos débiles de protección de los Derechos Humanos, implementados por gobiernos en todo el mundo, escenario particularmente visible en México, que según Global Witness se cataloga como el cuarto país mas peligroso para defender la tierra, territorio y medio-ambiente.

En vista de lo anterior, PBI ve con buenos ojos la iniciativa de este Tratado Vinculante e incide por la inclusión de cláusulas específicas dedicadas a la prevención de ataques en contra de personas que defienden sus territorios contra amenazas de grandes inversiones internacionales; por privilegiar la protección de los Derechos de las comunidades e individuos, más allá de los márgenes de beneficio de las empresas; por diagnósticos ambientales y de Derechos Humanos exhaustivos y responsables para asegurar la mitigación total del daño en la implementación de proyectos económicos. Las consideraciones de que un Tratado Vinculante tiene la posibilidad de contribuir a una mayor responsabilidad de las empresas en relación a los abusos de Derechos Humanos es alta y podría potencialmente ampliar la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos que vienen trabajando en casos de empresas y derechos humanos alrededor del mundo.