El día 8 de marzo 2021, durante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Yesica Sánchez, abogada feminista y directora adjunta de Consorcio Oaxaca, dio a conocer la preocupación por el incremento de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, en particular mujeres, en México, Colombia, Hondura, Guatemala, Indonesia y Kenia, a través de este pronunciamiento:

Señora Presidente, PBI y el Consorcio Oaxaca saludan la presentación del informe de la Relatora.

En el contexto de la pandemia, los asesinatos y otros ataques a personas defensoras han aumentado de manera preocupante en todos los países donde trabajamos: Indonesia, Kenia, Colombia, México, Honduras y Guatemala.

Los 310 asesinatos documentados en 2020 en Colombia, así como las acciones de inteligencia ilegal llevadas a cabo por el Ejército y otras entidades son motivo de especial preocupación.

Entre las personas más vulnerables se encuentran las que defienden los derechos a la tierra y al medioambiente en el contexto de implementación de megaproyectos, como el abogado indonesio Golfrid Siregar que fue encontrado muerto en 2019 tras su lucha contra un proyecto hidroeléctrico.

Lamentamos la impunidad casi total de los asesinatos a personas defensoras, que ampara en particular a los autores intelectuales, como demuestra a 5 años de su asesinato, la todavía pendiente causa Berta Cáceres. En lugar de buscar soluciones, la respuesta común de estos estados ante esta situación de violencia es la militarización de los territorios, que se traduce en un aumento de conflictividad socioambiental.

Los asesinatos se producen a menudo tras campañas de difamaciones y criminalización que vulneran las personas defensoras, como en el caso de Arnold Morazán que había sido criminalizado por su resistencia en Guapinol, Honduras. Preocupan la particular vulnerabilidad e impactos diferenciados de estos ataques en las mujeres defensoras.

Lamentamos la eliminación del fideicomiso para el Mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas en México, así como la falta de avances en la implementación de una política pública efectiva de garantías y protección de las personas defensoras concertada con la sociedad civil en Colombia y Guatemala.

Urge que los estados de estos países implementen medidas de prevención y protección integral, con un enfoque diferencial y colectivo y lleven a juicio a los autores materiales e intelectuales de las agresiones y aborden las causas estructurales de estas violencias.