El 9 de agosto pasado se celebró el día internacional de los pueblos indígenas bajo el tema “COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas”, reconociendo el esfuerzo de las comunidades indígenas de buscar sus propias soluciones a la pandemia a través de conocimientos y prácticas tradicionales.1 Según la ONU, los pueblos indígenas pueden enseñarnos cómo reducir el riesgo de futuras pandemias y reequilibrar nuestra relación con la naturaleza ya que sus territorios albergan el 80% de la biodiversidad del mundo. 2

A pesar de ser fuente fundamental de conocimientos, los pueblos indígenas son una de las poblaciones más vulnerables frente a la pandemia actual. En México, lo siguen siendo debido al alto nivel de marginalización y pobreza que enfrentan3, a pesar de que se estima que en territorio mexicano habitan 25 millones de personas (dos de cada diez) que se reconocen como indígenas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Las personas indígenas también están dentro de los grupos de personas defensoras de la tierra y el territorio que enfrentan situaciones de riesgo muy graves. De acuerdo con el último informe de Global Witness4, la pandemia del COVID-19 ha agudizado a nivel mundial los problemas que enfrentan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. El informe resalta que en varios países los gobiernos han utilizado la crisis para tomar medidas drásticas con el objetivo de controlar a sus ciudadanos y hacer retroceder las regulaciones medioambientales vigentes. Por ejemplo, concesiones han sido otorgadas sin la consulta previa de las comunidades. El informe reporta que de las 212 personas defensoras de tierra y medio ambiente asesinadas en 2019 a nivel mundial, el 40% pertenecía a comunidades indígenas cuando esas comunidades representan solo el 5% de la población mundial. Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, la cual en los últimos años se posicionó siempre como la región más afectada. México ocupa el cuarto lugar con 18 asesinatos.

Entre estas 18 personas defensoras asesinadas durante el último año, se encuentran Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, acompañada por la organización Alianza Sierra Madre (ASMAC).5 Otilia y Gregorio eran familiares de Julián Carrillo y de otras 5 personas defensoras que han sido asesinadas desde 20136. Otilia y Gregorio fueron supuestamente ejecutados por orden de madereros locales como represalia por su lucha para detener la deforestación ilegal en sus tierras ancestrales en la Sierra Tarahumara.

La Sierra chihuahuense es una de las zonas más riesgosas para defensoras y defensores indígenas. En su último informe, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)7 registró 39 ataques contra personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente en 2019, con Chihuahua en el quinto lugar entre los estados mexicanos8. Los asesinatos representan solo la punta del iceberg de muchas otras formas de violencia a las cuales se enfrentan, como el hostigamiento, las amenazas, las lesiones, los daños a la propiedad y el desplazamiento forzado de enteras familias.

Recientemente, ASMAC, organización acompañada por PBI desde 2018, junto a otras organizaciones que trabajan en la sierra tarahumara, alertaron a través de un comunicado, que un grupo armado amenazó a integrantes de la comunidad indígena Ódami y a los mismos integrantes de ASMAC en nombre de las personas conocidas de la comunidad y de las autoridades. Asímismo, la Red TdT emitió una Alerta Urgente en la que hace un llamado al Gobierno para que se garantice la seguridad de las comunidades de Guadalupe y Calvo y de las y los integrantes de ASMAC9. Como PBI expresamos preocupación10 por la gravedad de estos hechos, que tuvieron lugar a pesar de que existan varias carpetas de investigación ante la fiscalía del estado sobre los autores intelectuales11. Hacemos un llamado a las autoridades responsables a realizar lo necesario para garantizar la seguridad tanto de la comunidad como de las y los integrantes de ASMAC, para que se castiguen a los responsables de esta agresión y se garantice la continuidad de su importante trabajo en la región.

En este clima de impunidad y lentitud por parte de las instituciones, agudizado por la situación de emergencia sanitaria global, se destaca como muy valioso el trabajo de ASMAC y de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, por la dedicación de sus luchas que nos inspiran cada día, y sus contribuciones fundamentales al trabajo de promoción y protección de los derechos humanos, y a la preservación de nuestros recursos naturales.