Chihuahua es una de las entidades de México más peligrosas para ejercer la defensa de derechos humanos y el periodismo. Según datos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), Chihuahua es la entidad con mayor número de personas defensoras asesinadas y la segunda en el país con mayor número de periodistas asesinados.
En el marco de los 12 años desde la tragedia de la mina Pasta de Conchos en la región carbonífera de Coahuila en México, representantes de la Organización Familia Pasta de Conchos presentaron el 18 de febrero de 2018 el informe “El carbón rojo de Coahuila: aquí se acaba el silencio”, en la Ciudad de México. Esta publicación, realizada con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, cuenta “la historia del costo humano y ambiental que ha traído y dejado la extracción de carbón” en la región norte del país; además, de documentar la lucha que a lo largo de estos doce años han adelantado las familias de los 65 mineros que perdieron la vida en esta mina.
Han pasado 12 años desde la última revisión del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en México, por lo que la última revisión que el Comité se llevó a cabo en marzo de este año, fue muy bienvenida.
En el marco de la defensa de los derechos humanos, diversos organismos y organizaciones a nivel nacional e internacional han identificado a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente como un grupo especialmente vulnerable tanto en México como a nivel global. El territorio, la tierra y los bienes naturales, han sido históricamente puestos como centro de conflictos sociales y conflictos armados. La nueva publicación de PBI contó con la participación de personas defensoras de los estados de Coahuila, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México; así como de organizaciones que trabajan a nivel federal.
En el marco del examen al Estado mexicano por parte del Comité ONU de derechos económicos, sociales y culturales, PBI y otras organizaciones internacionales enviaron un informe sombra sobre la situación de personas defensoras DESC. Este, resalta la alta vulnerabilidad de las personas que defienden la tierra y el territorio, así como los tipos de agresiones que enfrentan, siendo las más comunes las amenazas, la intimidación y la criminalización.
El pasado 11 de agosto en la ciudad de Chihuahua, se llevó a cabo el conversatorio “el ejercicio al derecho a la Consulta ante los tribunales”. El evento fue convocado por la organización Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) y contó con la participación de Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
El 27 de julio el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos, a través de un comunicado anunció que se deslinda del proceso para crear el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH), debido a que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubriría los estándares internacionales que las Naciones Unidas han establecido en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.
En el marco del Día Mundial contra la Minería de Tajo a Cielo Abierto y del Día Estatal de Rebelión Contra la Minería, organizaciones de la sociedad civil recuerdan su lucha por sus tierras y territorios. Habitantes de las comunidades del Valle Ejutla y Ocotlán exigieron a los gobiernos estatal y federal, que frenen la exploración y expansión de la empresa canadiense minera Fortuna Silver Mines en sus territorios, debido a la falta de una consulta y el riesgo que las comunidades afectadas ven sobre la tierra y territorio de sus comunidades, en el estado de Oaxaca.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, presentó su informe acerca de la misión a México realizada en 2016.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, presentó su informe acerca de la misión a México realizada en 2016. En este, el Grupo de Trabajo concluye que las personas defensoras deben estar mejor protegidas para que puedan desempeñar su función, y advirte de un contexto caracterizado por casos generalizados de intimidación y acoso contra dirigentes comunitarios que protestan contra proyectos y operaciones empresariales.
