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Entre el 29 de noviembre y el 1ero de diciembre de 2017, PBI acompañó a Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) en nuevas diligencias en Atoyac.

En esta ciudad de Guerrero fueron detenidas desaparecidas 470 personas en los años 70, entre ellas Rosendo Radilla Pacheco, luchador social y padre de Tita Radilla. En 2009, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictó una sentencia en contra del Estado de México en el caso Radilla. Ocho años después, continua la implementación de las reparaciones dictaminadas por la CoIDH, como “la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales.” En el marco de la implementación de esta sentencia, los peritos de antropología forense de la Procuraduría General de la República (PGR) realizaron nuevas diligencias en la ciudad de los servicios, dónde se encontraba el 27º Batallón de Infantería. A petición de Tita Radilla, PBI acompañó a AFADEM en el desarrollo de dichas diligencias. Por séptima vez, los agentes del ministerio público hicieron un trabajo de delimitación del terreno, con la intención de realizar nuevas excavaciones en el 2018. El ex-cuártel militar fue el último lugar dónde fue visto Rosendo Radilla con vida, en agosto de 1974.

Estas diligencias representan un avance relevante en la búsqueda de verdad y justicia de las víctimas y familiares de desaparecidos, sin embargo, cabe resaltar la lentitud en este tipo de procesos que a menudo afecta a la integridad psicológica de las familias y víctimas. Según hemos podido constatar durante estos años de acompañamiento a AFADEM, la realización de mesas de revisión para evaluar el grado de cumplimiento de la sentencia no ha sido de forma continuada y el tiempo que transcurre entre los acuerdos alcanzados en estas mesas y su ejecución es con frecuencia largo. En la sentencia, entre otras peticiones, la CoIDH exige al Estado mexicano la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación a los hechos y brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita e inmediata a las víctimas. Para Tita Radilla y AFADEM, la reparación integral de los daños debería incluir igualmente a toda la comunidad, ya que, en Atoyac, por el alto número de desapariciones forzadas que se cometieron, toda la población en general fue víctima directa o indirectamente de violaciones a sus derechos humanos.

A día de hoy, la desaparición forzada sigue siendo un fenómeno extendido en México. Como lo destacó el Relator Especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, en su informe de seguimiento a México, “la falta de investigaciones diligentes y efectivas es asombrosa y la impunidad en esta materia alarmante. Llama la atención, especialmente que ningún soldado haya sido condenado por desaparición forzada hasta agosto de 2015 a pesar del alto número de casos de desapariciones presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas armadas”. Los casos de desaparición se siguen reportando en el país mientras no se aprecian avances significativos en las investigaciones y sanción a los responsables materiales e intelectuales en los casos abiertos. La recién aprobada ley general de desaparición contempla la creación de diversas entidades y el involucramiento de familiares, víctimas y organizaciones de derechos humanos en este proceso, participación que desde PBI consideramos fundamental para el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la impunidad.