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“Pasta de Conchos es muy importante porque sentará un precedente de cómo debe ser la minería, cómo deben ser tratados los trabajadores y que el que quiera abrir una mina se la piense dos veces”, Cristina Auerbach.

Desde hace 14 años, cada 19 de febrero la organización Familia Pasta de Conchos recuerda la tragedia de la explosión de la mina Pasta de Conchos que costó la vida a 65 mineros en el estado de Coahuila. Después de años de lucha, esperanza y el esfuerzo de personas defensoras de derechos humanos, las autoridades mexicanas están finalmente planeando el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que quedaron atrapados.

Para las familias, este episodio supuso una ruptura en sus dinámicas familiares y comunitarias, así como un vacío irremplazable al día de hoy. A esta ausencia de sus seres queridos se agrega el dolor de no haber podido ofrecer una sepultura digna a padres, hermanos, amigos o esposos, que siguen debajo de la tierra. No obstante, por primera vez en años, las familias tienen la esperanza de poder finalmente hacerlo.

En búsqueda de justicia, y después de agotar todas las instancias a nivel nacional, en 2010 el caso se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En marzo del 2018, fue finalmente admitido, siendo uno de los primeros en implicar a una compañía minera. Mediante este informe de admisión, se podría reconocer la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano en el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de estos mineros, como el derecho a la vida, dado que no obligó a la empresa extractiva Grupo México a respetar las normas de seguridad, lo que resultó en un evento mortal para estos trabajadores y en un punto de no retorno para sus familias.

A inicios de 2019, se abrió una etapa decisiva en este caso: después de varias mesas de diálogo con familiares, el gobierno federal se comprometió a trazar una ruta de trabajo con el objetivo de garantizar el rescate de los cuerpos atrapados y su posterior entrega, lo que permitiría iniciar un proceso de solución integral “atendiendo aspectos como la justicia y la reparación integral, consideraron las familias”.

Los primeros pasos para el rescate ya han sido realizados: se conformó un comité de personas expertas internacionales con experiencia, entre otras cosas, en minería del carbón y accidentes relacionados con esta actividad. Dicho Comité aprobó la posibilidad de realizar el rescate, por lo que el Servicio Geológico Mexicano inició los estudios técnicos, aún en curso, para definir el método más pertinente y posteriormente seleccionar a una compañía minera para ejecutar el rescate.

Este caso, considerado como emblemático en la historia de la lucha por los derechos humanos, muestra el camino para futuros casos relacionados con la temática de las condiciones de trabajo, señalando cómo los derechos laborales forman parte indisociable de los derechos humanos, asunto que apenas es denunciado ante la CIDH.

Paradójicamente, el caso Pasta de Conchos no ha sido liderado por ningún sindicato sino que ha llegado ante la CIDH únicamente por la persistencia de las personas defensoras y las familias, tocando intereses estratégicos de grandes actores económicos y políticos. Como consecuencia de ello, Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, ha sido y sigue siendo víctima de múltiples amenazas y constantes difamaciones en la prensa por su trabajo de defensa de los derechos de las familias y de los mineros.

A raíz de su situación de riesgo, PBI México acompaña a Cristina Auerbach y a la organización Familia Pasta de Conchos desde el 2014. Como parte de este acompañamiento, Auerbach y miembros de la organización han participado de giras de incidencia en Europa, visibilizando las problemáticas de la zona carbonífera y de los derechos de los trabajadores mineros a nivel internacional.

Si bien celebramos el éxito de esta lucha de largo aliento, insistimos e instamos a las autoridades federales y locales a cumplir con su obligación de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos involucradas en este caso puedan continuar realizando su legítima labor de defensa, preservando su integridad física y psicológica.