Foto: PBI México
Las personas defensoras son extraordinarias, se comprometen con la promoción y protección de los derechos humanos de una manera profunda y genuina, los retos que enfrentan son tan amplios que transcienden incluso los límites de su propia vida pues la naturaleza de la legítima labor de defensa de derechos humanos los posiciona frente a intereses contrarios.
Quienes luchan por la defensa del territorio comprenden que la tierra es el sustento de la vida; esto atañe especialmente a quienes ocupan o utilizan de alguna manera la tierra de forma ancestral, los Pueblos Originarios, sus luchas abordan cualquier forma de vulneración o violación a derechos humanos... No en vano el convenio 169 de la OIT tiene como postulados el derecho que tienen los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su cultura, forma de vida e instituciones propias, así como participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Las personas defensoras pertenecientes a pueblos originarios han acuerpado su territorio y caminan con esperanza y sueños de utopía hacia la dignidad y la justicia.
Los territorios en los que nacieron y los que habitaron sus ancestros, hoy son territorios de lucha física y disputa de sentidos, sentires y significados. El Proyecto Integral Morelos (PIM) fue implementado pese a la negativa de los pueblos que habitan los territorios por los que cruza dicho proyecto, más bien el PIM se ha ejecuto a partir del uso de la fuerza. De forma colateral, se han desarrollado hechos y acciones de hostigamiento, criminalización, detenciones ilegales, desapariciones temporales, tortura y otras violaciones a derechos humanos en 29 municipios del sur de México.
Samir Flores Soberanes defensor de la tierra, de la vida, los derechos de los pueblos originarios y la dignidad fue el primer defensor ambiental y comunicador comunitario asesinado en el sexenio de AMLO y el tercer comunicador víctima de violencia letal durante esta administración. Samir denunció legitima y fervientemente la falta de reconocimiento de los pueblos originarios y la vulneración de los derechos de los mismos, su muerte fue el hecho más grave y lamentable que ha dejado la imposición del PIM.
El pasado 20 de febrero de 2024 se cumplieron cinco años de su asesinato, la Fiscalía General de la República atrajo el caso en agosto del 2023, sin embargo hoy las respuestas hacia sus familiares, compañeros y comunidad siguen siendo esquivas y la falta de información y claridad sobre el estado del PIM en el territorio genera la sospecha de que la impunidad persiste. Este caso experimenta un estancamiento frustrante, hasta la fecha no se conoce la verdad sobre el caso de Samir y los responsables intelectuales no han sido obligados a procurar la justicia. Amilcingo, su territorio, hoy vive una época de zozobra y violencia generalizada pues la situación de seguridad de las personas defensoras del territorio y territorios aledaños está directamente relacionada con esta situación de impunidad prolongada.
Como lo define el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, a cinco años del asesinato de Samir, las piezas se miran, pero no se tocan. Entre ellos y ellas, las víctimas y sobrevivientes, continúan con la esperanza que se conozca la verdad y se haga justicia, se mantienen en pie de lucha y resistencia por la construcción y reconstrucción de la autonomía de los pueblos originarios ante innumerables problemáticas del espacio que habitan.
La legitima labor de defensa del FPDTA-MPT hoy se sostiene de la misma forma en que sostenía a Samir: a partir del amor natural que brota solo del vínculo inherente entre los pueblos originarios, la tierra y el territorio. Reconocemos, agradecemos y nos solidarizamos con el FPDTA por las distintas formas que han construido para resistir ante la barbarie, la violencia y el olvido y por compartir lo más importante de ustedes mismos: su esperanza, firmeza y valentía.
La victoria aun no llega, pero la búsqueda de justicia tampoco se termina.